La ley sigue sin reglamentarse

Los reclamos del campo en el Congreso y la crisis del sector reavivaron en Entre Ríos la demanda de la ley que grava la actividad de los pooles de siembra y que, promulgada en el 2007, aún no ha sido reglamentada. Mientras esa norma no resulta operativa; la cuestión podría imponerse de todos modos, si avanza la propuesta del gobierno nacional que modifica la vieja ley de arrendamientos y que también frena el uso de la tierra en manos de los grandes inversores, aunque esa disposición no beneficiaría a la provincia por cuanto no ingresarían dineros a sus arcas por el uso de la tierra.El 28 de diciembre del 2007, fue promulgada en el Boletín Oficial la reforma a la Ley N° 8.318 de uso y manejo conservacionista de los suelos. Los cambios, inspirados y destinados a la defensa del pequeño y mediano productor local frente al avance de la sojización, permitían al Poder Ejecutivo gravar a las actividades de los pooles de siembra en Entre Ríos. Sin embargo, hasta hoy, las grandes corporaciones siguen sin tributar en la provincia.Según datos de la época, en la provincia existían 68 grupos de siembra quienes, operando en Entre Ríos, tenían domicilio legal fuera de ella. De acuerdo a la modificación a la ley 8318 deberían tributar un monto equivalente al tres por ciento del impuesto inmobiliario rural, que se utilizaría para la conservación del suelo.Ahora, la medida vuelve a ser reclamada por diferentes sectores. Incluso el presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Oscar Montero, dijo que la ley es "necesaria" para que los productores entrerrianos "tengan herramientas y puedan competir". Sostuvo que con la modificación a la ley de suelos, "la idea es que el productor entrerriano esté preparado para enfrentar a los pooles de siembra y siga "generando riqueza dentro de la provincia". Arrendamiento de tierrasEl Gobierno nacional enviaría al Congreso su propio proyecto de ley de arrendamientos. La propuesta busca establecer una cantidad de hectáreas destinadas a la producción agrícola ganadera en cada provincia, frenando así el ingreso de los pools de siembra, y remarcará el cuidado de suelos a través de una mayor fertilización.El objetivo es renovar y actualizar totalmente la legislación actual de contratos agrarios contenida en la ley 13.246, vigente desde 1948.Para debatir el proyecto, que tiene 50 artículos, la Secretaría de Agricultura de la Nación conformó una comisión interdisciplinaria e interinstitucional, integrada por técnicos propios, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y consultores externos.Uno de los temas a debatir es el de las unidades económicas, es decir las hectáreas destinadas a la actividad agropecuaria que se destinan en cada provincia.En la actualidad, las provincias no tienen definida una unidad económica vinculada con el sistema de producción que desarrolla en sus campos. La unidad económica busca diferenciar a aquel agricultor que depende de su tierra para subsistir de aquel que lo alquila a algún pool de siembra. Lo que se busca, de esta manera, es diferenciar a los pools formados por los mismos chacareros de aquellos en los cuales participan los fideicomisos. La ley establece en el equivalente a "cien unidades la superficie máxima" para los contratos realizados.Respecto del plazo de los contratos, la nueva reglamentación plantea "el mínimo de tres años y un máximo de diez, con opción de las partes a renovarlos".Hoy la mayoría de las empresas de mayor escala que arriendan están a favor de plazos más largos en los alquileres debido a que esto les permite una planificación de los gastos en arrendamientos y rotaciones prolongadas, y se aseguran la permanencia en las zonas con climas muchos más aptos que en otras que sufren las inclemencias del tiempo.También la ley incluye a los "contratos accidentales". Estos son muy utilizados por las ventajas que otorga al propietario de la tierra para ajustar el valor en cada campaña y a los arrendatarios de asignar recursos a la producción respecto del contexto económico. El uso de este tipo de contratos ha permitido ser una alternativa para pequeños y medianos productores, que dados sus esquemas de presupuestos limitados no pueden acceder a cumplir un contrato mínimo de tres años. Recinto Net