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Política |

La "Operación Pichetto" en la causa de los contratos truchos de la Legislatura entrerriana

La causa por el millonario desfalco a la Legislatura podría pasar a la justicia federal si se admite un planteo de defensores de los acusados que aducen que el dinero se utilizó para financiar campañas políticas. Las operaciones del ex senador rionegrino para apartar a Leandro Ríos y dejar la resolución en manos de Daniel Alonso. El optimismo de los defensores. Contradicciones e intereses de las partes.

La causa de corrupción más escandalosa de la historia entrerriana, donde se investigan contrataciones irregulares en la Legislatura, transita horas decisivas. No solo por la reciente remisión a juicio que solicitaron los fiscales, sino porque está pendiente un planteo de abogados defensores que podría llevar la causa a la justicia federal.

La investigación de los contratos truchos, donde se presume que se sustrajeron, según una pericia oficial, 1.111.871.715 (¡mil cien millones de pesos!) entre 2008 y 2018 a través de una asociación ilícita, está en un momento crucial.

Un grupo de abogados defensores pretende que la causa pase al ámbito federal. La maniobra se podría presentar como una suerte de fórum shopping, un intento por elegir al juez y la jurisdicción donde resolver el conflicto. En 2018 se adujo que el millonario desfalco tenía como objetivo el financiamiento ilícito de campañas políticas y se buscó apartar al juez natural, Leandro Ríos, bajo el argumento de que tenía una relación de parentesco en segundo grado de afinidad con el abogado Julio Federik, que representaba a algunos imputados en la causa que tramitaba en la justicia provincial. Eso fue rechazado por el propio magistrado y también por la Cámara Nacional Electoral en un fallo de los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. Luego el propio Ríos rechazó la competencia federal y los defensores no apelaron esa decisión. Pero dos años después reiteraron el planteo en base a aparentes nuevas pruebas que habrían surgido en el expediente que tramita en los tribunales provinciales.

El hecho nuevo que presentaron los defensores fue la aparición misteriosa y anónima de una caja que un desconocido dejó en la puerta del estudio del abogado Milton Urrutia en la que había, entre otros elementos, “anotaciones manuales, donde se habría llevado una especie de rendición de aportes y destino de los mismos” con diferentes nombres de personas que retirarían el dinero a los fines de hacer frente a gastos de campañas políticas.

Sorprendentemente, la Cámara Nacional Electoral esta vez sí decidió apartar al juez Ríos. Pero el verdadero hecho nuevo es que ahora el tribunal demoró cinco meses la decisión hasta completar su integración con Daniel Bejas, un juez tucumano que había saltado desde su rol de apoderado del PJ a la magistratura. Y Corcuera sumó su voluntad a la de Bejas para separar a Ríos y dejar la decisión en manos de Daniel Edgardo Alonso.

Hubo en esa decisión un operador clave: Miguel Ángel Pichetto.

Todo terreno

¿Quién es Pichetto en Entre Ríos? Esa respuesta es la menos interesante. Lo que hay que mirar es qué representa el ex senador peronista y ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio en el rompecabezas que se arma en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para un panza verde, en todo caso, lo importante es saber cuáles son sus relaciones con la entrerrianía.

Pichetto tejió una muy buena relación con Guillermo Guastavino cuando ambos se desempeñaban en el Congreso. Luego, cuando se convirtió en el candidato de Mauricio Macri, hubo un distanciamiento, lo que no significa lo haya borrado de la lista de contactos.

El rionegrino presidía en ese momento el bloque de senadores de la oposición. En su reciente libro El peronismo de Cristina, que es mucho más amplio que lo que propone el título, el periodista Diego Genoud traza un perfil interesante sobre Pichetto en el capítulo “el peronismo judicial”, donde caracteriza la figura del ex senador como un “especialista de protección mutua entre el peronismo y la justicia”. En 2005 había salvado a Claudio Bonadío en el Consejo de la Magistratura ante casi un centenar de denuncias. Luego haría lo propio en el Senado cuando se intentó quitarle los fueros a Cristina Fernández. Su biografía lo muestra como un defensor acérrimo de “la política” ante la judicialización. El rionegrino, que en realidad nació en Banfield, provincia de Buenos Aires, tiene llegada a todos los fueros. También al electoral. Cuando Carlos Soria fue asesinado a los pocos días de asumir la Gobernación, Pichetto se tiró un lance en el ámbito de la justicia electoral para que, en una lectura forzada de la Constitución de su provincia, se convocara a elecciones nuevamente. Unos meses antes había sido derrotado en las urnas. La entonces Presidenta se lo impidió.

Según narra el periodista Mario Wainfeld en su libro Estallidos argentinos, Pichetto también participó de una cena reservada con los cortesanos Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda en la que se empezó a tejer una salida jurídico-legislativa para saldar el fallo del dos por uno que beneficiaba a condenados por delitos de lesa humanidad.

Pichetto ha estado en Entre Ríos. Es uno de los constructores del peronismo dentro de Juntos por el Cambio. En 2019 lo hizo bajo las órdenes de Macri. Brindó una conferencia de prensa con Luis Leissa y Emilio Martínez Garbino. Ahora cumple el mismo rol pero para Rogelio Frigerio.

Guastavino, en su tramo final en el Senado, presidió la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y el rionegrino, el bloque justicialista. El 24 de septiembre de 2019, un año después del primer allanamiento en la causa de los contratos, el Congreso iba a ser una tribuna ideal para el procurador Jorge García, invitado por el senador entrerriano para disertar sobre la reforma en ciernes al Código Penal.

Días después, en Gualeguaychú, el proyecto de reforma fue presentado por Mariano Borinsky, presidente de la comisión redactora del texto que ingresó al Senado y hoy denunciado en el Consejo de la Magistratura por las visitas a Macri en la Quinta de Olivos “para delinear la política criminal”.

El verdadero Frente de Todos es mucho más de lo que parece.

Sospechas en banda ancha

El pedido de elevación a juicio de la causa de los contratos truchos en la Legislatura encuentra intereses que se tocan y cuyos actores parecen encontrarse aún en la diferencia.

No todos los defensores tienen la misma estrategia ante el supuesto juicio que se llevará adelante y en donde “la política” (legisladores) solo aparece como testigo. En este desfalco que se dio en la Legislatura, donde habitan las representaciones políticas, los dirigentes solo tienen para aportar su testimonio. Como si hubiesen sido observadores. Una maravilla.

Rubén Pagliotto fue quien gatilló primero cuando la crónica de la noticia anunciada recorría los teléfonos de quienes frecuentan los alrededores de la Plaza Mansilla. El abogado apuntó directamente contra el Ministerio Público Fiscal, pero no a quienes firmaron el pedido de elevación a juicio, Patricia Yedro e Ignacio L. M. Aramberry, sino a la cabeza del organismo: Jorge García y su adjunta Cecilia Goyeneche. El verticalismo por el que se rige el Ministerio Público Fiscal tiene también eso, que la factura terminan pagándola los de arriba.

El segundo en gatillar fue Raymundo Kisser, hombre del radicalismo y de estrecha relación con Pagliotto. El ex senador reveló que se reunió con los fiscales apenas iniciada la investigación y haber escuchado de sus bocas que la plata se la habían fumado, lo que le hace presumir que puede haber allí un delito electoral, cuya penas son siempre menores que las estipuladas para el peculado y la asociación ilícita.

Un dirigente del PRO le dijo a Página Judicial que no cree que Kisser y Pagliotto formen parte de una estrategia para “salvar” a alguien, como intuyen algunos actores con acceso al legajo. La teoría es la siguiente: quieren hacer una megacausa para que sea interminable y, en definitiva, no termine en nada. Entonces hagamos el juicio con los que tenemos.

Ir un poco más atrás ayuda a inocularse de necedad. Kisser fue quien denunció un saqueo de Sidecreer y en 2018 denunció “negociados” entre la Mutual Modelo, el IAPV y empresas constructoras. En esa ocasión, además, apuntó a la inacción judicial. Pagliotto es el denunciante número uno de Sergio Urribarri en causas de corrupción que avanzaron e incluso una de ellas ya tiene de fecha de juicio. ¿Estarían ahora en una sociedad con el urribarrismo y compañía para voltear la causa? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?

El radicalismo, por su parte, sacó un duro comunicado en nombre del partido. Un boina blanca le hizo saber a Página Judicial que el texto había sido discutido y que incluso hasta estuvo la posibilidad de no hacer nada. En nombre del Comité Provincial se evitaron los nombres propios.

Un último escrito de Pagliotto, que circuló en algunos ámbitos y medios, advierte sobre la presentación de una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra García y Goyeneche. Esa petición, si se concreta, caería en manos de quienes son investigados por la fiscalía. Los legisladores también tienen cosas para mostrar de los conductores del Ministerio Público Fiscal. Por eso lo más a mano es pensar que no pasará nada.

¿Y si todo termina en la Corte Suprema?

Como si no faltaran escollos, en estos días el juez Daniel Edgardo Alonso debe resolver sobre un nuevo pedido que hicieron abogados defensores para que la causa por el desfalco millonario a la Legislatura pase a la órbita de la justicia federal.

Los abogados Emilio Fouces, Miguel Ángel Cullen, Guillermo Vartorelli, José Velázquez, Iván Vernengo y Damián Petenatti insistieron en que la sustracción de dinero público a través de contrataciones irregulares tenía como objetivo el financiamiento de campañas políticas de elecciones de las agrupaciones políticas que participaron en procesos eleccionarios de la provincia de Entre Ríos entre 2008 y 2018.

Hace unos días, el fiscal federal Carlos García Escalada les dio un cachetazo a las intenciones de los defensores en un dictamen en el que asegura no haber encontrado ninguna relación con el financiamiento de los partidos políticos. “Se advierte de las constancias de la causa que consiste en la investigación de conductas presuntamente configurativas de delitos contra la administración pública provincial, no hallándose involucradas cuestiones relativas al financiamiento de los partidos políticos ni de campañas electorales”, dijo el fiscal para rechazar la competencia federal.

Pero la última palabra la tendrá el juez y los defensores no pierden el optimismo.

Alonso recibió el expediente en un momento crucial de su carrera judicial. El magistrado es oriundo de Victoria aunque desarrolló casi toda su carrera en Formosa. Allí fue funcionario judicial (conjuez a cargo del Juzgado Federal entre 1995 y 2002 y juez del Tribunal Oral Federal durante catorce meses entre 2004 y 2005), convencional constituyente y como abogado representó a Carlos Nair Menem en el juicio por filiación para que se lo reconozca como hijo del ex Presidente. Llegó a Paraná como juez federal en 2008.

En su brevísimo camino como juez de primera instancia habilitó una fenomenal industria del juicio utilizando un insólito criterio de prórroga de competencia, es decir, que se permita litigar en Paraná a personas que no tienen domicilio en la provincia. En su mayoría eran gendarmes provenientes de Formosa, donde Alonso cumplió funciones durante catorce años, entre 1985 y 1999. Cuando el magistrado asumió como subrogante en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná –cargo que mantuvo en ese cargo hasta fines de 2017– impuso ese criterio también en el tribunal de alzada y así se mantuvo por años.

En el medio tuvo algunos sinsabores. Concursó tres veces el cargo vacante en la Cámara Federal de Apelaciones e integró la terna, pero no logró la designación. En 2009, incluso, la presidenta Cristina Fernández envió su pliego al Senado, pero extrañamente lo retiró cinco meses después y en su lugar designó a otro magistrado.

Ahora debe resolver una causa sensible para el poder político entrerriano, y de dimensiones incalculables, en momentos en que el Senado debate si le da acuerdo ocupar un cargo en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. El pliego ingresó en septiembre del año pasado y se trabó cuando estallaron los incendios en islas del delta, en medio de críticas de funcionarios del gobierno nacional por su actuación en ese expediente.

Alonso podría seguir el criterio adoptado por el fiscal García Escalada y rechazar la inhibitoria de la justicia provincial. En cambio, si admitiera que el millonario desfalco a la Legislatura tenía como objetivo el financiamiento de campañas políticas, como esperan los defensores, debería declarar la incompetencia de los fiscales provinciales y solicitar la remisión completa del expediente a la justicia federal. Esta opción abriría un interminable conflicto de competencia que tendría que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y eso sí heriría de muerte a la causa de los contratos truchos.

Fuente: Página Política

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