La pelota en otro lado

Las frecuentes demandas por un pedazo de tierra para trabajar y un techo donde refugiar la familia, reflejan uno de los costados lacerantes de la realidad argentina de nuestro tiempo.Mario Alarcón MuñizEspecial Detrás de cada uno de esos reclamos aparece una larga historia de marginalidades, postergaciones, injusticias y mentiras políticas. Quien más quien menos, poco o mucho, todos lo sabemos. Sin embargo, del tema casi ni se habla. Los medios nacionales de comunicación lo ignoran o en todo caso suelen presentarlo con perfiles de curiosidad. Sólo aparece con características destacadas cuando motiva hechos de violencia, como el ocurrido el último jueves en Jujuy con cuatro muertos y una treintena de heridos. La noticia es entonces el enfrentamiento, no el desamparo de muchísimos compatriotas. Vale decir el efecto, no la causa. Triste y doloroso Puede llamar la atención que hasta el momento no haya una definida posición oficial acerca de los hechos de Jujuy. Pero tampoco la hubo en similares casos registrados en los últimos meses, salvo el de Villa Soldati (parque Indoamericano) extendido a Villa Lugano (club Albariño). Ante la ocupación de tierras en esos barrios de Buenos Aires por parte de 1.500 familias sin techo, la actitud del gobierno nacional consistió en echarle las culpas a Macri y seguir como si nada hubiese ocurrido, a pesar de los tres muertos que produjo aquel episodio de diciembre pasado. Macri tampoco tuvo respuestas convincentes. Se intentaron ciertos arreglos y compensaciones, pero poco se sabe sobre la continuidad de los compromisos asumidos.Mientras tanto aún está pendiente el problema de Formosa y el reclamo de los aborígenes Qom del paraje La Primavera. La situación es distinta porque allí no se peticiona un pedazo de tierra, sino la devolución de la tierra que le fue usurpada a ese pueblo originario. La negativa, el desalojo, el enfrentamiento con la policía del eterno gobernador Infrán, dos muertos y el incendio de las modestas viviendas para que sus ocupantes se fueran a otra parte, fueron hechos acaecidos en noviembre del año pasado que todavía aguardan por lo menos una explicación.A fines de abril con la esperanza de ser recibidos por la Presidenta, los Qom acamparon en Buenos Aires sobre la avenida 9 de Julio. Apenas cinco días estuvieron allí. Nadie los recibió. Sólo el ministro Randazzo conversó con un dirigente del grupo y dispuso desalojar la zona el 1° de mayo, con promesas que hasta ahora siguen siendo promesas. Y la gente se muere. En Formosa veinte aborígenes del grupo Qom han muerto de hambre en los últimos meses. De esto tampoco se habla en ninguna parte.En Chubut la comunidad mapuche de Santa Rosa Leleque pasa por una situación parecida. Tiene que devolver 500 hectáreas a los hermanos Benetton, cuyas propiedades en la Patagonia suman casi un millón de hectáreas.Pocos recuerdan que la posesión de la tierra por parte de nuestros pueblos originarios está protegida por la ley 26.160, sancionada en 2006. Para su cumplimiento efectivo el gobierno nacional debe instrumentar un relevamiento técnico, jurídico y catastral aún pendiente. ¿Derechos humanos?Frente a estos cuadros se desinflan los enfáticos discursos sobre derechos humanos. No sirven, ni siquiera para la campaña proselitista. "Se violan los derechos humanos de estas personas y duele que el gobierno nacional no responda", se quejó Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, en oportunidad del piquete de los Qom en la Avenida 9 de Julio.Lo sucedido en Jujuy el último jueves no es muy distinto. Allí 500 familias se hartaron de esperar un techo digno, pero también de la complicidad de los gobiernos provincial y nacional con el capital concentrado, en este caso del ingenio Ledesma y la familia Blaquier. No andaba lejos la comprobación de que allí mismo, en Jujuy, la política de vivienda había sido privatizada a favor de un tal Schoklender y vaya a saber de cuántos socios actuantes sin medida ni control, según se ha visto. En Entre RíosLos entrerrianos no aparecemos muy distantes de ese panorama. Afortunadamente no hemos sufrido desenlaces trágicos, pero no podemos olvidar que el año 2010 terminó con un intento de desalojo por la fuerza de una treintena de familias radicadas en el campo El Quebracho, departamento La Paz, autorizadas a ocupar esos predios mediante un compromiso suscripto por el gobierno en oportunidad de privatizarse el frigorífico Santa Elena. Un piquete de medio centenar de policías, encabezado por el fiscal de Estado Rodríguez Signes, con la asistencia de representantes de la empresa Tres Arroyos, intentó durante varias horas la operación y fracasó.No fracasó, en cambio, el desalojo de una familia de Paso de la Arena, departamento Paraná, en junio pasado. Luego de cuarenta años de trabajar con un tambo el campo de 98 hectáreas y pese a un trámite de usucapión iniciado, la policía entró "como una patota y pateando puertas" para producir el desalojo, según lo denunció en su oportunidad el dirigente agrario José Echeverría.Si alguna explicación oficial de todos los casos mencionados se produjera el día menos pensado, con seguridad aludirá a cuestiones judiciales o de procedimientos. Nada se dirá sobre el problema de fondo que es sustancial: la tenencia de la tierra y la vivienda. La pelota seguirá picando en otro lado. Nadie quiere tocar el centro de la cuestión.