La Policía sigue siendo la deuda pendiente del nuevo sistema de justicia

Las voces a favor son prácticamente unánimes aunque hay algunas disidencias con la etapa investigativa que a partir del 5 de febrero ha quedado en manos del Ministerio Público Fiscal por la desaparición del juez de Instrucción. La falta de una policía que dependa netamente de los fiscales es lo que resta por instrumentar. Carlos Riera A casi ocho meses de la puesta en vigencia en la jurisdicción de Gualeguaychú del nuevo sistema, la mayoría de los actores asiente con que se ha dado un paso importante en la forma de impartir justicia, aunque son muchos los que concuerdan en que todavía restan muchos puntos por mejorar, como ser el traslado de la policía investigativa a la órbita del Ministerio Público Fiscal. Una deuda democráticaEl ex juez de Instrucción, Eduardo García Jurado opinó que lo que se ha realizado hasta el momento "es altamente positivo" y criticó al sistema anterior al decir que tenía "una postura arcaica, que la historia ha demostrado que es equivocada"."La celeridad de las causas es otro gran paso, la balanza es muy grande a favor de lo positivo. Lo negativo es lo que resta hacer y lo que resta hacer es perfeccionar el sistema de investigación penal. Es el Ministerio Público Fiscal el que debe perfeccionarse y eso es una cuestión de tiempo y a su vez debe estar apoyado por una policía judicial", señaló el magistrado.La instrumentación de la Policía judicial en Entre Ríos está legislada de hace muchos años. "El gobierno militar en el año 1970 lo legisló pero nunca se aplicó", relató García Jurado. Pero ¿qué es la Policía Judicial? "es una policía que dependa del Ministerio Público Fiscal para que investigue, y otra policía administrativa que es la policía de la prevención que depende del Poder Ejecutivo"."La gran deuda de la democracia argentina es la no reforma policial y la reforma policial implica, además de democratizar una nueva estructura de la policía que previene, significa quitarle a la policía un poder que es lo que no se quiere o se teme, quitarle el poder de investigación", señaló."El poder de investigación de los delitos tiene que estar en manos del Fiscal, porque en definitiva la policía también sufre de esquizofrenia, porque un policía depende del jefe de policía administrativamente pero a su vez cuando tiene que investigar un delito también depende del fiscal. Cuando hay conflictos, ese policía va a decidir a favor de quién le paga el salario y de quién le decide sus ascensos", agregó."Esa policía ya existe y es la policía científica, investigaciones, criminalística, los diferentes gabinetes científicos, accidentes viales, toxicología, ya existen simplemente hay que escindirlos del Poder Ejecutivo y del Jefe de Policía provincial para que pasen a depender de la órbita del el Ministerio Público Fiscal", explicó. Con Investigaciones alcanzaEl fiscal Coordinador, Mauricio Derudi, destacó el nuevo sistema en cuanto a las novedades que ha instrumentado. "Toda la controversia se define en un juicio oral, que las partes en un plano de igualdad discuten sobre la ocurrencia del hecho y sobre la autoría. Anteriormente, en la etapa instructoria, se definía prácticamente la suerte de todo el proceso. Hoy, la parte investigativa sirve para acopiar datos, evidencia y lo que realmente interesa es lo que ocurra en el debate", comentó.Una de las críticas que se le hace al nuevo sistema, por parte de algunos abogados, es que se le ha dado mayor poder al Ministerio Público Fiscal. "Eso no debe ser una crítica. Siempre tiene que haber una autoridad para que haga la investigación. Que lo tenga el Ministerio Público Fiscal o que lo tenga un juez es lo mismo a los fines de la investigación, por ahí el cuestionamiento debería ser debe haber mayor control de los Juzgados de Garantía respecto a la actuación fiscal", respondió.Coincidió en que existe un déficit investigativo, refiriéndose a la falta de una policía judicial, que se encargue exclusivamente de la investigación y que dependa directamente de los fiscales."Apunto mucho más a la parte investigativa que a la parte criminalística", comentó Derudi con respecto al accionar de la policía judicial, y argumentó: "la policía clásica, la tradicional, tiene funciones especiales de prevención y siempre se le cargó la parte investigativa porque el juez de instrucción no investigaba, sino que dirigía una investigación que se materializaba a través de las fuerzas policiales. Cuando uno tiene que localizar a una persona tiene que ir a la División Investigaciones para que haga una tarea investigativa". Llámese como se quieraEl juez de la Cámara Penal de Concepción del Uruguay y uno de los instrumentadotes en la provincia de este nuevo sistema, Rubén Chaia, dijo que "tanto en Concordia como en Uruguay se ha notado una reducción en los términos de una causa penal, se cumple con el mandato del plazo razonable y por otra parte, la sociedad ve como funciona el sistema de justicia penal, dado que todo se resuelve en audiencias orales, públicas, con libre acceso".Sobre el tema de fondo, Chaia no dudó en decir que "es necesario que los fiscales cuenten con investigadores bajo su órbita de trabajo, se llame policía fiscal, investigadores fiscales, auxiliares fiscales o el título que se le quiera dar". "Entiendo que este es un tema pendiente y que en el corto plazo debe ser abordado puesto que una investigación sin investigadores no es lo adecuado. El fiscal debe dirigir la investigación, pero la técnica, la práctica de campo y los conocimientos específicos los tiene el funcionario que esta en el tema", agregó el camarista.En lo que va del año, en Concepción del Uruguay se llevan concretados unos cien juicios y la semana pasada se conoció los agendados para octubre y son más de 15. "De los juicios que celebramos, el 47% de los casos tuvo un trámite entre el hecho y la sentencia de 1 y 4 meses, el 19 % menos de ocho meses y sólo en el 15% se tardo más de un año", contó Chaia. La realidad con un solo ojo"Por qué es necesario contar con una policía judicial?, por la misma razón que esta ciudad necesita un Juzgado Federal", respondió el abogado penalista José Morrison y agregó: "El problema que presenta la implementación de la policía judicial es político, es decir, su implementación involucra: reformar la ley que regula el funcionamiento de la policía, el presupuesto de la provincia (material de trabajo) y el Código Procesal Penal"."La primera tarea al poner funcionarios policiales a cumplir tareas judiciales es ordenar su preparación y establecer de quién dependen, es decir, cuál es su status, son en su origen policías y por ende removibles y trasladables o ingresados a la tarea son inamovilbles. Además, cual será su grado y jerarquía. Considero que, si no se encuentran independizados del poder político, esto es, del Poder Ejecutivo y Legislativo, seguiremos mirando la realidad con un solo ojo", opinó.