La Procuración respaldó la continuidad de la cautelar que frenó el nuevo sistema de comedores
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El procurador General Jorge Amilcar García se pronunció a favor de mantener la medida cautelar que suspendió la implementación del nuevo sistema de comedores escolares en la provincia. El dictamen fue emitido a raíz del recurso presentado por la Fiscalía de Estado para revertir la decisión judicial y ahora el planteo deberá ser resuelto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La Procuración General de Entre Ríos se pronunció a favor de mantener la medida cautelar que suspendió la implementación del nuevo sistema de comedores escolares. En su dictamen, García sostuvo que la resolución judicial que ordenó frenar la distribución de productos con sellos de advertencia está debidamente fundamentada y que su continuidad es necesaria para garantizar una protección urgente mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La medida había sido dictada el 5 de agosto por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones N° 9 de Paraná, Juan Francisco Malvasio, a raíz de una acción de amparo presentada por padres en representación de sus hijos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce.
La resolución ordenó al Gobierno provincial abstenerse de ofrecer, servir, entregar o distribuir en las escuelas públicas productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias establecidos por la Ley de Etiquetado Frontal. Al mismo tiempo, dispuso garantizar la provisión de productos que no estén alcanzados por esa prohibición, bajo la modalidad vigente antes de la implementación del sistema centralizado.
El Gobierno provincial apeló la medida. Sin embargo, al analizar el planteo, el procurador General consideró que el recurso fue concedido de manera incorrecta. García sostuvo que, según el artículo 15 de la Ley 8.369, modificado por la Ley 10.704, las medidas cautelares no se encuentran entre las resoluciones que pueden ser apeladas, salvo los supuestos expresamente previstos por la normativa.
Pero más allá de esa cuestión procesal, el punto central del dictamen está en la valoración que hace García sobre la necesidad de mantener la cautelar.
“Advertimos que la medida cautelar emitida está debidamente motivada y que la misma resulta necesaria en tanto lo que se encuentra en debate es la tutela de derechos colectivos vinculados a niños, niñas y adolescentes con concurrencia a Escuelas Públicas Provinciales”, sostuvo.
En esa línea, consideró que la decisión judicial se fundamenta en la necesidad de otorgar “urgente protección” a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, a quienes definió como un grupo de “preferente tutela constitucional y convencional”.
El procurador señaló además que en el caso están involucrados distintos derechos reconocidos por la Constitución provincial y por normas nacionales e internacionales, entre ellos “la vida, la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la salud, la alimentación, la defensa de los usuarios de bienes y servicios y a la educación”.
Fuente: APF