La Provincia apelará la cautelar por los desayunos y ratificó la continuidad del servicio en las escuelas

El Gobierno de Entre Ríos informó que apelará la medida cautelar dispuesta este miércoles por la Justicia y ratificó que continuará garantizando la alimentación de los alumnos en todas las escuelas de la provincia.

La apelación es contra la resolución judicial que dispuso una medida cautelar respecto de la implementación del nuevo sistema de provisión para desayunos y meriendas, en el marco de una acción de amparo.

Desde la Fiscalía de Estado se aclaró que la resolución no constituye una sentencia sobre el fondo de la cuestión, sino una medida provisoria adoptada mientras se sustancia el proceso judicial. La legalidad del sistema impulsado por la Provincia aún no ha sido resuelta y será objeto del correspondiente debate durante la tramitación de la causa.

Asimismo, se recordó que el plazo para contestar la demanda vence recién este viernes, por lo que el proceso judicial se encuentra todavía en una etapa inicial.

La Provincia apelará la medida cautelar y ejercerá los recursos previstos por la legislación vigente, presentando los argumentos técnicos y jurídicos que respaldan el nuevo sistema de provisión alimentaria.

“Cabe señalar que la implementación del nuevo sistema fue diseñada de manera gradual. En ese marco, desde el inicio del proceso el Gobierno provincial instruyó a los directores de todos los establecimientos educativos para que, hasta tanto la nueva modalidad estuviera plenamente operativa, continuaran garantizando la prestación alimentaria mediante el mecanismo que se encontraba vigente. Por esa razón, la medida cautelar no modifica la continuidad del servicio ni el normal funcionamiento de los establecimientos educativos”, señalaron desde los canales de prensa del Gobierno de Entre Ríos.

Y apuntaron: “El nuevo sistema de provisión alimentaria forma parte de una política pública impulsada por el Gobierno de Entre Ríos para fortalecer la transparencia en la administración de los recursos del Estado, mejorar los mecanismos de compra y distribución y dejar atrás prácticas que durante años fueron objeto de cuestionamientos y denuncias por irregularidades. La Provincia defenderá ese objetivo durante el proceso judicial, convencida de que el combate contra la corrupción y el uso eficiente de los recursos públicos constituyen una obligación irrenunciable del Estado”.