La provincia no accionará por el aumento del gas

Los exorbitantes aumentos que se han producido en las facturas de gas originaron distintas reacciones en el país, sobre todo en los usuarios. En Entre Ríos, en las oficinas de Defensa al Consumidor, se reciben cientos de reclamos.
Por Rubén Skubij

A partir de las acciones realizadas por organismos en otros puntos de Argentina, dos diputados entrerrianos, a través de un proyecto de resolución, solicitaron la intervención del Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.No obstante, ayer se conoció la decisión del gobierno provincial de no concurrir a la justicia, por el momento. Rodríguez Signes aclaró que su área -como órgano que tiene a su cargo el control de legalidad de la actividad administrativa de la provincia- carecía de legitimación para actuar en este caso."Tenemos la representación judicial del estado provincial, no somos representantes de los consumidores ni de lo usuarios de servicios públicos, ni siquiera del pueblo de la provincia", dijo a colegas de Radio de la Plaza de Paraná; y entendió que ese rol correspondía a la Defensoría del Pueblo, instituto introducido en la reforma constitucional de 2008 pero aún no reglamentado en la Legislatura."Esto quiere decir que tenemos un problema de legitimación importante como para promover una acción como la que ha hecho Tucumán o Chubut, donde lo hizo el Fiscal de Estado, pero en forma conjunta con el Defensor del pueblo", afirmó. "Podríamos hacer algo, pero en tanto la provincia consumidora (en escuelas, organismos etc.) Ante ello tendríamos que litigar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación" porque "sería la provincia de Entre Ríos contra el Gobierno nacional y la competencia es la Corte. Lo estamos evaluando".Horas más tarde el Fiscal varió su posición. No se desmintió, pero relativizó y mucho la posibilidad de una demanda judicial. "No es que no dije lo que dije. Pero quizás lo que me faltó decir fue que previamente a plantear una acción, a judicializar este tema creo que hay que informarse claramente sobre el por qué del incremento. Antes quiero hablar con el secretario de Energía de la Nación, antes quiero informarme. No voy a plantear una acción judicial sin agotar instancias administrativas", aclaró.Las afirmaciones del funcionario fueron una respuesta al planteo del titular de la Cámara de Diputados, Jorge Busti, y el jefe de la bancada del PJ, José Allende, quienes le pidieron que promueva en forma inmediata las medidas cautelares que correspondiesen, "tal como lo han hecho en forma exitosa otros fiscales de Estado en distintas provincias, en defensa de la legalidad y de los intereses del Estado y sus ciudadanos provinciales".En diálogo con Radio Cero, Allende entendió que el Fiscal "puede promover una acción al igual que lo hicieron en otras provincias con fallos favorables. Es un hecho concreto, y apostamos a que nuestro gobierno de ese paso". Adelantó que dialogarán con Urribarri, "fuimos convocados y será a agenda abierta".Acotó: "queremos plantear a la Nación si hay que seguir desde el país subsidiando a Puerto Madero para que pague el kilo de lomo más barato o que el porteño cargue el combustible a un precio más bajo. Que la redistribución sea igual para todos, ¿por qué tienen ellos tantos beneficios? Bienvenido sea que el Gobernador nos llame si es que está dispuesto a discutir esta problemática. Somos un país federal, hay que ayudar a los hermanos que están mal pero que también se nos envíe dinero por el petróleo, por ejemplo".Por otra parte, anunció que su bloque "no se va a llamar más Frente para la Victoria porque no nos sentimos más partícipes de este proyecto, seguramente será ahora Frente Peronista Federal. Si bien la mayoría proviene de origen bustista, a Urribarri no se le ha frenado ninguna ley", aclaró.
Reacción en el Senado
Mediante una Resolución los senadores entrerrianos pidieron al Congreso Nacional que instrumente todas las medidas necesarias para dejar sin efecto el Decreto N° 2067/2008, que motiva los aumentos.Tres fueron las iniciativas presentadas: Héctor Strassera y Hernán Vitullo del justicialismo, y Rubén Ruiz del radicalismo. Manifestaron su preocupación "por la situación de miles de usuarios del servicio de gas natural en la provincia de Entre Ríos, los que han recibido las últimas facturas con fuertes aumentos como consecuencia de la aplicación de los alcances del decreto nacional 2.067 de 2008".Aclararon que adherirán a todas las gestiones que se desarrollen desde el Estado provincial, las cámaras legislativas, asociaciones de usuarios y en el Congreso Nacional, tendientes a dejar sin efecto los alcances del cuestionado incremento.En tanto, por otro proyecto, instó al Congreso de la Nación a interceder ante el Poder Ejecutivo Nacional, instrumentando todas las medidas pertinentes y necesarias para dejar sin efecto el Decreto N° 2.067/2008.El senador Ruiz (Federal) recordó a El Día que "luego de mantener congeladas durante más de cinco años las tarifas de gas natural para los usuarios residenciales ahora el ejecutivo, en una muestra más de su errónea política energética, dispone la aplicación de aumentos extraordinarios para las casas de familia, comprometiendo la prestación de este vital servicio y afectando de una nueva forma a la ya ajetreada economía familiar".Dijo que "el aumento de la tarifa de gas ha sufrido el rechazo conjunto de los usuarios del país y ha desnudado a esta medida del Ejecutivo como autoritaria, arbitraria e ilegal".
Pasos de la OMIC
El titular de la Dirección de Defensa del Consumidor, Pablo Luciano, manifestó a El Día que "venimos haciendo un seguimiento sobre la evolución de las causas judiciales relacionadas con el aumento de las tarifas del gas. Sobre todo a partir de las acciones iniciadas por el Defensor del Pueblo de la Nación".Dijo que "al no existir medidas cautelares aplicables a Entre Ríos que obliga a la empresa a realizar una nueva facturación sin el cargo del decreto 2067/08, aconsejamos a los usuarios que puedan pagar la factura que lo hagan y que inicien un reclamo ante nuestra Oficina para lo cual se realizó un formulario tipo".Esto va a permitir que cuando se resuelva la cuestión de fondo, "esto es la constitucionalidad o no del mencionado decreto quienes lo hayan pagado puedan recuperar lo abonado bajo este concepto".En tanto, quienes no pueden pagar la factura "deberán efectuar un reclamo diferente, en forma individual, ante la OMIC".Consideró que "los pasos dados han sido prudentes y con mucha racionalidad porque no queremos poner en peligro los intereses económicos de los usuarios. No hay que olvidarse que la acción colectiva iniciada por el rebalanceo telefónico era de estricta justicia y sin embargo se falló en contra de los usuarios".