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La seguridad social, entre el Estado y el mercado

Quiero reflexionar sobre la importancia de garantizar los denominados derechos básicos universales a través de políticas de seguridad social. Sin Estado, las reglas las pone el mercado y siempre termina beneficiándose una marcada minoría a costa del empobrecimiento de las grandes mayorías.

Por Selva Chesini*

La alimentación, la vivienda, la educación, el trabajo, son todos derechos constitucionales, garantizados por el artículo 14 bis (tan conocido y tan desconocido a la vez) y del artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional de la República Argentina, que incorpora los Tratados Internacionales.

Ahora bien, en períodos democráticos, ¿cómo se garantizan? ¿cuál es el rol del Estado y cuál el del mercado?

En la década del ‘90 en Argentina se produjo una transformación profunda de la relación Estado-sociedad a partir de la consolidación hegemónica de un modelo neoliberal, que reconoce en el mercado la regulación principal de las relaciones sociales y que significó una regresión en términos de derechos conquistados y del papel del Estado como garante de los mismos.

Bajo esa lógica de privatización institucional se sancionó la Ley 24.241/93, que creó el sistema de capitalización administrado por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Esto no hizo más que generar ventajas para quienes contaban con mayores ingresos, perjudicando directamente a quienes tenían baja capacidad contributiva y excluyendo a quienes estaban fuera del sistema formal de trabajo. Las consecuencias fueron grandes y negativas.

Pero, desde 2003 se produjo una tendencia a la universalización de las políticas de seguridad social, ubicando en otro rol al Estado y diferenciándose claramente de las políticas privatistas de los noventa. Durante aquellos años las políticas laborales de generación de empleo y de formalización del mismo se transformaron en el eje central para el logro de mayores niveles de inclusión social. Ejemplo de ello fue la transformación de los planes sociales preexistentes, como el Jefes y Jefas de Hogar, que permitió el traspaso a la economía formal de más de 700.000 beneficiarios.

En 2004 fue derogada la nefasta Ley de Flexibilización Laboral y se sancionó una nueva. Mientras que en la década de los '90 sólo 6 de cada 100 empleos eran registrados, en el 2007, 83 de cada 100 nuevos empleos lo eran. ¿Cómo? mediante instrumentos de fomento, control y fiscalización.

Este nuevo cambio de paradigma dio lugar a la Ley de Financiamiento Educativo, que estableció un incremento considerable de la inversión en educación, ciencia y tecnología; en materia de salud, se revitalizó el Consejo Federal de Salud, se crearon los planes Nacer, Remediar, se aprobó la Ley de Medicamentos Genéricos y se instrumentaron fuertes políticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva.

En esa estrategia de “inclusión estructural” el Plan de Inclusión Previsional conformó el salto más discontinuo en la historia del sistema previsional, revirtiendo una situación que se avizoraba caóticamente injusta y volviendo a centrarse en los principios de universalidad. Se debe considerar que con el sistema de capitalización la cobertura jubilatoria había descendido, en 2004, a un 65% y se estimaba que llegaría a ser de tan solo el 45%.

Por eso años se sancionó la ley de Jubilación Anticipada, que permitió acceder a la misma a quienes sin tener la edad suficiente acumulaban los años de aportes necesarios y a aquella población que si bien tenían la edad para hacerlo no así los años de aportes. Todos pudieron adherir a una moratoria y ser parte de una verdadera política de inclusión social y reparación histórica.

Cuatro años más tarde, se estableció un régimen diferenciado para los trabajadores de la construcción (menores requisitos de edad y servicios para acceder a la jubilación); fue aprobada la ley de diferenciación de trabajo agrario y la regulación para trabajadoras de casas particulares. La suma de estas políticas permitió alcanzar un porcentaje de cobertura previsional superior al 90%, el más alto de toda América Latina.

Por mi profesión -soy abogada y gestora previsional- he podido conocer, de primera mano, el real impacto de estas políticas de reparación, generadoras de verdadera justicia social mediante la inclusión de sectores históricamente postergados, como los peones rurales, los trabajadores de la construcción, las empleadas domésticas, personas que no sólo han trabajado duro, sino que han carecido de beneficios laborales básicos.

En esta misma línea, se sancionaron las leyes de Movilidad Jubilatoria y la Reestatización de las AFJP, otro gran “batacazo” a la lógica privatizadora. Con ellas se creó el “Fondo de Garantía de Sustentabilidad” que permitió solventar un sin número de programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la propia movilidad jubilatoria, el PRO.CRE.AR, el Progresar y el Conectar Igualdad, entre otros.

Durante el Gobierno de Mauricio Macri dicho fondo no solo disminuyó considerablemente, sino que fue puesto en riesgo mediante la tramposa ley de “reparación histórica”, nombre con el que se ocultó el blanqueo de capitales (el 80% de la ley versa sobre el blanqueo) y, entre otras cosas, les permitió volver a usar los recursos del Fondo de Sustentabilidad en inversiones privadas y sin ningún control. Además, fueron dados de baja casi la totalidad de los planes y programas sociales implementados años anteriores, siempre bajo la lógica de la supuesta “sospecha” de ilegalidad bajo la cual hicieron y deshicieron sin reparar en daños.

Uno de los más emblemáticos fue el plan Qunita, que consistía en la entrega de un kit de maternidad y que, durante los meses de vigencia, sumados a los programas de asistencia, redujo la tasa de mortalidad de recién nacidos a un 8,5 %. Duró poco, ganó Macri las elecciones y automáticamente el plan se suspendió, los kits no se distribuyeron y fueron destruidos. Decisiones carentes de toda lógica y sentido de solidaridad.

Con el regreso de un modelo político y económico de inclusión, desde diciembre de 2019, declaración de la “Emergencia Económica” mediante, se implementaron fuertes medidas en materia social que debieron ser profundizadas ante la llegada de la pandemia.

El anuncio de hace unos días sobre el reconocimiento de la tarea de cuidado como años de trabajo viene a saldar, una vez más, deudas que los estados mantienen con buena parte de las sociedades, en este caso con las madres gestantes y no gestantes. En este sentido, desde nuestro proyecto político local entendemos a las políticas inclusivas y a la ampliación de derechos como la única forma de alcanzar mayores niveles de justicia. Una justicia que debe ser pensada de manera integral, por lo que resulta impostergable discutir tanto la generación de empleo genuino como el acceso a la tierra; la atención primaria e integral de la salud como la revalorización de los espacios públicos, la accesibilidad en los barrios y la soberanía alimentaria.

Es el Estado quien debe garantizar derechos y hacer más justa la vida en sociedad. El mercado sólo hará más anchas las brechas existentes, como sucedió con las AFJP durante los 90.

*Concejal frente PJ-Creer

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