La sensatez no sólo debe ser de Gualeguaychú

"La sensatez y la cordura vuelen a ser noticia" dijo Cristina Fernández de Kirchner apenas conoció la noticia del levantamiento del corte de ruta, decisión a la que calificó además como "muy importante". De la Redacción Sin embargo, la Presidenta no aludió al monitoreo conjunto dentro de la pastera UPM, compromiso que asumieron los gobiernos de la Argentina y Uruguay y que fue clave para que los asambleístas se convencieran de la conveniencia de bajarse de la ruta por 60 días.Por más que sea durante dos meses, el levantamiento del corte de Arroyo Verde produjo cambios sustanciales en la historia del conflicto por la ilegal Botnia.Lo más parecido a una telenovela, donde la trama pareciera enredarse de tal manera que el guionista debe darle un golpe de timón para virar el rumbo y volver a llamar la atención.Si bien la comparación es burda, la historia del conflicto que desató la presencia de Botnia en el Río Uruguay tuvo ese cambio tan necesario que se debe dar cuando la situación está empantanada.Esa modificación del escenario, generada por el gesto que la Asamblea Ambiental tuvo (levantar el corte de ruta durante 60 días), provoca que quienes hacían foco en el bloqueo antes que en la contaminación e ilegalidad de Botnia no tengan más excusas para esquivar las responsabilidades (o hablar de ellas) de uno y otro lado.El corte ya no está. Durante dos meses el tránsito será normal (con precaución en la zona de Arroyo Verde) en la ruta nacional 136, desde y hacia Uruguay. Y por lo tanto no será excusa para desviar la atención sobre la contaminación que produce la pastera, cuya presencia produjo cambios ambientales sustanciales en su entorno.De ahora en más la sensatez debe estar del otro lado, en la otra orilla del río, donde las autoridades uruguayas han manifestado en reiteradas oportunidades que su país siempre honra los acuerdos y que cumpliría con el fallo de la Corte de La Haya.Pues bien, lo que veían como un estorbo a modo de excusa (el corte), no está. Y por lo tanto, sin mucho rodeo, deberán aceptar de una vez por todas que la única manera de despejar las dudas hacia uno y otro lado es abrir las puertas de Botnia a un control serio, integral y en conjunto.Esa será la única manera que Gualeguaychú no sienta que hizo un gesto vacío, elogiado por casi todos y que ha puesto en manos de los gobiernos (más en el de Uruguay) la responsabilidad de empezar a encontrarle una solución al conflicto.Nuestra comunidad puso su cuota de sensatez. Ahora espera lo que corresponde.  La querella por los subsidiosSe ha ventilado por este diario la discrepancia que existe entre la oposición y el oficialismo alrededor de los subsidios que otorga la municipalidad. Algo que, por otra parte, no es nuevo en Gualeguaychú.¿Estamos frente a una práctica a través de la cual el grupo gobernante, echando mano a una figura jurídica ambigua, utiliza el erario público para pagar favores políticos, como insinúa la oposición?¿O ésta es otra de las chicanas que utilizan los adversarios políticos, quienes faltan a la verdad y siembran así sospecha sobre la ética del elenco gobernante en el manejo de la cosa pública, como retrucan los funcionarios?En realidad, esta disyuntiva debería molestarnos a todos nosotros, los vecinos-contribuyentes. Porque acá no se trata de hacer un acto de fe. Es decir la cuestión no pasa por creerles a unos o a otros.Y decimos esto porque el Estado honesto -y la oposición es parte de esa organización- es aquel que no deja dudas al respecto. Es decir, que transparenta de tal manera su información, y tiene tan aceitados sus dispositivos de control, que desactiva cualquier sospecha sobre el mal uso de los recursos públicos.La oposición habla de que el gobierno realiza "remuneraciones encubiertas" a través de dos figuras: el subsidio y la locación de servicios. El gobierno replica que es inexacto que haya pagos en negro.Lleva así la cuestión al plano administrativo: ni el subsidio ni las locaciones, alega, involucran una relación laboral clásica, no son un salario, y además se instrumentan a través de decretos públicos.Ahora bien, la pregunta es: más allá de que efectivamente no se está en presencia de un salario, en sentido legal, ¿es posible realizar un favor político utilizando la figura del subsidio no reintegrable?Ése es el punto. La ordenanza que regula esta práctica es la N° 10.894, del año 2006. En el encabezado de esta norma se lee que su redacción fue recomendada por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.Y al fundamentar la necesidad de esta ordenanza aparece este significativo párrafo: "Que particularmente este aspecto de la acción municipal requiere una adecuada transparencia, en razón de la proclamada necesidad de mejorar las prácticas políticas, evitar los abusos clientelistas, todo lo cual ha sido solicitado en las distintas instancias del Diálogo Nacional y Gualeguaychuense".Al momento de definir el subsidio, en el artículo 1° de la norma se habla de "aporte financiero" destinado a "aliviar situaciones personales o institucionales comprobadas, necesidad económica, o para la promoción de actividades de interés comunitario".En el artículo 2°, dentro del amplio espectro de alcance del subsidio, se habla de que lo pueden recibir "personas físicas con antecedentes relevantes y/o personas físicas a las que se juzgue necesario promover en áreas científicas, culturales, artísticas, educativas, deportivas; o de servicios en actividades de interés comunitario", entre otros destinos previstos por la norma.