La tierra ajena

La tierra es el gran tesoro de los argentinos. Bien lo sabemos. Nuestro país cuenta desde siempre con un enorme potencial productivo a partir de la tierra, cuyo valor aumenta y continuará en ascenso como consecuencia de la creciente demanda mundial de alimentos.Por Mario Alarcón MuñizColumnistaNo es descabellado entonces pensar en la defensa y el cuidado de la tierra. Es un asunto económico básico. Pero también una cuestión de soberanía. En forma paulatina los inmuebles rurales pasan a manos de inversores extranjeros. Si alguien no le pone freno a este proceso, en una década o poco más tendremos bandera, himno y gobierno, sin tierra.No es un vaticinio antojadizo y menos una profecía tremendista. Es una interpretación lógica de las estadísticas, muchas de ellas oficiales. En los últimos años empresas multinacionales o en su mayoría de capitales norteamericanos, ingleses, italianos, malayos y chilenos están apoderándose de la tierra de los argentinos, ante la indiferencia o la complicidad (vaya uno a saber) de nuestras autoridades. Números y nombresLa Argentina dispone actualmente de 170 millones de hectáreas productivas. En 2010 la propiedad foránea ha llegado al 20 por ciento, vale decir 34 millones. Comparemos para interpretar mejor la magnitud de este despojo de la riqueza nacional: la superficie total de  la mayor provincia argentina, Buenos Aires, es de 31 millones de hectáreas; las tres provincias mesopotámicas suman poco menos de 20 millones. Mayor claridad, si cabe: la propiedad extranjera de tierras en la Argentina equivale a más de cuatro veces la superficie de Entre Ríos.De seguir así, a corto o mediano plazo no seremos dueños de nada. En 2002 la tenencia foránea de la tierra sumaba 7 millones de hectáreas. En sólo ocho años casi se ha quintuplicado al llegar a los 34 millones citados. Si este ritmo de ocupación persistiera, un simple cálculo matemático indica que en 2020  no nos quedaría a los argentinos un metro cuadrado de suelo nuestro. Para entonces habrán ocupado el total del área productiva. Y algo más, pues compran todo: tierra, lagos, ríos, bosques, rutas, pueblos, minas o potenciales zonas de explotación minera y desde luego el  subsuelo con sus codiciados reservorios de agua.El aluvión de inversiones inmobiliarias de gran volumen comenzó a la sombra del gobierno de los '90, cuando se establecieron los célebres hermanos italianos Benetton (casi un millón de hectáreas en la Patagonia). En los últimos años se han sumado la aseguradora yanqui AIG (un millón y medio de hectáreas en Salta); la compañía minera y petrolera italiana Nettis Impianti (418.000 hectáreas en La Rioja); el norteamericano fabricante de helicópteros Peter Mac Bride (117.000 hectáreas en Catamarca, más el desalojo de 500 pequeños productores);  Warld Lay, directivo de Pepsi (80.000 hectáreas en Neuquén); el inglés Joseph Lewis, empresario de Puma y Freddo (18.000 hectáreas y el Lago Escondido, entre El Bolsón y Bariloche);  la compañía malaya Nieves (440.000 hectáreas en Mendoza); la firma chilena Arauco (114.000 hectáreas en la Patagonia); Ted Turner (58.000 hectáreas también en el sur); el magnate húngaro George Soros (400.000 hectáreas en varias provincias) y el autodeclarado ecologista yanqui Douglas Tompkins (200.000 hectáreas en la reserva natural del Iberá, más 140.000 en Santa Cruz). Hay más, desde luego, pero los datos mencionados bastan para tener una idea del proceso de extranjerización de la tierra que continuará si nadie atina a detenerlo. En grandes diarios europeos y en la televisión norteamericana son frecuentes los avisos que ofrecen tierras argentinas como "formidable oportunidad". Cuestión urgenteEn su momento la Federación Agraria Argentina (FAA) formuló un llamado de atención a las autoridades acerca de esta silenciosa pero avasallante invasión sin cañones. En 2003 la entidad le entregó al entonces presidente Kirchner un anteproyecto de ley que nunca llegó al Congreso. Varios legisladores recibieron copias de ese texto, pero todo sigue igual. Se produjeron, es cierto, algunas iniciativas parlamentarias, de las cuales sólo una logró avanzar: la de los agrodiputados Orsolini y Forte, que estaría cerca de una primera consideración en comisión. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, reconoció el problema ("es necesaria una ley que defienda la tierra de los argentinos", dijo), pero han pasado tres meses y nada por aquí, nada por allá.A esto cabe agregar el interés de algunos estados por comprar tierras en Sudamérica. A China le interesa hacerlo en Brasil y otros países del mundo miran a la Argentina. Queda claro que están en riesgo la soberanía nacional, el manejo de la producción y la independencia económica. Por eso no se entiende la indiferencia oficial. De nada valen discursos de tono progresista si la realidad delata el avance de la ocupación, favorecida por el desaliento de muchos chacareros que terminan vendiendo sus tierras afectados por la falta de políticas agrarias. El Censo Nacional Agropecuario de 2008 confirmó la desaparición de  148.000 unidades productivas en diez años. ¿Quiénes compraron esas propiedades? Sería interesante saberlo.Algunos países han solucionado el problema. En Japón, Canadá y varios estados norteamericanos, ningún extranjero puede poseer tierras. En la Argentina una olvidada ley impone restricciones hasta 50 kilómetros fronteras adentro, pero el año pasado el Ministerio del Interior, mediante la resolución 166, declaró libres de esa limitación a varias zonas de nuestro país. ¿En qué estamos entonces?En Brasil el presidente Lula ha declarado que "es un tema de soberanía, la tierra tiene que ser de los brasileños". En Uruguay pronto avanzará una legislación restrictiva, porque el 25 por ciento del suelo productivo está en manos extranjeras.No es posible esperar más. De lo contrario toda nuestra tierra será ajena.