La Unión de Colectivos Feministas de Urdinarrain denunció violencia institucional

"Integrantes de la Unión de Colectivos Feministas de Urdinarrain (U.C.F.U.) decidimos hacer una intervención en la víspera del 7º aniversario de “Ni una menos” conmemorado el 3 de junio, que consistiría en pintar en las calles sobre el asfalto, los nombres de las víctimas de femicidio de nuestra provincia. La idea original fue realizarlo en la Av. Libertad, partiendo del obelisco, hasta llegar al Paseo San Martín y hacerlo en horas de la noche, que es cuando hay menos circulación de vehículos y la pintura puede secar mejor.

El grupo se convocó vía WhatsApp y alrededor de las 23:30, del pasado jueves 2 de junio, comenzó la intervención, para lo cual formamos varios grupos y nos repartimos los nombres a pintar. Cabe aclarar (o recordar) que lo que caracteriza a los grupos feministas es su horizontalidad, lo cual lleva a que sea frecuente que se realicen acciones no planificadas o consensuadas. Y ejemplo de esto fue que alguien decidiera pintar también el nombre de un presunto abusador, cuyo caso ha sido comentado en medios de todo el país, explicaron las mujeres de la agrupación.

Aseguraron que “todo se desarrollaba de acuerdo a lo planeado, hasta el momento en que se nos terminó la pintura y debimos dirigirnos al domicilio de Camila, ubicado en un departamento frente al obelisco, en la dirección Victorino de la Plaza 17. Fue entonces que, estando dentro del edificio, en el 1º piso, advertimos la llegada de la camioneta de tránsito conducida por el agente municipal Pablo Ayende, acompañado del funcionario policial, Nelson Isaguirre. Estos, que presuntamente nos vieron ingresar, comenzaron a golpear la puerta de entrada exigiendo que salgamos, a lo cual no accedimos, porque la manera violenta en que gritaban y golpeaban nos preocupó”.

“Al ver que no abrimos la puerta principal, el policía pidió refuerzos a la comisaría, arribando el móvil policial con el oficial Hernán Cejas, otro funcionario policial y el comisario Estevecorena. Fue entonces que escuchamos que el agente municipal Ayende les indicó a los policías que conocía a la dueña y que podría ir a pedirle la llave para poder entrar. Ante esto, Cejas comenzó a amenazar –gritando muy fuerte- a los ocupantes de los otros departamentos para que abran o irían a buscar a la propietaria. Fue por esta amenaza que una de las inquilinas les abrió –a través del portero eléctrico- la puerta principal. A continuación, los oficiales Cejas, Estevecorena, Isaguirre y el agente de tránsito Ayende subieron al primer piso y golpearon la puerta de todos los departamentos exigiendo a todos sus ocupantes que se identifiquen y muestren su D.N.I. Enojado Cejas, preguntaba, porque nadie les abría la puerta principal del edificio”, sostuvieron.

Además,dtallaron que la "respuesta, ante la requisitoria policial fue que no íbamos a acceder ni a salir a la calle –permanecimos sentadas en el hall del 1º piso, porque ellos no tenían ningún derecho a ingresar de esa forma, a gritarnos y mucho menos a que nos identifiquemos dentro de un domicilio privado. Luego de recibir gritos, maltrato y de interrogarnos insistentemente de por qué estábamos ahí, a quién conocíamos, una de nosotras accedió a mostrarles su D.N.I., ante lo cual el oficial Cejas le sacó una foto con su teléfono particular. Esto también se replicó en los DNI de los habitantes del complejo de departamentos con la absurda explicación de que lo hacía para tener registro para el caso de que hubiese una demanda por daños y perjuicios por las pintadas realizadas.

Paralelamente, otras tres integrantes del grupo que habían seguido pintando en la calle y que no habían sido advertidas de la situación, se sorprendieron cuando al llegar al domicilio se encontraron con la policía dentro del mismo, en el primer piso, con los vecinos y las compañeras siendo demorados en el hall de entrada".

“Ante la negativa del resto de nosotras a mostrar nuestros documentos y el reproche de que se estaban violando nuestras garantías constitucionales, lo cual sería denunciado, la fuerza policial-municipal se retiró del lugar, aunque después continuó rondando el barrio y a los pocos minutos pasó la barredora sobre la pintada intentando inútilmente borrar la intervención”, detallaron.

La denuncia:

Al día siguiente, en horas de la mañana, una integrante del Colectivo viajaron a Gualeguaychú y presentaron en el anexo de fiscalía, la denuncia a través del formulario proporcionado.

En la mañana del viernes, otra de las integrantes de UCFU, enviaron un mensaje vía WhatsApp al Intendente avisándole que debido a lo ocurrido con el personal de tránsito y la policía local, se había decidido suspender la inauguración del banco rojo en la plaza “Susana Acevedo”, quien respondió que le avisaría a Stella OKon -a cargo de Cultura- de la suspensión.

“No sabemos qué va a resolver fiscalía y este lunes le presentaremos nuestra queja formal al gobierno municipal, por lo actuado por su empleado, Pablo Ayende, pero queremos hacer público todo lo ocurrido, porque lo encontramos inaceptable. Hemos recibido muestras de apoyo y solidaridad por parte de todas las personas que se fueron enterando, pero debemos confesar que todavía nos cuesta reponernos del accionar de quienes deberían cuidar a la sociedad, en vez de perseguir mujeres, en vísperas del #NiUnaMenos”, concluyeron desde la Agrupación feminista.