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La UP2, la cárcel que nació en el siglo XIX y aún respira

Se construyó como penitenciaría en 1860 en una zona alejada del casco céntrico de la ciudad, pero con el correr de los años la población avanzó y hoy está a pocos metros de donde se festeja el carnaval. Una recorrida por la cárcel que alguna vez fue de máxima seguridad y se volvió obsoleta.   Carlos Riera/ Fotos Joaco García   Durante gran parte de su existencia, los presos más peligrosos de Entre Ríos habitaron esta gran edificación amurallada de dos manzanas, entre calles Eva Perón, Montevideo, Tala y Goldaracena. Supo llevar el título de máxima seguridad, pero por la erosión del tiempo y la desidia gubernamental, quedó reducida a ser una más de las nueve unidades penitenciarias que actualmente hay en la provincia. Sus gruesos y altos murallones guardan mucha historia y muchos secretos, porque una vez que se cierra el portón de ingreso son muy pocos los que realmente saben qué cosas ocurren dentro. Incluso, este oscuro edificio sirvió como lugar de detención de los presos políticos durante la dictadura militar antes de ser trasladados a centros clandestinos. Antiguamente, en Entre Ríos, nunca existió la superpoblación carcelaria, y hasta el día de hoy hay cierto resquemor al tratar este tema porque ningún gobierno quiere que se hable de esto, porque básicamente no se pretende invertir en cárceles cuando existen otras necesidades y mientras tanto se esconde el problema debajo de la alfombra, o mejor dicho, se lo patea para más adelante. Para el Servicio Penitenciario de Entre Ríos hubo dos quiebres a lo largo de los últimos 50 años que cambiaron los índices poblacionales y obligaron a los distintos gobiernos a tomar medidas. El primero fue cuando se dispuso que los presos por causas que se tramitan en la Justicia Federal fueran alojados en las cárceles provinciales. Esto demandó la construcción de la Unidad Penal 8 de Federal, que llegó a suplir el déficit de infraestructura. La segunda es la más reciente. El 5 de febrero de 2013 entró en vigencia la reforma del Código Procesal Penal, que aceleró los procesos judiciales y originó una mayor cantidad de condenas. Como respuesta a esto se habilitó la Colonia Penal El Potrero (UP9), que modificó el proyecto originario de estar destinada a quienes estaban más cerca de la libertad y hoy son más de 200 presos los que habitan este espacio sobre la Ruta 136. La Unidad Penal 2 “Francisco Ramírez” es obsoleta. Su función la cumple, pero salta a la vista la decadencia de esta mole de cemento y piedra. Sus grandes torres están desalojadas porque algunos de sus pisos no están en condiciones de ser habitados. En estos pabellones sólo se permitió alojamiento en el primero y tercer piso, mientras que el resto está vacío. Actualmente viven 211 internos, alojados en 19 pabellones. Estos pabellones, que están habitados entre 12 a 20 personas, fueron resultado de subdivisiones de sectores para responder a las necesidades propias del lugar y para mejorar la convivencia entre los reclusos. El grueso de la población tiene entre 20 y 35 años; y según informó el director del penal, Cesar Villalba, durante la recorrida que ElDía realizó junto a miembros de la Asociación Civil por Verdad y Justicia (Aciverjus) el 45% son presos federales y del total de internos, la mitad trabaja en los distintos talleres que dispone el Servicio Penitenciario.
  Miguel Gandolfo, presidente de Aciverjus, explicó que la intención de la visita no es confrontativa, sino para mostrar la situación en la que está la cárcel y las oportunidades que dentro de ella les brindan a los internos para su resocialización, porque es necesario que la ciudadanía conozca cómo se trabaja. Desde hace tiempo, el foco está centrado en el aspecto estructural y no en el humanitario, porque se da por descontado que el tratamiento que los guardias deben darle al interno debe ser el óptimo. Pero lo que no es óptimo, en el caso de la UP2, es la condición que tiene el edificio para albergar a personas privadas de su libertad que deben ser sometidas a una resocialización. Es cierto que el preso que pretende cambiar su vida hará todo lo necesario para lograrlo y un dato que es muy positivo que confirma esto es que ha bajado el índice de reincidencia en las ciudades sobre la Costa del Uruguay. Pero qué pasa con el resto, el que no se adecúa a las normas y pasa los días de su condena sin asistir a talleres u otras alternativas que hagan más pasadera la condena. En Entre Ríos, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias como en Buenos Aires, no se puede obligar al preso a que concurra a algún taller y aquí se puede originar un problema si se considera que en la UP2 sólo la mitad de la población se capacita en algún oficio, mientras que la otra mitad practica el ocio. Es necesaria la erradicación de la Unidad Penal 2 del centro de Gualeguaychú. Este pedido se viene realizando desde hace tiempo desde varios sectores, principalmente desde el inmobiliario, pero qué pasaría en la provincia con una cárcel menos cuando hoy por hoy se tiene la necesidad de construir más espacios para alojamientos de condenados. Según la opinión de integrantes del Servicio Penitenciario en Entre Ríos hay un déficit carcelario y por el momento no hay proyectos para una solución. Mientras tanto, y hasta tanto eso no ocurra, la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú seguirá siendo una de las cárceles más vieja del país en vigencia.  

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