La violencia de género perpetrada por integrantes de las fuerzas de seguridad y el incumplimiento de la Ley Micaela

A fines del año pasado, una joven de 25 años, mamá de una nena de 6, denunció por violencia de género a un gendarme de la ciudad con quien estuvo en pareja. Decidió, además, hacerlo público por miedo, porque pese a la denuncia y a las medidas de restricción que le impuso la Justicia, su expareja le seguía haciendo la vida imposible, yendo a su casa, robándole objetos del patio y cometiendo diferentes actos intimidatorios. Ante cada uno de ellos, la víctima realizó la denuncia correspondiente, pero de poco y nada ha servido, ya que nuevamente en los últimos días sufrió una nueva agresión.

Según relató a Ahora ElDía, y consta en la denuncia policial que realizó, el último fin de semana se encontró con su expareja en un boliche. Primero la chocó con un vaso, y luego la agarró del brazo y le impidió alejarse de él mientras que decía que “tenían que hablar”. 

Ante eso, la mujer le pidió al amigo del gendarme que le diga que la suelte, que tenía una orden de restricción y el botón antipánico. Cuando por fin la soltó, fue inmediatamente a dar aviso al personal de seguridad que estaba en la puerta, quienes sacaron al agresor del local bailable.

La mujer también dio aviso al Jefe de Gendarmería Luis Piaggio, pero sólo le dijo que haga la denuncia en la policía.

“La verdad es que estoy muy frustrada porque lo único que me dijeron de Gendarmería es que sólo le dieron una sanción, nada más que eso. Pero él sigue molestando y estorbando, y al final no puedo salir a ningún lado”, expresó.

Consultada acerca de qué pasó luego de la denuncia de hace cinco meses, contó que “en enero él estuvo de vacaciones. En febrero fui yo la que no estuvo acá porque me fui a otra ciudad casi el mes completo. Sigo teniendo las medidas de restricción, me la volvieron a renovar porque en marzo hostigó a mi primo en un baile preguntándole por mí, que quería saber dónde estaba y qué hacía. Mi primo le dijo que ya no molestara más porque yo no quería saber nada de él. Tenemos un amigo en común, y cuando le conté lo que había hecho con mi primo me dijo que a él se le había aparecido en el trabajo y que le quería sacar información, que le ha pedido el celular para comunicarse conmigo. Yo me fui otra vez unos días para calmar un poco las cosas y dejé a dos amigas que me cuiden la casa. Cuando vuelvo me cuentan que el fin de semana largo de marzo mi ex estuvo toda la noche parado en la puerta. Fue entonces cuando avisé a Gendarmería. Me dan una audiencia para el 26 de abril en la Fiscalía, comento todo lo que ha pasado, dejo pruebas y todo asentado”, relató. 

Luego, se dio el último episodio, el del boliche, y el que marcó el presente de la denunciante. “Opté por tener que defenderme sola. La verdad es que estoy cansada de tener que ir siempre a la Comisaría, a la Fiscalía y avisar en la Gendarmería. En el Escuadrón me dijeron que ellos ya habían hecho todo lo que tenían que hacer”, sostuvo la joven, quien acotó que “lo mandaron a trabajar unos días a Concepción del Uruguay, pero luego volvió a Gualeguaychú”. Y agregó: “Ahora no quiero la ayuda psicológica, quiero que tomen alguna medida para que me deje tranquila, para poder salir. Es una injusticia. Tengo que quedarme encerrada porque no quiero cruzarlo para evitar problemas y el sí puede salir, disfrutar y compartir”.

La ley Micaela, ¿ausente?

La Ley N.º 27.499 establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en la función pública en Argentina. Fue aprobada en diciembre de 2018, luego de la presentación del proyecto un año antes tras el femicidio de Micaela García, la joven de Gualeguay.

“Una de las herramientas que tenemos para prevenir la violencia en las fuerzas de seguridad es la Ley Micaela, que es obligatoria para quienes trabajan en el Estado. Y si bien la violencia en estos ámbitos no es algo que aparece ahora, desde que Javier Milei es presidente se plantea un nuevo panorama. Antes había otro contexto en el que se los obligaba a capacitarse. Política y moralmente había una estructura institucional que estaba en un lugar ante casos así”, afirmó Belén Biré, militante feminista y extitular del área de Género municipal. 

“En cambio hoy tenemos un escenario en el que la Ley Micaela no se aplica ni a nivel nacional ni provincial ni local. Últimamente, además, se sumaron los discursos de odio y la permanente provocación. Esta violencia plasmó un caldo de cultivo para que hoy se pueda llegar a ver con más contundencia este tipo de situaciones”. 

Tras llegar a la presidencia en diciembre de 2023, Milei cerró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Su Gobierno sostiene que “la violencia no tiene género”.

El nuevo Gobierno sostiene que la Ley Micaela “no ha dado resultado”, pero Amnistía considera que estas enmiendas son “regresivas” y asegura que pueden profundizar las barreras de acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva.

“Hemos acompañado algunos casos, y lo que siempre pone en riesgo o lo potencia es que justamente quienes están violentándolas y vulnerando sus derechos son quienes deben cuidar la seguridad y el orden en la sociedad. A todo esto, se suma que son personas que portan armas”, afirmó. 

“Me ha pasado que he acompañado a mujeres que tienen que denunciar a sus parejas, que son policías, en una comisaría de la Policía, y eso claramente le da otro entramado de complejidad a la violencia de género”, explicó Biré.

La referente feminista contó que “hay personas denunciadas que continúan en las fuerzas, y uno de los reclamos que hacemos siempre desde los feminismos en las lecturas de los documentos que hacemos, sobre todo los que leemos todos los 3 de junio cuando se realiza la marcha de ‘Ni una menos’, es justamente que aquellas personas que tienen denuncias por violencia de género no sean parte de las fuerzas de seguridad”. 

Actualmente no hay datos oficiales de cuántos miembros de las fuerzas de seguridad fueron denunciados por violencia de género debido a que en las estadísticas no se especifica a qué se dedica cada uno de los denunciados.