Las cartas sobre la mesa

En sus primeras dos semanas la nueva gestión del gobierno nacional ha tirado las cartas sobre la mesa. No hay muchos misterios. Las primeras señales son de apriete. Por Mario Alarcón Muñiz El Poder Ejecutivo no vaciló en requerir del Congreso la aprobación inmediata de un paquete de leyes que consideraba impostergables y consiguió una respuesta que le permitirá actuar con desenvoltura y seguridad en este comienzo del período.De tal manera el presupuesto 2012, la prórroga de la emergencia económica incluidos los poderes especiales que ella otorga, la continuidad del impuesto al cheque, la reforma del célebre Estatuto del Peón, el mayor control estatal sobre la producción y comercialización del papel para diarios y la limitación de la propiedad extranjera de la tierra fueron, entre otros asuntos, los que más alto volaron por estos días en nuestro universo informativo.Sin dudas se trata de temas importantes. Por eso mismo merecían -y lo merecía el pueblo- un debate más amplio y profundo, dando lugar al intercambio de opiniones que casi siempre enriquecen la idea inicial. El oficialismo optó por encerrarse y votar los proyectos sin vueltas. "Los de afuera son de palo". O casi... Un tema pesadoEntre tanto, en medio del torbellino, pasó como mirando para otro lado un tema muy fuerte, quizá el más pesado si tenemos en cuenta nuestra historia reciente, el mundo contemporáneo sujeto a los caprichos imperialistas y el peligro que siempre acecha cuando se cargan armas sin saber muy bien por qué razones.Se trata de la llamada ley antiterrorista. Según la explicación oficial está destinada a "perseguir el lavado de activos y evitar la financiación del terrorismo", objetivos seguramente compartidos por la mayoría de la sociedad argentina. Sin embargo, los riesgos son mayúsculos.La nueva ley modifica el Código Penal introduciendo conceptos considerados "abstractos y confusos" nada menos que por el juez Eugenio Zaffaroni, de la Corte Suprema de Justicia, además de incursionar en aspectos ya contemplados en el Código Penal, según el mismo magistrado. Voces de alerta El texto aprobado estos días sin suficiente debate ni difusión es tan impreciso que hace temer "su uso contra la protesta social", alertó nada menos que el abogado Alan Iud, de las Abuelas de Plaza de Mayo.El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo de larga trayectoria en defensa de los derechos humanos, expresó "profunda preocupación" por los "conceptos tan abiertos e imprecisos" de la ley y el riesgo de que se aplique a "desalojos, cortes de vías de circulación o reclamos en espacios públicos".
La Asociación por los Derechos Civiles recordó que el uso de un lenguaje excesivamente abstracto "no se condice con los requisitos de precisión y claridad en materia penal que reclama la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Varios abogados coinciden en señalar que esta ley "carece del rigor que exige el Código Penal".Entre nosotros, la Junta Americana por los Pueblos Libres (JAPL) comentó que "las leyes 'antiterroristas' no son contra los que se encargan de mantener al mundo en constante estado beligerante, sino contra los pueblos que trabajan y producen honradamente; contra los que defienden el medio ambiente y quienes practican el derecho inalienable de reclamar contra la injusticia y arbitrariedad de los poderosos. Pueblos que, además, pagan con sus muertos el horror de las guerras, y los resultados del predominio de los grupos económicos que los saquean. Los gobernantes que se encolumnan tras los intereses de los poderosos del mundo aceptando la creación de fantasmas  son  cómplices de su plan siniestro".A todas estas advertencias se une el desliz del titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, quien advirtió que esta ley "puede alcanzar a los medios de comunicación". Lo desmintió el senador oficialista Miguel Pichetto, pero la duda quedó picando, porque si un diario o un periodista informaran sobre "corrida del dólar" o "desabastecimiento de nafta", estarían arriesgando una sanción por supuesto terrorismo. Así de ambiguo y amenazante es el alcance de lo que ha votado el Parlamento a pedido del PE.      

La política del teroA todo esto bien vale preguntarse las razones de estas medidas, teniendo en cuenta que en nuestro país los últimos actos terroristas se produjeron en 1992 (embajada de Israel) y 1994 (AMIA). Están lejísimo.Aparece entonces el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un foro orientado desde los Estados Unidos, destinado a perseguir, entre otras cosas, "el lavado de dinero y la financiación del terrorismo". Se trata de un organismo de segundo orden que de todos modos amenaza con sanciones. Así lo hizo esta vez y el gobierno accedió. Es probable también que algo hayan conversado al respecto la Presidenta y míster Obama cuando se encontraron en Cannes el 4 de noviembre pasado, pues a partir de entonces comenzó a apurarse la ley.Para que el asunto no se prestara a un análisis profundo, se lo mezcló con otros proyectos más ruidosos. Es la política del tero. El ex presidente Kirchner también la aplicó en una situación parecida, cuando en junio de 2007 el GAFI exigió incluir en el Código Penal la figura del terrorismo, sancionándose entonces la ley 26.268 en medio del fragor de la campaña por la elección de jefe de gobierno porteño. Y el asunto pasó, a tal punto que hoy sirve de antecedente a la peligrosa ley que acaba de sancionar el Congreso.