Las cosas por su nombre

El Senado provincial tiene a su consideración el proyecto de ley de adhesión al denominado Programa Federal de Desendeudamiento, anunciado por la Presidenta hace cinco meses.Por Mario Alarcón MuñizEspecial para El Día
 El gobernador Urribarri firmó el acta pertinente a mediados del mes pasado y ahora la Legislatura deberá aprobar esas actuaciones para incorporar a Entre Ríos al régimen de financiación de su deuda con el Estado nacional.Puede ocurrir que en el curso de estos días se produzcan algunas objeciones, pero en definitiva se descuenta que tanto el Senado como luego la Cámara de Diputados, aún con rezongos, aprobarán la adhesión.De ser así la Provincia no pagará nada hasta diciembre de 2011. Ventaja para la presente gestión, sin duda, y carga para las próximas cuatro administraciones y media, porque el compromiso de pago se extenderá en cuotas hasta 2030. De todos modos el plan es ventajoso pues establece una tasa fija del seis por ciento anual, eliminando el actual recargo del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) que se mueve según el índice inflacionario. Los númerosEl ministro de Economía, Diego Valiero, estuvo el martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y explicó la operación en detalle. Según lo expresado por el funcionario, Entre Ríos refinanciará de esta manera el 70% de su deuda con el Estado nacional, es decir unos 2.800 millones de pesos. Disminuirá en el presupuesto la incidencia de ese compromiso -según dijo el ministro- porque en la actualidad la atención de la deuda demanda el 11% de los recursos y a partir de este convenio el índice será del 8%.Queda claro que se habla de acreencias de la Nación, que son las comprendidas en el acuerdo. Poco se sabe del resto de la deuda provincial. Y sería bueno que también se informara al respecto. Pronto ingresaremos en el último año de gobierno y las cuentas claras siempre son las más sanas, particularmente en estas circunstancias. Desde algún sector de la oposición se habla de un total de 5.000 millones de deuda. En principio la cifra impresiona. De ahí la necesidad de aclararlo en detalle.También es menester aclarar algunos términos. El "desendeudamiento" del que oficialmente se habla no es tal. La deuda no desaparece ni disminuye. Sólo se alivian y se extienden los compromisos de pago. Entonces se trata de una refinanciación, no de un desendeudamiento. Conviene siempre utilizar los términos correctos. Pagar, tarde o tempranoEs probable que al gobierno nacional no le haya quedado otro camino que este programa para tratar de normalizar determinadas situaciones. El año pasado las cuentas de veinte estados provinciales cerraron en rojo. Los motivos pueden ser muy variados -cada gobierno tiene los suyos, relacionados con el manejo administrativo y las necesidades locales-, pero resulta evidente que existe en las provincias un desequilibrio generalizado. Es esto lo que se debe corregir.El convenio en trámite sólo arregla los números viejos. De persistir la situación actual, dentro de cierto tiempo el endeudamiento se agravará. Esto sucede siempre, de manera invariable, cuando se atacan los efectos de un problema y quedan inamovibles las causas.Los fondos coparticipables derivados de los impuestos nacionales, han disminuido. Además no se cumple la Constitución Nacional de 1994 que en su sexta disposición transitoria ordena elaborar un nuevo régimen de coparticipación "antes de finalizar 1996".Desde el primer pacto fiscal del dúo Menem-Cavallo en 1992, las provincias reciben menos dinero en términos relativos. Queda claro que el alivio financiero de este  "desendeudamiento" que trata el Senado no es otra cosa que la refinanciación de deudas provocadas por el regateo constante de fondos genuinos.Es evidente que el Estado nacional está refinanciando a los Estados provinciales una plata que les quitó durante años. Si a esto se añaden las operaciones no coparticipables (impuesto al cheque, retenciones, entre otras), es fácil de entender la distorsión. Vale un ejemplo que ya hemos mencionado en otra oportunidad: en 2007, sólo por retenciones agropecuarias, Entre Ríos aportó a la caja nacional 2.550 millones de pesos sin coparticipación. Todo para el barril desfondado del poder central que cada tanto destina algunos pesos, discurso mediante.Por mucha generosidad y aplausos de aprobación y reconocimiento que muestren el plazo de gracia coincidente con el período electoral, además del margen de veinte años para pagar, esto no deja de tener similitudes con prácticas usurarias. El acreedor se convierte en deudor. Y tarde o temprano tiene que pagar.