Las declaraciones de Tesone y Corfield beneficiaron a Irigoyen, Pérez y Pomés

El ex funcionario de Ricardo Tafarel indicó que la persona que desempeña el cargo de secretario de Hacienda en la actualidad no puede tener el mismo control que en su época porque la estructura ha crecido mucho. Guillermo Corfield explicó por qué razones, en algunas circunstancias, podía quedar firmado un cheque que después era anulado.Podría decirse que la octava audiencia realizada ayer en la Cámara del Crimen de Gualeguay fue una jornada que tuvo como protagonistas a muchos contadores, con la sola excepción de Anahí Suárez, la ex Tesorera de la Municipalidad que también prestó declaración. Estuvo ausente por razones de salud María del Carmen Alazard de Unamuzaga.En la apertura de la audiencia se trató el tema de los testigos que habiendo sido citados no comparecieron y los que aún no han podido ser citados por haberse mudado a domicilios desconocidos. Tanto el Fiscal Dardo Tortul, como el representante de la Municipalidad, Julio Federik, aportaron datos de posibles domicilios de los representantes de la firma TPV (Troncoso, Porreca y Varone) a los efectos de las nuevas citaciones.El contador Antonio Tesone, que se desempeñó como Secretario de Hacienda Municipal durante la administración de Ricardo Taffarel entre 1983 y 1987, fue el primero en declarar.Tesone puntualizó algunas diferencias de su función comparándola con la actualidad, tanto en la cantidad de cuentas bancarias como en los montos que se movilizaban. Dijo, respondiendo a  preguntas, que hoy día no puede el Secretario de Hacienda tener el mismo control sobre los subordinados, ya que la estructura ha crecido mucho y las tareas se han diversificado.Relató también que por aquel entonces, el contador controlaba periódicamente las conciliaciones bancarias que se llevaban en Tesorería, aunque aclaró que esos controles eran al muestreo y no exhaustivos, y sin bien por entonces eran suficientes, hoy ya no lo serían.Luego rindió su testimonial Anahí Suárez, una jubilada que durante la década de los noventa, estuvo a cargo de la Tesorería. Hizo una descripción de las distintas tareas que se realizaban en esa dependencia y aclaró que jamás fue al banco en el ejercicio de la función. Explicó los pasos que se daban previos a efectuar un pago, en los que siempre se exigía la orden de libramiento respectiva, emanada de la Contaduría.También se le consultó por el tema de las conciliaciones bancarias. Como se sabe, este es un control que consiste en cotejar los asientos del Libro Bancos con el extracto bancario de cada cuenta y es precisamente el que por haber fallado, posibilitó los hechos de peculado en 2005.Relató que ella en algún momento hacía esa tarea y sólo la controlaba su Jefa de Departamento en el área Tesorería  y que nadie más en la Municipalidad se las revisaba. Aseguró que el Tribunal de Cuentas ejercía el control en forma muy exhaustiva durante sus visitas periódicas.Se le preguntó por ciertas actitudes de persecución a que fue sometida a mediados de los 90, que no guardan relación con los hechos cometidos una década después. La mujer contestó con espontaneidad: "yo ahora estoy jubilada, disfruto de mis nietos, he perdonado a todos, los quiero a todos y me he olvidado de aquellas cosas".Seguidamente prestó declaración Raúl Arellano, quien se desempeño como Contador, Secretario de Hacienda y Director de Rentas en distintos periodos entre 1975 y 1983. Describió la estructura de su área por aquel entonces, las responsabilidades de cada uno y la forma de actuación del Tribunal de Cuentas. Sobre esto explicó que dicho órgano controlaba los circuitos contables y administrativos, y en algunos casos formulaba recomendaciones en orden a su mejoramiento.Indudablemente el testimonio principal de la jornada fue el de Guillermo Corfield, por haber sido concejal entre 1991 y 1995, y vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia entre 1983 y 1985.Este contador hizo una amplia descripción de la estructura del Tribunal de Cuentas y el modo en que se trabajaba. Dijo entre otras cosas, que solían visitar las municipalidades entrerrianas, especialmente las nuevas que iban surgiendo en esa época, en una labor de docencia preventiva acerca de cómo presentar las cuentas.Con respecto a la Acordada N° 62, una vieja norma interna emanada de ese Tribunal, relató pormenorizadamente los motivos que provocaron su derogación antes de entrar en vigencia, a principios de 1980. La importancia de este tema radica en que la imputación a Pedro Pomés se basó principalmente en un artículo de esa vieja acordada, según la cual estaba a su cargo la verificación periódica de las conciliaciones bancarias.Luego Corfield contestó numerosas preguntas del Tribunal, el Fiscal, el representante de la querella, de la defensa de Pomés, de Irigoyen y Giménez, demostrando una gran solvencia en el conocimiento del tema.Para mañana están citados los ex integrantes del Tribunal de Cuentas y Peritos en la causa, Fernando Lenardón y Gustavo Tortul, como también el contador Cuminetti Coll, todos de Paraná.