Leonardo Herrera, la víctima del Camino de la Costa: un crimen impune y 15 años de silencio

El único tema de conversación en la calle, por aquellos días, era el descenso de categoría de River Plate. Nadie salía del asombro sobre lo que ese domingo 26 de junio de 2011 había sucedido. Pero esa semana todo cambió en Gualeguaychú y el interés social giró hacia lo que se había descubierto en la mañana del viernes 1 de julio: un joven había sido hallado muerto en un complejo de cabañas en la Calle 2, a metros del Camino de la Costa.

En aquel tiempo, la zona era muy distinta a la actualidad. Poca iluminación, calles de tierra, pocos habitantes en las inmediaciones, desolación y un montón de adjetivos más que se podrían agregar para describir un lugar muy diferente a la belleza que representa hoy.

Esa mañana había sido una de las más frías registradas ese año. Todavía no se había levantado la escarcha que blanqueaban los pastos cuando la Policía tomó conocimiento del crimen que había ocurrido dentro de un complejo de bungalows, situado muy cerca de la guardería de lanchas que todavía funciona sobre el Camino de la Costa.

Leonardo Herrera había sido hallado muerto, atado de pies y manos a una silla y cubierto con una manta. Tenía un corte de 10 centímetros sobre el lateral derecho del cuello, en la zona de la arteria aorta y siete puñaladas en el tórax. Tenía 24 años y trabajaba como sereno del lugar.

Desde ese día se tomó la posible hipótesis de que habían actuado entre tres y cuatro personas, incluso se habló de la filmación de una cámara de seguridad de un complejo aledaño a la escena del crimen, pero nunca se pudo ver fielmente lo que mostraban esas imágenes y mucho menos identificar a alguien.

Inmediatamente tomó fuerza la línea investigativa de que la víctima conocía a sus homicidas, porque en la escena del crimen no había nada que mostrara indicios de un ingreso violento. “Estaba todo limpio”, contó una fuente del caso en aquel momento. Incluso, dentro de esa hipótesis inicial, se estableció que los sospechosos habían permanecido con Herrera toda la noche, pero que en un momento determinado ocurrió algo que desencadenó la tragedia.

En principio se habló que el móvil sería el robo de un televisor LCD de 52 pulgadas, otra TV de 20 pulgadas, una computadora y un DVD, aunque la investigación policial no descartó otras teorías como un ajuste de cuentas o algo relativo a un tema pasional. Fue lo primero que se tejió para tratar de explicar el móvil que pudiera orientar la investigación.

En los albores de la investigación se nombró la posibilidad de que fueran cuatro las personas que habían estado con Leonardo Herrera esa noche del crimen, pero nunca quedó muy claro qué fue lo que pasó con ellos y si pudieron ser identificados.

Se estimó que estas cuatro personas abandonaron el lugar en un vehículo y una de las pruebas más importantes con las que se contaba en un principio era la filmación de una cámara de seguridad de la guardería de lanchas, ubicada justamente en esa intersección del Camino de la Costa y Calle 2, en las que se observaba el tránsito de un auto en la hora señalada en la que ocurrió el crimen.

Pero con esto hubo un grave inconveniente: nunca se pudo distinguir nada de esa imagen por la baja calidad de la filmación. La definición era muy mala, era de noche y la zona era muy oscura, con poco tránsito, principalmente a esa hora de la madrugada.

El video se remitió para ser analizado, pero nunca se pudo mejorar. Los píxeles no eran lo suficientes como para estirar la imagen sin que perdiera claridad, y además se dificultó realizarlo con otro tipo de tecnología debido a la deficiencia en tecnología del sistema informático que existía en ese momento en Entre Ríos.

El abogado que representó a la familia Herrera solicitó que esas imágenes fueran remitidas a la Policía Federal o a Gendarmería Nacional, pero desde la Justicia se negó ese pedido y se requirió que se le preguntara a la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos para saber si había incorporado tecnología para ello. "La causa no avanza porque no hay tecnología suficiente como para profundizar la investigación como se debería", explicó años atrás el querellante.

Lo cierto es que la causa entró en un sinfín de idas y vueltas, que hasta el día de hoy no ha encontrado descanso. Quien inició la investigación fue el ex juez de Instrucción N° 3, Sergio Carboni. Por aquellos años, esta figura era quien comandaba las actuaciones de todas las investigaciones y relegaba el protagonismo de los fiscales a un segundo plano.

Así funcionaba el sistema investigativo por aquel entonces. Los fiscales eran meros colaboradores del Juez de Instrucción. Pero tras la jubilación de Carboni, el caso pasó al Juzgado de Instrucción N° 1 de Eduardo García Jurado, que lo suplantó interinamente.

Posteriormente, el 5 de febrero de 2013, llegó la tan esperada Reforma Procesal Penal en Entre Ríos, que eliminaba la figura del Juez de Instrucción y aparecían los Juzgados de Garantías y de Transición, que tenían como finalidad resguardar las garantías del proceso penal y de las investigaciones que ahora quedaban exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal.

Entonces, la investigación por el crimen de Leonardo Herrera pasó a la órbita del Juzgado de Garantías y Transición de María Angélica Pivas, que tomó ese lugar por aquellos tiempos, pero fue durante un corto periodo, porque tras su nombramiento como vocal de la Cámara de Gualeguay, el caso quedó en manos de su reemplazante, otro interino, el juez Mario Figueroa.

Luego de un tiempo subrogando el cargo de Juez de Garantías en Gualeguaychú, Figueroa también se alejó de la jurisdicción y su puesto fue tomado por el actual juez Ignacio Telenta.

Hay una máxima en el ámbito judicial forense que dice que las primeras 72 horas son claves para el esclarecimiento de un crimen; y que pasado ese tiempo las pruebas se van perdiendo, haciendo cuesta arriba llegar al culpable. Durante estos últimos 15 años esos folios o fojas han pasado de mano en mano sin que existan mayores novedades respecto al caso.

El hecho ya estaría proscripto penalmente. Dentro de esa investigación lo único que aparece como relevante es un registro palmar levantado en el lugar del hecho, que ha sido cotejado, pero “no ha dado resultados positivos”. La última directiva había sido volver a cotejar esas huellas con las bases de datos nacionales y provinciales, pero tampoco arrojó los resultados esperados que pudieran redireccionar la investigación. Incluso, hubo cierto optimismo en que esos cotejos de huellas con los registros con la base de datos de la Policía Federal Argentina en CABA y Provincia de Buenos Aires pudieran encauzar la investigación, pero los resultados también fueron insatisfactorios.

Quince años después del asesinato de Leonardo Herrera, una de las principales incógnitas ya no pasa únicamente por identificar a los responsables, sino por determinar si el paso del tiempo terminó clausurando cualquier posibilidad de persecución penal.

La cuestión no es menor. En derecho penal, la prescripción depende de la calificación legal del hecho, y justamente ese es uno de los problemas que arrastra este expediente desde sus inicios: nunca pudo establecerse con certeza bajo qué figura encuadra el crimen.

A lo largo de todos estos años no fue posible reconstruir de manera concluyente qué ocurrió aquella madrugada ni cuál fue el móvil del ataque. Esa falta de certezas impidió definir si se trató de un homicidio simple, de un homicidio cometido en ocasión de robo o de un homicidio criminis causae, figura que contempla los casos en los que el autor mata para procurar su impunidad y que prevé la pena más grave del Código Penal.

La diferencia no es solamente jurídica. De ella depende también el plazo de prescripción de la acción penal. Según lo establecido por el Código Penal Argentino, los delitos reprimidos con prisión o reclusión perpetua prescriben a los 15 años, mientras que para otras figuras de homicidio el plazo es de 12 años.

Desde el 1 de julio de 2011, fecha del crimen, ya transcurrieron quince años. En consecuencia, si el hecho fuera considerado un homicidio simple o un homicidio en ocasión de robo, la acción penal se encuentra extinguida desde hace tiempo. Incluso bajo la hipótesis más gravosa, la del homicidio criminis causae, el expediente alcanzó durante este año el límite temporal previsto por la ley para la persecución penal.

De esta manera, la falta de una definición clara sobre las circunstancias del asesinato, sumada al paso de una década y media sin una resolución judicial definitiva, coloca al caso en un escenario donde la prescripción es el desenlace jurídico más probable para una causa que nunca logró esclarecer quién mató a Leonardo Herrera ni por qué lo hizo.