LA LUCHA CONTRA EL FUEGO Y LA IMPUNIDAD
Ley de Humedales: Entre el lobby de los gobernadores, una nueva decepción y el humo que invade las ciudades
Esta semana los incendios en el delta del río Paraná volvieron a afectar distintas zonas de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. En la Cámara de Diputados de la Nación el tratamiento de la Ley de Humedales quedó en pausa por el rechazo de los gobernadores de las provincias del Norte Grande del país. Más de 1800 investigadores/as y académicos/as respaldaron la ley y rebatieron los argumentos de quienes se oponen.
Por Luciano Peralta
Cuando parecía que se generaban las condiciones para avanzar en el tratamiento conjunto de la Ley de Humedales o, mejor dicho, de los proyectos que existen para regular el uso de estas áreas naturales, otra vez la presión por el rechazo se hizo sentir y puso un freno al trabajo legislativo de una norma que espera hace más de diez años.
Tras la suspensión, por una semana en principio, aunque nunca se retomó el plenario de comisiones, fueron los gobernadores de las provincias del Norte Grande –que integran Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones– quienes hicieron público el rechazo al proyecto de ley por entender que, de aprobarse, se vería afectada la explotación minera, en particular, y los desarrollos productivos en general. Tal rechazo lo hicieron llegar desde Estados Unidos, donde se encontraban por una gira de negocios junto a funcionarios del gobierno nacional.
Mientras tanto, esta semana volvieron a ser noticias los incendios en las islas del delta del río Paraná. Brigadistas del gobierno nacional y de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires volvieron a combatir el fuego, una imagen cada vez más repetida y dramática. Las postales del fuego y la impunidad se multiplicaron desde las islas frente a la ciudad de Paraná hasta las localidades bonaerenses de Ramallo, Zárate y San Nicolás. Mientras que el humo y el olor a quemado afectó gran parte de esta zona del país.
En este contexto, las organizaciones ambientalistas volvieron a evidenciar su bronca y decepción, y a exigir el tratamiento del proyecto de ley consensuado, presentado el 2 de marzo pasado por el diputado nacional (FdT) Leonardo Grosso, uno de los impulsores del mismo.
“Las imágenes apocalípticas del ecocidio en danza se multiplican, como si los estados nacional y provinciales no pudieran prevenir lo que hace años vemos como sucede organizadamente. Desde las organizaciones hermanas de Paraná expresaban que el aire era irrespirable. El fuego en Islas de Santa Fe se veía desde la ciudad. En San Pedro lo mismo,aire intoxicante con afectación directaa toda la población. En la superficie de isla quemada,el suelo esta pulverizado”, advirtieron, una vez más, desde la Multisectorial Humedales, a través de un comunicado publicado el viernes.
“En Ramallo, la ciudadanía se convocó frente a la Municipalidad para reclamar acción concreta sobre el monstruoso foco que permitióque ardieran hogaresy, además, el trabajo de apicultores. Vimos además videos de animales quemados, que, si no fueron asesinados por las llamas, quedaron con graves quemaduras. La ciudadanía además se está organizando para recibir elementos de curación para los animales. Se estén recibiendo donaciones para las familias a las cuales el fuego les arrancó todo. Y esto es: por la avariciahumana y la falta de prevención y regulación en las prácticasque se realizan en el territorio”, dispararon.
En esta línea, reclamaron a los y las jefas de los bloques de la Cámara Baja - GermánMartínez, Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Diego de Loredo, Luis Di Giacomo y Margarita Stolbizer- que dispongan la fecha pronta y concreta para el plenario de comisiones por la ley de humedales. “Por esta ley que la ciudadanía ya expresó que necesita, y la construyóen todo el territorio argentino: Regulación y prevención para garantizar una integración de producción con conservación ambiental”.
El respaldo de 1836 investigadores y académicos
Lo hicieron a través de un documento publicado el jueves, en el que reclamaron la urgente sanción de la norma para proteger estas zonas clave para la conservación del ambiente. Y, además, rebatieron los argumentos de los mandatarios provinciales que están trabando el tratamiento en Diputados.
“Desde nuestro lugar como académicos e investigadores de Universidades Nacionales y del Sistema científico nacional queremos expresar nuestra profunda preocupación frente a la posibilidad de perder una nueva oportunidad para obtener dictamen en reunión plenaria de comisiones, que habilite al debate del proyecto de ley de presupuestos mínimos de conservación ambiental para el uso racional y sustentable de los humedales, en la HCDN”, dice el documento firmado por Beatriz Sarlo, Pablo Alabarces, Dora Barrancos, Roberto Gargarella y Ricardo Manetti, entre los 1836 firmantes.
“Estos ecosistemas son de importancia vital para el desarrollo de la vida humana debido a su inestimable aporte en materia de bienes y servicios ecosistémicos, así como por su valor de legado para las generaciones futuras; todo lo cual ha sido reconocido a nivel internacional a partir de la suscripción del Convenio Ramsar en el año 1971”, expresaron. Al tiempo que apuntaron que “en los últimos días hemos sido testigos de cómo ciertos sectores de la política han apelado a un conjunto de argumentaciones falaces inscriptas en intereses sectoriales, claramente contrarios de establecer cualquier tipo de regulación. Esto nos exige desmontar estas afirmaciones, basados estrictamente en los contenidos del expediente 0075-D-2022”, explicaron los firmantes, para abordar luego cada uno de los argumentos esgrimidos por los gobernadores de las provincias del Norte Grande:
- “No es posible aprobar el dictamen en un trámite exprés, se requiere tiempo para estudiar el proyecto a fondo”.
Se trata de una clara maniobra dilatoria. Este proyecto es el resultado de un largo proceso de sedimentación que inicia con la primera media sanción de 2013, nutrido en 2020 por los aportes de una infinidad de reuniones informativas y por el trabajo conjunto desarrollado por especialistas científicos, técnicos, ambientalistas de las provincias, asesores y legisladores. En la actualidad el proyecto cuenta con el apoyo de más de 500 organizaciones socioambientales de todo el país.
- “La Ley avanza sobre las autonomías provinciales en el uso de sus recursos y sobre la propiedad privada”.
La ley se enmarca en lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, en el cual las provincias delegan en la Nación la facultad de sancionar leyes de presupuestos mínimos ambientales. Los derechos de propiedad no se ven vulnerados por la sanción y aplicación de estas leyes, sólo se establecen los marcos regulatorios a los efectos de asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas alcanzados. Las provincias participan activamente de la realización del inventario nacional de humedales, “Será liderado por la Autoridad Nacional de Aplicación con participación de equipos técnicos, de organismos científicos y de gestión y de las Autoridades locales de las jurisdicciones”, destaca el proyecto.
- “Su aprobación afectaría la llegada de inversiones y el desarrollo productivo. No debería prohibir actividades productivas realizadas en forma sustentable”.
La Ley no establece prohibiciones a priori a ningún tipo de actividad. Sólo se establece que las autoridades competentes deberán solicitar una evaluación de impacto ambiental de forma previa a autorizar la realización de nuevas actividades o la ampliación de las actividades existentes. Se busca garantizar sustentabilidad de los ecosistemas de humedales en el largo plazo y así evitar formas de explotación que los inutilice o haga desaparecer en el corto-mediano plazo.
- “De avanzar la ley, se podrían frenar proyectos de desarrollo y eso significa miles de puestos de trabajo que se van a perder” y “aumentarían los niveles de pobreza e indigencia”.
De nuevo, se trata de una ley que fijará un conjunto de regulaciones a ser contempladas por los respectivos proyectos de inversión, que hoy se realizan sobre estos ecosistemas prácticamente sin control, con impacto muy negativos. Asegurar la sustentabilidad de los servicios ecosistémicos provistos por los humedales en tiempos de crisis climática como la actual, colabora en garantizar derechos humanos fundamentales para una vida digna de las poblaciones, como el acceso al agua, al aire limpio y a la producción de alimentos.
- “Los pobladores históricos serán desplazados de los ambientes de humedales”.
Nada se dice en el articulado de la ley que avale esta afirmación. Por el contrario, las comunidades que históricamente han construido un vínculo con estos ecosistemas, lo han hecho en un marco de armonía con su entorno, desarrollando sistemas de producción y formas de habitar respetuosas con los pulsos de la naturaleza. En todo caso, son las prácticas extractivistas desarrolladas en los últimos años las que afectan y expulsan a estas comunidades.
“A partir de lo anterior, y ante la posibilidad de nuevas estrategias dilatorias o de distracción sobre los debates de fondo, instamos a superar las presiones de lobbies poco interesados en la conservación de los humedales y hacer prevalecer el buen criterio de preservarlos, desde una mirada comprehensiva y de largo plazo que favorecerán a todos, incluso a los que producen sobre humedales”, expresaron las y los académicos.