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Los ambientalistas volverán a la Justicia por el nuevo decreto de fumigaciones

Tras conocerse el segundo decreto reglamentario firmado por el gobernador Gustavo Bordet, que redujo a 100 metros las aplicaciones terrestres y a 500 metros las aéreas, desde la Coordinadora Basta es Basta anticiparon que apelarán ante la Justicia.

Así lo confirmó la presidenta del Foro Ecologista de Paraná, Lucía Ibarra Bouzada, quien rechazó varios de los puntos del Decreto Nº 2.239. La activista consideró, en primer lugar, que la resolución tiene muchas semejanzas con el anterior decreto: “En algunas cosas es peor: por ejemplos las distancias que se ponen son respecto al casco de la escuela, es decir el centro de la escuela. Antes era a partir de donde terminaba el perímetro de la escuela”.

Ibarra Bouzada también planteó reparos sobre la clasificación que se realiza sobre los plaguicidas y su grado de toxicidad. “Es con respecto a una toxicidad aguda, es decir con respecto a los problemas de salud que la persona presenta al momento de la aplicación. En cambio, nosotros planteamos problemas a largo plazo, lo que supone una toxicidad crónica: la genotoxicidad son pequeñas dosis a lo largo del tiempo”.

La Coordinadora también atacó la falta de sustento científico para demostrar la conveniencia de los cambios implementados. “Dijeron que trabajaron con gente del INTA, del Conicet, de Salud, de Agronomía, pero desconozco en realidad si fueron trabajos científicos o si fue un criterio profesional que tomaron las personas consultadas. Tampoco dicen quiénes fueron esas personas. Para mí fue más un criterio personal de cada profesional que un trabajo científico publicado”, observó la ambientalista.

Si bien se deben consensuar acciones entre las diferentes organizaciones, porque se debe recordar que al Foro Ecologista se sumó Agmer al reclamo judicial, la Coordinadora Basta es Basta adelantó que es casi un hecho que se presentará un nuevo amparo. “Entendemos que se sigue incumpliendo con lo que se había pedido, aunque estamos todavía evaluando qué medidas tomar. Seguramente en las próximas horas sacaremos algún comunicado”, advirtió.

“La sentencia judicial decía que las nuevas distancias debían tener evidencia científica o trabajos hechos por los ministerios. Y sabemos que los trabajos no están, porque fue muy poco el tiempo para hacer algún tipo de presentación. Si no hay una evidencia científica que demuestre que a menores distancias iba a tener el mismo efecto que los 1.000 metros, entonces no se estaría cumpliendo”, afirmó Ibarra Bouzada.

OPINIÓN ¡Con la gurisada y docentes no! Basta de escuelas fumigadas

Por Martín Roberto Piaggio (*)

El Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia, en el 2018 en un histórico fallo confirmó la sentencia de la Cámara Segunda Civil y Comercial de Paraná, la cual había resuelto admitir parcialmente la acción de amparo interpuesta por el Foro Ecologista de Paraná y el AGMER contra el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos; prohibiendo la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de mil metros (1.000 mts) alrededor de todas las escuelas rurales de la Provincia de Entre Ríos, y asimismo la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros (3.000 mts) alrededor de dichos establecimientos educativos.

Si bien esta prohibición judicial es un hecho notable y significativo, definitivamente no repara el daño histórico que se ha generado, y sin dudas debe ser considerada una alerta de que algo no estaba funcionado como debía. Ciertamente, que sea un juez quien deba despertar nuestro sentido común y advertir que no puede fumigarse sobre las escuelas, nos interpela a revisarnos como sociedad en diversos aspectos, fundamentalmente, en el de la responsabilidad social por nuestra gurisada, sus maestras y maestros.

Ahora bien, lejos de ocurrir esto último, de verse interpelados de alguna forma empática, una parte del sector productivo, sus lobistas y sus socios, decidieron ponerse en pie de guerra.

Aquellos que pretendían hacernos creer que el campo éramos “todos”, hoy nos muestran su verdadera cara, se olvidaron de incluir en ese “todos” a un sector vulnerable de la población, quienes, al parecer deben sacrificar su salud en aras de la rentabilidad empresaria. Es doloroso, pero hace casi un año cuentan hectáreas sin producir, en lugar de cuantos niños y niñas dejan de ser fumigados. Lo que parece una cuestión de perspectivas, en verdad esconde una realidad temible.

Manifestamos nuestro más enérgico repudio a aquellos que otorgan más valor al dinero, la producción, las ganancias que a la vida, la salud y el ambiente; en especial la vida y la salud de miles de niños, niñas y adolescentes entrerrianos que son expuestos a los agrotóxicos en las cientos de escuelas rurales de toda la Provincia de Entre Ríos.

Queremos en consecuencia manifestar nuestro repudio hacía quienes presionan para anular el fallo, actuando con prepotencia y atacando a las instituciones, sometiéndolas con viles prácticas políticas y espurio ejercicio del poder. Asimismo, instamos a las autoridades provinciales a escuchar y a que de una vez por todas se ponga del lado de quienes le otorgaron el poder que ostenta, y a que se abstenga de tomar decisiones que menoscaben la parte más vulnerable de la ciudadanía, insistiendo en abordar por decreto, un tema que por su trascendencia social y la afectación que genera, solo puede darse en el ámbito parlamentario.

Una vez más pretenden arrearnos a una agricultura de guerra, cuando ya no cuentan no solo con la licencia social –la cual la han perdido hace ya varios años- sino tampoco con la que emerge de la institucionalidad, desde el poder encargado de impartir e imponer reglas justas para la sociedad. Una vez más encontraran a esta comunidad de pie y en la lucha, por nuestra salud, por nuestro ambiente.

Exhortamos a funcionarios y legisladores de todos los estamentos, a productores y entidades agrarias, a no ceder y defender siempre la vida y la salud de niños, niñas, adolescentes y docentes entrerrianos. Con nuestra gurisada y docentes No. Basta de escuelas fumigadas

(*) Secretario de Desarrollo Social y Salud de Gualeguaychú

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