Los choferes pidieron un nuevo aumento salarial, pero los empresarios sostienen que es imposible pagarlo

El Ministerio de Trabajo de la Nación convocó a una reunión vía zoom con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) para discutir el incumplimiento salarial y abrir el debate para futuras negociaciones. 

En este contexto, la entidad gremial que representa a los trabajadores pidió que el sueldo de los choferes alcance en diciembre los $567.592, pero los empresarios del interior del país dijeron que no pueden afrontarlo. 

Desde UTA reclamaron reiniciar “las negociaciones salariales en orden a la indispensable continuación de los acuerdos alcanzados el 10 de febrero y el 7 de julio de 2023, en la urgente necesidad de incrementar los salarios con el fin de no perder ante la inflación, y de recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios”, según consta en el Acta de Audiencia.

En esta línea, destacaron “entendemos indispensable el otorgamiento de una asignación no remunerativa para los trabajadores y las trabajadoras representadas, que deberá a abonarse en dos cuotas de $40.000 por los meses de agosto y septiembre de 2023. Dicha asignación deberá absorber en concepto de aumentos salarial establecidos expresamente en el marco dispuesto por las Comisiones Negociadoras”.

“Asimismo, y continuando la determinación de los salarios en el marco acuerdo salarial 2023, se entiende necesario el incremento proporcional alcanzando como base de los haberes del mes de octubre salarial los $452.480; noviembre en $506.778; y diciembre en $567.592”, exigió la UTA. 

Mientras tanto, desde FATAP reconocieron “el impacto del descontrolado proceso inflacionario sobre los salarios de los trabajadores”, pero aclararon que “las actuales condiciones económicas en la que se prestan los servicios de transporte por automotor de pasajeros urbanos y suburbanos del Interior del País torna imposible siquiera ingresar en el análisis del reclamo formulado por UTA y, menos aún, formular propuestas serias y sustentables tendientes a recomponer los salarios”.

Al respecto, resaltaron que “es evidente que el Transporte del Interior no percibirá en materia de asistencias nacionales sumas adicionales a las ya presupuestadas, que se manifiestan insuficientes y desajustadas al proceso de incremento en todos los costos de la operación que ha quebrado la ecuación económica de todos los contratos de concesión y amenaza hoy con provocar la paralización del sistema”.

La Federación expuso que las empresas nucleadas bajo su función “se encuentran en graves dificultades para cumplir sus compromisos salariales, comerciales e impositivos y mantener operativas las unidades que prestan los servicios, siendo materialmente imposible la normal prestación del servicio público de transporte de personas en el interior del país”.

La Fatap también criticó la desigual asignación de subsidios entre el Interior del País y el Área Metropolitana de Buenos Ares (AMBA), a la cual se le destina el 90% de la ayuda económica, quedando para el resto de las provincias solo el 10%. En este marco, reclamaron un trato igualitario dado que “en nuestras provincias también se experimentan los nocivos efectos de las devaluaciones del peso, del aumento de los combustibles, de los incrementos salariales impuestos en difíciles circunstancias y el incremento general de todos los precios de la economía”. En tanto esto no suceda, la entidad sostuvo que “no estará en condiciones de avanzar en una negociación salarial que dé lugar a acuerdos económicamente sustentables”.

El transporte local en peligro

Ante este contexto, los empresarios locales de colectivos sentenciaron que “vemos esta situación terminal de no haber una ayuda Nacional, Provincial o Municipal superior a la que percibimos”. 

Según señalan, el acuerdo de subsidios que reciben  se basa en estudios de costos realizados en 2018, muy distintos a los que se evidencian en la actualidad. 

Los empresarios locales manifestaron que con los mismos subsidios se pretende que se pague el aumento de sueldos y señalaron que el boleto a $130 no contribuye a mejorar la situación. 

“Las personas que precisan el colectivo se quedarán sin colectivo por una cuestión política, porque el Municipio de Gualeguaychú cree que le hace un favor a la gente poniendo la tarifa a $130 cuando la gente tiene que tener una tarifa de $185. Además, de esos $130 reales de boleto solo el 23% paga la tarifa completa, el resto  de la gente tiene atributos sociales y abonan el 50%”, precisaron. 

En esta línea, compararon el boleto de Santa Fe que tiene un costo de $185 en una provincia con 7 veces más habitantes y donde el Índice de Pasajeros por Kilómetro, es decir de personas que suben al transporte cada mil metros,  es de 20. Mientras que en Gualeguaychú sube un pasajero cada 1200 metros.

Y agregaron: “Te ponen en la lógica de las grandes empresas, pero nosotros estamos por debajo de una pyme.  Además, el transporte de Gualeguaychú es del Municipio, yo lo tengo concesionado, y de fondo no dejo de ser un empleado municipal”.

Ante este panorama, los empresarios optaron hace un tiempo por no invertir en el transporte porque económicamente no les resulta viable.

Finalmente concluyeron: “Queremos saber cómo podemos hacer para pagar esa plata que UTA pide para nuestros empleados. Tampoco vemos posible que se llegue a un acuerdo de actualización de las condiciones antes del 22 de octubre”.