El miércoles por la noche, el Concejo Deliberante de Gilbert sesionó para decidir si aparta del cargo al intendente Ángel Constantino, con una licencia con goce de sueldo, hasta que se aclare su situación judicial por tres denuncias de violación (abuso sexual agravado) que pesan en su contra en la Justicia local. Y tras un debate en el recinto, los integrantes del Concejo Deliberante decidieron dar lugar a la resolución luego de una votación 4 a 3 a favor. Votaron a favor dos concejales del oficialismo Federico Provini y Leandro Treisse y los ediles Carlos Bernardi y María Estela Aizaga de Juntos por el Cambio, mientras que en contra votaron dos concejalas del Frente de Todos y un edil de la oposición. Minutos antes de que comience la sesión, familiares y organizaciones feministas –entre ellas Enredadas Feministas de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano– acompañaron a las mujeres que denunciaron al Intendente y marcharon desde plaza Vasca hasta el Concejo Deliberante. "En el mes de marzo presentamos un proyecto de resolución invitando al intendente Ángel Fabián Constantino a tomar licencia de su cargo hasta que la Justicia aclare su situación. El proyecto fue presentado junto con la concejal María Estela Izaga", había expresado Carlos Bernardi, concejal de Juntos por el Cambio de la localidad de Gilbert, antes de la sesión. Por su parte, el abogado de las víctimas, Juan Ignacio Weimberg, había informado la larga lista de hostigamientos que sufrieron las tres mujeres que se animaron a denunciarlo, inclusive el Intendente estuvo unas horas preso por violar la restricción perimetral impuesta por la Justicia. “Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía a cargo de la doctora Martina Cedrés y está en vísperas de elevarse a juicio. La situación de la víctimas es trágica ya que viven un un pueblo donde son hiper observadas, que todo el mundo habla de ellas, las juzga, un pueblo sonde todo el mundo tiene que ver con la municipalidad. No ha sido fácil para estas mujeres, soportar la presión del Estado en muchas manifestaciones que generan un malestar. No obstante han resistido, han denunciado y se han animado a contar estas cosas e incluso hay otras mujeres y personas que se han solidarizando y están dispuestas a declarar y a reclamar que el intendente se aparte mientras esta situación judicial se aclare para que deje esa posición de poder asimétrico, respecto a ellas", afirmó Weinberg. En tanto opinó: "Como ciudadano y como abogado opino que corresponde el apartamiento del cargo con goce de haberes porque el funcionario también tiene derechos constitucionales como su legítima defensa, un juicio justo y la presunción de inocencia. Pero no debe seguir ejerciendo con el peso de tres denuncias por violación en su haber". Hostigamientos y denuncias La primera denuncia la presentó Luján Aguirre, una empleada de Prensa municipal, a mediados de 2021. Detrás de ella se animaron otras dos mujeres que habían sido abusadas por Constantino. Otras mujeres describieron el contexto de violencia de género en que ejercía el poder el intendente, diciéndoles "nadie es imprescindible", "acordate que tu papá y tu mamá trabajan en el municipio y como los pongo los puedo sacar", "acordate que te puedo dar una solución habitacional o quitártela", y otras amenazas para que no denuncien la situación. Asimismo relató que una joven que hacía promociones de ropa en redes sociales, fue convocada por el intendente que le ofreció "pagarle la carrera de modelo". "Esto no es delito tipificado en el Código Penal pero nos da la pauta de cómo se manejaba el intendente. En algunos casos ofreciendo cosas de manera libidinosa y, por otro, coaccionando y amenazando con dejar en la pobreza a sus familias", expresó el abogado. Pruebas contundentes El abogado dijo que hay pruebas que lo incriminan. Hay muchos testimonios de mujeres, Las amenazas están registradas en mensajes y existe un informe lapidario del equipo técnico de la Dirección Provincial de la Mujer que calificó a las mujeres como víctimas y avala la veracidad de sus testimonios. Finalmente indicó que, desde el punto de vista político merecería una causa por mal desempeño. "Un intendente que ofrece cursos de modelaje a una persona de la manera que lo hizo para conseguir favores sexuales no tiene que tocar los dineros públicos", dijo y acotó que, de demostrarse las violaciones, le cabrían al menos 10 años de prisión.
