Los detalles del acuerdo entre el Municipio y la Unidad Penal Nº9

La directora de Producción y Desarrollo Económico y el director de Personal ampliaron los pormenores del convenio que permitirá que algunos internos cumplan funciones en el Municipio. El acuerdo fue calificado por los funcionarios como "inédito en la ciudad". La semana pasada, el intendente Martín Piaggio celebró un convenio para colaborar con la Unidad Penal N° 9 Granja Penal Colonia El Potrero, del Servicio Penitenciario provincial, acordaron adoptar programas de acciones de interés comunitario para la inserción social de los internos, destacándose la futura labor que los presos comenzarán a prestar en el Municipio."La meta es brindar un apoyo socio-comunitario para comenzar un proceso de preparación para la libertad de internos, con la finalidad de que se vayan adaptando a la vida en comunidad", explicó a ElDía desde Cero Lorena Arrozogaray, directora de Producción y Desarrollo Económico de la Municipalidad, quien brindó todos los alcances del convenio.Al respecto, la funcionaria aclaró que los condenados no van a tener relación laboral con el Municipio debido a todo es parte de un programa de acciones de interés comunitario y que el rol del gobierno es "acompañar el aprendizaje de los internos desde las distintas áreas de gobierno", y que "de esta manera formen una red de vínculo y apoyo". Nota relacionada: "La meta es que el interno, estudie, se capacite y salga con una profesión"  "Los internos llevaran a cabo, en primer lugar, tareas de capacitación en oficios y de vinculación social, que les será de suma utilidad una vez que cumplan su pena y queden en libertad", destacó Arrozogaray, quién también informó que la UP9 recibirá por parte del Municipio un incentivo económico que ayude en todo lo que genera la logística, el traslado y el movimiento de internos al lugar en el que tengan que desarrollar tareas.Por su parte, el director de Personal, Hernán Ayala, sostuvo que los presos realizarán labores de interés comunitario y que son varias las áreas municipales para que realicen un abanico amplio de tareas. "La persona que en su momento cometió un delito y que llega a esta instancia es porque ha pasado un proceso, cumplido determinadas tareas y varias cuestiones más que determina la Ley de ejecución de la pena privativa de la libertad", afirmó.Aunque la evaluación del desempeño será conjunta entre ambas partes, las reglas serán las que impone el Servicio Penitenciario. Lo mismo sucede con el proceso de selección de las diez personas que ingresarán al programa, que estará a cargo de los equipos técnicos y profesionales de la UP 9."Todo este movimiento genera polémicas, pero la pregunta que debemos hacernos es: '¿qué queremos para la  gente que cumplió su condena y que queda en libertad?'. Por eso es importante este acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que hay mandatos legales que marcan que la persona que ya cumplió una condena debe reinsertarse en la sociedad y que la ciudadanía tiene que apoyar y entender", enfatizó el director de Personal municipal."La gestión que lleva adelante el intendente Piaggio tiene  una política de inclusión y de acompañamiento a los sectores que más lo necesitan, con políticas de gobierno específicas", reforzó Arrozogaray antes que Ayala agregara que el convenio firmado "es algo inédito y un avance progresivo para con los derechos de los privados de libertad".