Sorpresa. "A todos esos puntos el Gobierno les fue dando respuesta, por eso no entendemos esta medida", cuestionó Landó
Ayer, Agmer resolvió acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el Juzgado Laboral N°1 a cargo de la jueza laboral Gladys Pinto. Lo hizo después de incumplir lo dispuesto por la Justicia. Desde el gobierno expresaron "desconcierto" por la medida docente.
Como ha sucedido, por lo menos, en los últimos 25 años en Entre Ríos, el comienzo de las clases llega con discusiones no saldadas, medidas de fuerza y un sinfín de complicaciones para miles de familias que tienen que resolver qué hacer con los chicos durante las horas que no están en la escuela. Ésta última cuestión siempre fue subestimada frente a los debates por las reivindicaciones de los trabajadores docentes y, más de fondo, por la (cada vez peor) calidad educativa. Pero lo cierto es que si los chicos no están en clases, los adultos -la gran mayoría hace equilibrio entre las obligaciones laborales y las del hogar- deben resolver un problema más.
Afortunadamente, hoy habrá clases en toda la provincia. Ayer al mediodía, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) decidió aceptar la conciliación obligatoria dispuesta por la justicia entrerriana la semana pasada. Esta decisión llegó "luego de haber afirmado que el paro del lunes se mantenía igual pese a lo decidido por la jueza laboral Gladys Pinto", ratificaron desde el sindicato más grande de la provincia. Fue luego del Congreso Extraordinario realizado en la localidad de San Salvador.
"De esta manera, el sindicato asistirá a la primera audiencia de conciliación, a realizarse el próximo miércoles 27", informaron a través de su órgano de prensa.
Por su parte, el Gobierno provincial había insistido con la idea de que ayer las clases se deberían haber dictado con normalidad. De hecho, la responsable del Consejo General de Educación (CGE), Marta Irazabal de Landó había pedido ayer a los padres que "manden a los chicos a la escuela", porque todas las instituciones deberían haber cumplido con lo dispuesto por la Justicia y garantizar el derecho a la educación.
La propuesta y el desconcierto
"No es solo el incremento del 20%, acá se sumaron muchísimos puntos más. Se pidió al Gobierno una suma fija, que quedó en 660 pesos en marzo y 720 a partir de mayo; se pidió crear una comisión del seguimiento del salario docente; que de ese 20%, el 11% sea para el desfasaje del 2018 y el 9% quedara a cuenta del Indec; que se pagará en julio de forma automática. A todos esos puntos el Gobierno les fue dando respuesta, por eso no entendemos esta medida, porque había sido una propuesta integral. Nos genera un gran desconcierto este rechazo", expresó Marta Landó.
En esta línea, en diálogo con ElDía, se mostró sorprendida porque cuando se presentó la propuesta en la Secretaría de Trabajo los representantes gremiales "salieron muy conformes, había conformidad de parte de ellos". Pero tras la consulta a sus bases, en asamblea, el rechazo fue mayoritario.
Por otro lado, la titular del CGE, recordó que, con la intención de darle viabilidad a la negociación y para dar cumplimiento a la medida judicial, que exige a las partes abstenerse de tomar cualquier tipo de medida que afecte la conciliación, resolvieron descontar días de paro y "devolver los cinco días descontados del año pasado".
"La propuesta es buena", aseguró Landó, que mañana a las 9.30 se hará presente para asistir a una nueva instancia judicial. "Por ahora sólo conocemos el rechazo a nuestro paquete de propuestas, hasta el miércoles no hay otras demandas", agregó.
