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Jorge Lanata, Beatriz Sarlo, Luis Brandoni, Gustavo Noriega, entre otros, firmaron la solicitada a favor de la interrupción involuntaria del embarazo. A continuación, la solicitada que firmaron periodistas y actores.

Esta mañana arrancó a debatirse en el Congreso de la Nación la despenalización del aborto, tema que viene siendo debatido a nivel social desde hace tiempo. Habrá marchas a favor y en contra de este debate en las afueras del recinto. Constitucionalistas, periodistas, artistas y especialistas expondrán en la Cámara de Diputados sus posturas y el debate llevará unos meses hasta la votación o no de la ley.

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Jorge Lanata, Beatriz Sarlo, Luis Brandoni, Gustavo Noriega, Dolores Fonzi, Nancy Dupláa, Carla Peterson, Mirtha Busnelli y Verónica Llinás, entre otros, se plegaron a la solicitada a favor del inicio de este debate.

A continuación la solicitada presentada que lleva la firma de periodistas, artistas y actores reconocidos:

Los abajo firmantes, escritores, periodistas, artistas, académicos, intelectuales y ciudadanos comprometidos con los derechos individuales y la igualdad de género, queremos manifestar nuestro apoyo a la legalización y gratuidad de la interrupción voluntaria del embarazo en la República Argentina.

Reiterados estudios y experiencias demuestran que la interrupción del embarazo es una práctica extendida en todas las sociedades y que su penalización no reduce el número de abortos pero sí obliga a las mujeres pertenecientes a los estratos más vulnerables de la sociedad a practicarlos en la clandestinidad, estableciendo una divisoria social inaceptable entre quienes gozan de recursos económicos suficientes para garantizarse condiciones sanitarias adecuadas, y quienes no.

La legalización y gratuidad de la interrupción voluntaria del embarazo no obliga a abortar ni promueve el aborto, y no aumenta su número sino que lo disminuye, reduciendo además, drásticamente, la mortalidad materna. Así lo ha afirmado el actual Ministro de Salud de la Nación, Dr. Adolfo Rubinstein, quien señaló también que los abortos practicados ilegalmente son la primera causa de mortalidad materna en nuestro país. Por lo tanto, legalizar la interrupción voluntaria del embarazo no significa despreciar la vida sino asegurarse de que los abortos se realicen en condiciones sanitarias adecuadas e impedir la persecución penal de mujeres que atraviesan un momento de dolor y fragilidad. La legalización y la gratuidad pueden facilitar también la asistencia de especialistas que ayuden a esas mujeres a considerar opciones alternativas al aborto, apoyarlas si deciden continuar con su embarazo y ayudarlas a tomar decisiones conscientes e informadas.

Respetar todas las creencias implica reconocer que el momento en que se considera efectiva la existencia de un ser humano es, por lo menos, debatible. Que la legislación vigente contemple penas muy diferentes para el aborto y para el homicidio, consienta la interrupción del embarazo en muchos casos y permita utilizar libremente algunas formas químicas de interrupción del embarazo demuestra que tales divergencias tienen ya reflejo en nuestro orden legal. En estas circunstancias, que un sector de la sociedad pretenda seguir imponiendo sus propios criterios y convicciones mediante la acción coactiva del Estado viola las libertades individuales y afecta gravemente los derechos de un sector triplemente discriminado: las mujeres jóvenes y pobres. No por casualidad, las sociedades que ostentan los mejores estándares de derechos humanos, desarrollo económico y bienestar personal han legalizado la interrupción voluntaria del embarazo hace décadas. En la mayoría de ellas, forma parte de los servicios que los sistemas sanitarios proveen gratuitamente.

Finalmente, consideramos al aborto un recurso de última instancia y abogamos, como hemos hecho siempre, porque el Estado garantice una educación sexual de calidad y el acceso a métodos anticonceptivos adecuados. Celebramos también que este tema haya llegado finalmente al Congreso Nacional, pero no nos parece suficiente. Creemos que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y su inclusión entre los procedimientos previstos por el sistema sanitario en el marco de un amplio programa de educación sexual y salud reproductiva configuraría un valioso avance hacia el respeto de los derechos individuales y la igualdad de género. Por eso, solicitamos su aprobación a nuestros representantes. Para que esta ocasión histórica no se pierda y este importante paso hacia la adecuación de las leyes a la realidad social del siglo XXI sea dado de manera completa.