Los números unitarios

La idea de la patria federal que motivó nuestra nota del domingo pasado, se traduce necesariamente en asuntos tangibles. La participación de las provincias en la renta nacional es el principal. Por Mario Alarcón Muñiz Ese país interior genera el mayor volumen de recursos para sostener el Estado nacional. Pero en la Argentina el sistema funciona al revés y a medida que pasa el tiempo el centralismo acentúa su poder, concentrando casi todos los instrumentos de gobierno.En la actualidad sin la venia y la caja del Estado nacional muy poco pueden hacer los gobiernos provinciales. Sus presupuestos cubren las exigencias de la administración pública y quizá algunas obras. No mucho más por falta de recursos que deben gestionarse ante la Nación si se desea encarar emprendimientos de cierta envergadura. El gobierno central es el padrino. Sin su bendición y su chequera es imposible avanzar. Régimen unitario, en definitiva. Violatorio de la Constitución Nacional (art.1°). La voracidad nacionalEn los primeros tiempos de nuestra organización institucional las finanzas nacionales eran atendidas con los derechos de importación y exportación, además de la venta de tierras fiscales (por entonces buena parte del país) y otros recursos menores. A su vez las provincias se sostenían con impuestos internos sobre inmuebles y actividades comerciales e industriales. De esta manera sus rentas eran muy dispares, además de producirse algunas superposiciones impositivas. Con el buen pretexto de "equilibrar y unificar la política tributaria" el gobierno del presidente Justo consumó un primer gran avance sobre los derechos provinciales, creando en 1935 el régimen de coparticipación federal sobre tres gravámenes básicos a recaudar por el Estado nacional: réditos, ventas e impuestos internos unificados.De la suma total el 17,5 % se distribuía a las provincias. Este índice de amarretismo se mantuvo hasta 1949, cuando el primer gobierno de Perón lo elevó al 51 %, para establecerse en el 54 % en 1988 durante el período de Alfonsín, mediante la ley 23.548 aún vigente, aunque "suspendida" en tiempos de Menem-Cavallo. Esa norma determina además el porcentaje a distribuir por provincia, correspondiéndole a Entre Ríos el 5,07 % de la masa coparticipable. Un zarpazoSi bien la legislación se mantiene en sus aspectos principales, se han registrado algunas correcciones. La propiciada por Menem-Cavallo ha sido la más significativa. Mediante el pacto fiscal de 1992 no sólo suspendió la aplicación de la ley, sino que redujo la coparticipación en un 15 %  con el objeto de financiar el sistema previsional estatal, afectado por la privatización de las jubilaciones y la creación de las Afjp.  Los obedientes gobernadores firmaron y los legisladores oficialistas aprobaron aquella ley 24.130 que les escamoteó fondos a las provincias por ellos representadas. Desde entonces (el mes próximo se cumplirán 19 años) el Estado nacional recorta el 15 %  de  coparticipación. Y lo que es más grave: sigue quedándose con ese margen a dos años y ocho meses de la desaparición de las Afjp. ¿Deudoras o acreedoras?No se detiene ahí el avance unitario sobre las provincias. En 2004 el presidente Kirchner propició la ley 25.917, denominada de responsabilidad fiscal, imponiendo a las provincias diversas reglas administrativas con el fin de "preservar el equilibrio financiero", según se expresó entonces. Objetivo incuestionable, como el de Justo 69 años antes, pero igualmente inconstitucional porque encierra el federalismo en los libros de historia. Y que no se mueva de allí. Entre otras disposiciones la ley creó el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, integrado por representantes nacionales y provinciales, con una cláusula muy divertida: sus disposiciones pueden ser vetadas por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Alguien sabe entonces para qué sirve?Lo cierto es que encima de todos los saqueos mencionados, muchas provincias -la nuestra entre ellas- le deben dinero a la Nación. En un acto "federal de justicia", según se lo anunció, la Presidenta dispuso en mayo del año pasado -vísperas del Bicentenario- "el desendeudamiento" de las provincias que adhirieran a la propuesta. Según es habitual, se usaron términos inapropiados pensando más en la propaganda que en la realidad, porque no hubo ni hay tal desendeudamiento, sino refinanciación, que es una cosa muy distinta. Cierto es que el plan ofrece interesantes ventajas, como el plazo hasta 2030 para pagar la deuda, a partir de enero de 2012 y al 6 % de interés anual. Pero hay que pagar. Y son en total 65.000 millones de pesos.Si tomamos en cuenta todo lo que se les ha escamoteado, las provincias no son deudoras sino acreedoras del Estado nacional. Sólo en 2010 éste les pagó 35.971 millones de pesos menos de lo que corresponde por coparticipación, según el informe de la Comisión de Coparticipación del Senado de la Nación, emitido en febrero pasado. Si esta no es política unitaria ¿cómo se le puede llamar?