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Política | Juan Pablo Aguilera | Sergio Urribarri

Los organismos de control habían observado las contrataciones de publicidad

En la audiencia se exhibieron documentos que revelan que el Ministerio de Cultura y Comunicación emitía órdenes de publicidad antes de que los proveedores iniciaran los expedientes administrativos. Esas cuestiones fueron observadas por la Contaduría General y por el Tribunal de Cuentas.

El ex ministro Pedro Báez quedó expuesto en el juicio donde se investiga el desvío de fondos públicos a través de campañas publicitarias para financiar la candidatura presidencial de Sergio Urribarri, a partir de las revelaciones de que la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas habían objetado el modo en que se realizaban esas contrataciones porque no respetaban las formalidades legales.

Así quedó expuesto durante la declaración del contador Héctor Enrique, integrante del Gabinete Pericial Contable del Ministerio Público Fiscal, que tuvo a su cargo el análisis de los expedientes de publicidad correspondientes al período 2010-2015.

El contador reveló detalladamente además cómo funcionaban los esquemas de devolución de dinero que habría recibido Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, tanto por la cartelización de las contrataciones de publicidad en la vía pública como por la instalación del parador playero en Mar del Plata, que la fiscalía asegura que tenía como objetivo promocionar la figura de Urribarri.

De acuerdo con la acusación, entre 2010 y 2015, Urribarri y Báez “sustrajeron fondos públicos” por un monto total de 24.204.918,69 pesos y los direccionaron a favor de las empresas TEP SRL y Next SRL, que se le atribuyen a Aguilera, a través de un sistema de cartelización que consistía en realizar una simulación en la distribución de la publicidad hacia otras empresas.

El contador logró reconstruir que, en 2010, a la empresa TEP SRL se le asignó el 40 por ciento de la publicidad en la vía pública; Emiliano Giacopuzzi, que figuraba en los papeles como dueño de la firma, recibió el 4 por ciento; mientras que Fernando Montañana y Jesús José María Bustamante recibieron el 25 por ciento cada uno. Aunque los porcentajes asignados a cada empresa varían en los años siguientes, los fiscales aseguran que gran parte de los montos que recibían las otras firmas era reembolsado a Aguilera casi en su totalidad.

Sin embargo, el contador Enrique aseguró que “en 2010, se advirtió que el encuadre legal (que se les dio a las contrataciones de publicidad en la vía pública) no sería adecuado porque no se hizo una compulsa de precios y entonces no se puede determinar si los pagos se corresponden con los valores de mercado”, dijo citando un informe del Tribunal de Cuentas.

Del mismo modo, detalló objeciones realizadas por el Tribunal de Cuentas a contrataciones realizadas en 2013 y 2014 porque, de acuerdo con los informes que leyó ante el tribunal, “no se habría aplicado cabalmente la legislación vigente”.

El testimonio resulta de gran relevancia porque ataca el principal argumento esgrimido por los abogados defensores en cuanto a que las contrataciones se hicieron cumpliendo con los mecanismos institucionales y contaron con la aprobación y verificación de los organismos de control establecidos por la Constitución Provincial, es decir, la Contaduría General, la Tesorería, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, el contador Enrique señaló que la Contaduría General de la Provincia también planteó objeciones porque advirtió se habían emitido órdenes de publicidad a favor de proveedores con una fecha anterior a que estos presentaran propuestas de publicidad. “Las fechas de inicio del expediente y la nota del proveedor inician con posterioridad a la fecha de la orden de publicidad”, explicitó.

En todos los casos, las órdenes de publicidad estaban firmadas por el entonces gobernador Urribarri y el ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez.

En ese marco es que Enrique citó un informe de la Contaduría General de la Provincia en el que se advierte que “las autorizaciones deberán ser previas a la realización del gasto, excepto que medien probadas razones que justifiquen su aprobación posterior”. En algunos casos, las órdenes de publicidad se emitían hasta seis meses antes de la fecha de inicio del expediente administrativo y en otros casos se emitían para prestar servicios de publicidad en fechas anteriores.

El parador en espejo

El esquema de devolución se replicó también en la instalación del parador playero de Mar del Plata, en enero de 2015, de acuerdo con el informe que expuso el contador ante el tribunal que integran José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.

La instalación del parador estuvo a cargo de la empresa El Juego en que andamos SRL, a la que se le abonaron 14.561.870 pesos. Pero una parte, que se estima en una suma cercana a los 4,5 millones de pesos, habría retornado a Aguilera en efectivo, por medio de transacciones bancarias y también a través de la emisión de facturas de otras empresas a favor de El juego en que andamos.

Lo que explicó el contador Enrique es que para efectivizar el esquema de devoluciones se utilizaron facturas que simulaban servicios prestados por las empresas Visual Ilusion, Megaprint SA, Phillips, Wall Street Vía Pública –que pertenece a Enrique Albistur, histórico empresario de publicidad, ex secretario de Medios durante los gobiernos kirchneristas y dueño del departamento donde vivía Alberto Fernández hasta que asumió como Presidente de la Nación– y Fredy Publicidad SRL, a favor de El juego en que andamos. En total, según el informe contable, sumarían 2.807.500 pesos, que volvieron a las cuentas de TEP SRL y Next SRL. El esquema de devolución, dijo el contador, está validado por la información aportada por el fisco, los datos extraídos por la propia empresa y los registros bancarios.

“La emisión de facturas por distintas personas en favor de la firma El juego en que andamos SRL simulan la existencia de una operatoria comercial normal. La simulación se da por la existencia de documentación de las operaciones que no se han efectivamente materializado, careciendo así de sinceridad”, consignó Enrique en el informe sobre el que expuso en el juicio.

En ese esquema resultó trascendental el rol de Corina Cargnel, contadora de las empresas TEP y Next, porque era la persona que gestionaba la confección de facturas con las empresas subcontratadas e intermediarias y también los retornos. “El rol de Corina Cargnel es el de administradora principal de las finanzas de TEP y Next; sobre ella están los dueños, sobre ella están los socios”, aseguró Enrique. “Juan pablo Aguilera es el socio, dueño de las empresas y ella le vuelca la información para que tome decisiones sobre determinadas cuestiones de inversión”, agregó el contador.

Fuente: Página Política

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