“Los privás de la libertad toda la vida o aplicás la pena de muerte”

Fue el impulsor de la Ley 10.015, aprobada en 2011, que creó el Registro de Identificación Genética de Abusadores Sexuales en Entre Ríos. Nunca fue reglamentada por el Ejecutivo y, por lo tanto, el registro no se creó. "Nunca he sido partidario de la pena de muerte, pero creo que tenemos que darnos el debate", dijo Osvaldo Chesini.El asesinato de Micaela García, la joven que fue hallada muerta el último sábado en un campo de Gualeguay, desató múltiples cuestionamientos, no sólo hacia la Justicia, sino también hacia todos los poderes del Estado.En 2011, impulsada por el senador Departamental del Frente Entrerriano Federal, Osvaldo Chesini, la legislatura entrerriana aprobó la creación del "Registro de Defensa de la Integridad Sexual", conocido como registro de violadores.Seis años después, y a partir de la repercusión mediática que tuvo el caso de Micaela, el tema volvió a ganar el centro de la escena. Pero ¿Qué pasó con el registro? Nada. Absolutamente nada. La ley nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo y, consecuentemente, es como si no hubiese existido."La ley preveía la creación de un registro de datos de violadores. En aquel momento, la Justicia argüía cuestiones constitucionales, pero evidentemente no se puede avanzar en este tipo de proyectos si no avanzamos sobre las garantías de los culpables, de los violadores", expresó Chesini en diálogo con ElDía desde Cero.La ley, que nunca se puso en funcionamiento, establece la creación de un "Registro Especial en el ámbito de la Justicia Provincial dependiente del Superior Tribunal de Justicia". Además, la realización del examen genético y la incorporación de esta información "se hará sólo por orden judicial previa sentencia firme"."El Gobernador (Sergio Urribarri) debería haberla reglamentado en concurso con la Justicia", explicó el exsenador -"el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de treinta (30) días, coordinando sus términos con el Superior Tribunal de Justicia, expresa la norma aprobada-, al tiempo que aclaró que "en este caso en particular (por el de Micaela García) quizá el registro no hubiese sido necesario, ya que la colaboración de la gente, la reacción de la Policía y los medios de comunicación fueron dando resultado bastante rápidos (en la identificación de Wagner)".Pero, por otro lado, "hay una multiplicidad de este tipo de delitos que quedan totalmente impunes porque no se sabe por dónde empezar a investigar; los violadores son cazadores seriales que reaccionan frente a la oportunidad, a veces hasta se trasladan de ciudad, lo hacen fuera del ámbito en el que viven", relató Chesini para explicar que "el proyecto preveía la conformación de un registro con todos los datos de aquellos que hayan cometido delitos sexuales para tener una herramienta que permita comenzar a investigar".Sobre la pena para los violadores el ex candidato a Intendente de Gualeguaychú recordó que "en su momento" investigó mucho el tema. Y, sobre el reincidente en este tipo de delitos dijo que "no tiene solución, o lo tenés privado de libertad durante toda la vida o le aplicás la pena de muerte, no hay muchas alternativas"."Por principios, nunca he sido partidario de la pena de muerte, pero frente a este tipo de cosas a uno realmente le tiembla la pera y está abierto a estas posibilidades", agregó. Por último, fue muy crítico del sistema de Justicia de la Argentina. "Estamos totalmente garantistas, pero garantistas para los culpables; lo que no garantizamos son los derechos de los ciudadanos. Esto exige un debate profundo. Nunca he sido partidario de la pena de muerte, pero creo que los argentinos tenemos que darnos este debate y tenemos que buscar soluciones de fondo. No puede ser que nos esté pasando prácticamente todos los días este tipo de cosas".La norma aprobada hace seis años contemplaba que "hasta tanto se incluya en la Ley General de Presupuesto, el gasto que demande la instalación y funcionamiento del Registro de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, será afectado a Rentas Generales con imputación a la presente ley". Obviamente, al no reglamentarse la misma, nunca se destinó un peso para tal fin.Tampoco en la Nación El 3 de julio de 2013 la Cámara de Diputados aprobó la Ley 26.879 que buscaba crear un registro con información -desde nombre y domicilio hasta fotos y apodos- y material genético de todas las personas condenadas con sentencia firme por delitos sexuales. Dos años después de que el proyecto fuera aprobado en el Senado, el debate se reactivó en la Cámara Baja tras la muerte de Ángeles Rawson y la misma fue aprobada. Pero, lamentablemente, nunca fue reglamentada."Después de siete años luchando para conseguir el registro, nos dejaron contentas con la ley pero nunca más se hizo nada", le dijo a Télam Silvia Irigaray, líder y fundadora de las Madres del Dolor. Irigaray contó que un año y medio atrás tuvieron una reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y que fue entonces cuando descubrieron que el registro nunca se había implementado. "Casi por casualidad le preguntamos cuántas personas había en el registro y ahí nos dijo que nunca se puso en práctica", agregó.