La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak, a través de un comunicado, aseguró que "en la justicia entrerriana no hay fondos secretos, ocultos o ilegales". Durante la semana se generó una fuerte polémica. El senador nacional mandato cumplido, Héctor Maya denunció la semana pasada en ElDía que "a los sueldos los establece el Superior Tribunal, pero a partir de un presupuesto que se aprueba por la Legislatura en un acuerdo político entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. O sea que acá hubo una mesa de negociación oculta, una paritaria oculta donde no se sabe qué fue lo que se negoció para lograr, sin ninguna situación traumática ni de lucha, un avance salarial descomunal. Y muchos sospechamos que el canje de esa situación de remuneraciones laborales puede ser la impunidad. O una de las cosas puede ser la impunidad de la corrupción".Ante esto, a principio de semana, ElDía recibió, con membrete del despacho del diputado nacional Horacio Alonso, del Frente Renovador, un proyecto de Declaración donde manifiesta: "Expresar preocupación por la situación que se vive en la Provincia de Entre Ríos, a partir del nivel elevado de remuneraciones del Procurador Fiscal y Superior Tribunal de Justicia y el conocimiento reciente, que también manejan desde el año 2010 gastos reservados millonarios, de los cuales nadie conoce su destino".En los fundamentos hace constar que "a partir de declaraciones de prestigiosos dirigentes y de diversos medios de comunicación (ref.: Análisis Digital, El Entre Ríos, José Luís Serroels, El DIA de Gualeguaychu Diario Junio, Claudio Gastaldi, etc.) se ha tomado conocimiento del elevado nivel de remuneraciones del Procurador Fiscal y Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que se constituye al parecer, en la únicaprovincia de la Nación, con sueldos iguales, equiparados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta situación en la medida que ha trascendido genera serios problemas que se ponen de manifiesto de diversas maneras. En el ámbito externo de la provincia, se convierte en una bandera de reclamo para otros organismos jerárquicos similares en el resto de las provincias, que señalan como referencia, que desean percibir lo mismo que la Corte Nacional y Entre Ríos, provocando serios inconvenientes, por el desnivel salarial que se verifica entre el Poder Judicial y el resto de las administraciones publicas provinciales. Mucha mayor crisis manifiesta en las otras provincias, la novedad,que a partir del año 2010, en Entre Ríos, además se adjudican GastosReservados, desconociéndose el destino de los mismos. Causa un interrogante importante, desconocer de qué forma se lograron tales incrementos y gastos reservados desde el año 2010, sospechando algunos por sus declaraciones, la preocupación que ellopuede estar vinculado a un pacto de impunidad entre los poderes político y judicial. Esta situación alcanza al procurador Fiscal Dr. Amilcar GARCIA, que percibe el mismo nivel salarial que el Superior Tribunal y quien hasta la fecha, no ha manifestado actividad investigativa alguna respecto del destino de tales Gastos Reservados, comprometiendo ello por vía de eventual Incumplimiento de los deberes y/o, Encubrimiento su situación. En este caso, la cuestión es más grave, toda vez que el Dr. García, integraba con anterioridad la Justicia como Camarista Penal y plasmo la jurisprudencia en el caso Rossi (ex vicegobernador), la condena que todo Gasto Reservado no rendido adecuadamente, constituye Enriquecimiento Ilícito.También el marco de protesta fue publicitado por el actual Presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Dr. Rubén PAGLIOTTO (quien sufrió un atentado en su estudio jurídico), al igual que de los ex responsables de la cartera de Justicia de dichaprovincia, Dres. Héctor MAYA, José Carlos HALLE y Rubén VIRUE, como se verifica en diversos medios de comunicación, en donde a su queja, suman el desconocimiento de la necesidad y destino de Gastos Reservados. Esta situación, altamente compleja e insolidaria, por la desigualdad de remuneraciones, llega al extremo que los integrantes del Poder Judicial en su cabeza, perciben remuneraciones que duplican en más, al propio Gobernador de la Provincia, derramando similar desigualdad, respecto de todos los empleados públicos, habilitando una irritación y queja, que revelan una crisis creciente. Esta situación se ha visto hoy amplificada y rechazada, ante la gravecrisis de déficit y pobreza que vive la provincia, y más aún, ante el sorpresivo conocimiento del hecho ignorado por casi toda la población, que además de las altas remuneraciones, el Supremo Tribunal Provincial, tiene adjudicado, millonarios gastos reservados, desconocidos por la sociedad. Todo esto, ha promovido una queja generalizada de la sociedad en sus diversas expresiones, lo que se suma a una realidad de protesta por injusticia en la administración y diversas vinculaciones del Poder Judicial, con el Poder Político, como de la misma forma un abundante listado de parientes, familiares cercanos y amigos íntimos u otras relaciones, que a partir de su cercanía con la Justicia, ocupan cargos en diversos ámbitos del poder, en evidente negociación o concesión con el poder político.Todo lo señalado, de lo cual dan conocimiento los medios de comunicación, han provocado en Entre Ríos, una situación de crisis valorativa respecto de la Justicia, que se traslada al debate diario y que viene al caso, establecer la preocupación y el llamado a corregir tales deformaciones. Desde lo gremial, cabe rescatar la ponderación de mejora a las remuneraciones de los trabajadores judiciales y bregar por una situación de equilibrada igualdad y justicia, por el esfuerzo similar que prestan como auxiliares de la administración. Por las razones expuestas y las que se agregaran al momento deltratamiento, solicitamos la aprobación del presente". CREMER HABLÓ CON ALONSOMás tarde, desde la oficina de prensa de la diputada nacional del bloque del Frente Renovador, Cristina Cremer, se informó que la legisladora aclaró que su compañero de bloque, el diputado nacional Horacio Alonso, no presentó ningún proyecto referido a la situación del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Pero no aclaró si le negó haber redactado la iniciativa.En ese sentido la legisladora entrerriana consideró que "de propiciarse un proyecto de esas características, desde el bloque del Frente Renovador seguramente hubiera sido consultada pero no fue así"."En una comunicación telefónica con el diputado lo consulté sobre la información periodística y me confirmó que no presentó ninguna iniciativa legislativa al respecto por lo que creo conveniente dejar aclarado ya que quería estar informada de propia mano del compañero de bancada sobre un proyecto más tratándose de mi provincia" puntualizó Cremer para finalizar.Surge entonces la duda. Que no lo haya presentado no significa que no lo haya redactado y esté dispuesto a presentarlo.En ese sentido, vale recordar que en la conferencia que brindó esta semana en Gualeguaychú el presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Rubén Pagliotto, sobre "La República y sus sombras: injusticia, corrupción e impunidad", representantes de distintas fuerzas políticas resolvieron todos hacer llegar al diputado nacional Alonso su agradecimiento por la "solidaridad y preocupación puesta de manifiesto en su declaración sobre la situación de la justicia provincial en su más alto nivel, exhortándolo que más allá de las obstrucciones formales de algunos de los integrantes de su bloque (Cristina Cremer de Busti) traslade y presente tal proyecto al pleno de la Cámara de Diputados de la Nación", hicieron saber en un comunicado enviado a ElDía desde el espacio UNA, a la vez que adelantaron que resolvieron "realizar las gestiones para que el diputado Alonso concurra a nuestra ciudad a dar una conferencia sobre el particular". RESPUESTA DEL SUPERIOR TRIBUNALAnte las acusaciones, el Superior Tribunal de Justicia envió un comunicado donde expresa: "Frente a versiones tergiversadas, con sustanciales errores e inexactitudes de magnitud, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos decidió mantener reuniones institucionales con el Colegio de Abogados de Entre Ríos, la Asociación de Magistrados y Funcionarios, los titulares de los Ministerios Públicos y Ajer, con el objeto de brindarles precisiones sobre el mecanismo legal de aprobación de la cuenta presupuestaria destinada a gastos protocolares del Alto Cuerpo, que rige desde 2010.Los fondos denominados "Gastos Protocolares y de Representación" corresponden a una partida que integra el presupuesto del Poder Judicial de Entre Ríos. Como tales, son incluidos cada año en la Ley de Presupuesto que vota la Legislatura de la Provincia. En el caso del año en curso, fue aprobada por la Ley 10.403, votada por unanimidad de todos los bloques representados en la Legislatura."En la justicia entrerriana no hay fondos secretos, ocultos o ilegales" expresó la Presidenta del STJ, Dra. Claudia Mizawak. Existen como en la Nación y en la mayoría de los Tribunales y Cortes de otras provincias, gastos protocolares de representación del STJ y los Vocales que lo componen. No son parte del salario, están previstos en la ley y se rinden al Tribunal de Cuentas de la Provincia", indicó.Dichos fondos son utilizados por el Alto Cuerpo para gastos de representación, protocolo y viajes de intercambio con otras Cortes, institutos o universidades, y gestiones de esa índole. Siembre deben estar relacionados con la función que cumplen los Vocales en el Poder Judicial. "La única diferencia con el resto de las partidas del presupuesto es que se rinden de manera global, porque así lo dispone la ley", detalló la Presidenta del STJ."Existen partidas específicas para viáticos y ceremonial, limitadas y destinadas a la totalidad del Poder Judicial. Por lo demás, generalmente insuficientes", señaló la Dra. Mizawak. Como ejemplo, citó la partida destinada a los gastos de ceremonial, que en el año 2010 era de apenas siete mil pesos para los tribunales de toda la Provincia. Pero añadió que "no hay en nuestro presupuesto ninguna partida destinada a gastos de Representación como tiene la Corte Suprema y la mayoría de las cabezas de Poder Judicial provinciales. Para ello se destinan los montos del inciso 3, subpartida 9, subespecie 2. No son ocultos ni ilegales, se utilizan para los objetivos mencionados y así fueron gestionados oportunamente. Tales gastos se deciden en el pleno del Cuerpo, se informan periódicamente y el equilibrio de su utilización en las distintas vocalías, lo controla cada Presidente de Sala. El monto asignado a esa partida siempre se aprobó por ley, y se fue modificando año a año siguiendo los porcentajes de aumento del presupuesto general", especificó la Presidenta del STJ.Por otra parte, el STJ recordó que puso en práctica en todos los órdenes una política de transparencia, y que publica sus Resoluciones, contratos, designaciones y presupuestos en la página web del Poder Judicial (http://www.jusentrerios.gov.ar/informacion-presupuestaria/). "Cualquiera puede ver la información presupuestaria en nuestro sitio. En este caso en particular, además, decidimos que debíamos informar en detalle a quienes trabajan con nosotros, abogados, gremio judicial, ministerios públicos, asociación de magistrados y funcionarios, porque pueden sentirse afectados con lo que se está difundiendo", finalizó la Dra. Claudia Mizawak.
