Marchesini declaró ante el juez Pimentel

Uno de los Coordinadores de la Asamblea Ambiental Gualeguaychú, Roberto Marchesini, declaró en indagatoria ayer viernes 5, a las 10 en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, en la Causa 56.200 que se sigue contra integrantes de dicha Asamblea.La audiencia fue tomada por el Juez Federal, Gustavo Pimentel y el Secretario, José María Barraza. Marchesini fue asistido como defensor por el Dr. Osvaldo Fernández, uno de los abogados de la organización ambiental.
A Marchesini se le leyó la imputación, acusándolo de haber interrumpido el tránsito de vehículos y personas en el km. 28 de la Ruta 136, el pasado 5 de septiembre, junto a otras 14 personas, que también están citadas a indagatoria.El vecino hizo uso de su derecho a declarar, rechazó la imputación, explicó brevemente su pertenencia a la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú y los motivos de su lucha, y entregó un escrito ejerciendo su defensa material y solicitando el sobreseimiento. También se puso a disposición del juez para declarar nuevamente cuando este lo estime necesario.Para Marchesini y su defensa el hecho investigado no existe y no se encuadra en una figura penal. Solicitó la eximición de prisión que así fue otorgada por el Juzgado.
En el escrito, Marchesini rechazó la existencia de motivos "para que se pueda sospechar que haya participado en la comisión de algún delito y menos de la figura incriminada en el art. 194 del Código Penal".Dijo que es cierto que se realizó una "protesta social" organizada por la "Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú" ese día "pero en ningún momento se interrumpió el tránsito ni se cortó la ruta. En mi caso en ninguna circunstancia me mantuve sobre la cinta asfáltica y cuando llegué al lugar al sólo efecto de participar de una Asamblea, ésta ya había comenzado"."Puedo afirmar que en ningún momento el tránsito estuvo interrumpido sino que solamente se produjeron demoras porque se repartían volantes que los automovilistas recibían. Ese 'derecho a la protesta' que resulta del de peticionar a las autoridades y del derecho de reunión, jamás puede dar lugar a un delito".Las declaraciones producidas recientemente por el Canciller Héctor Timerman, efectuadas los días 2 y 3 de noviembre, "ante el fracaso por la resistencia de la República del Uruguay a cumplir con el 'Plan de Monitoreo' acordado por los Presidentes Mujica y Fernández de Kirchner en el Acuerdo de Olivos, reactualizan el derecho a peticionar a las autoridades que estamos ejerciendo y a reunirnos pacíficamente para expresar opinión. Nadie puede quedar indiferente frente a la destrucción de nuestros recursos naturales y a la violación del derecho a un 'medio ambiente sano' (art. 41, Constitución Nacional)".