Luego de que la Cámara de Diputados de Entre Ríos, por 21 votos contra 12, evitara que se acusara ante el Senado a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, el dirigente del Frente Renovador, Emilio Martínez Garbino, tildó la jornada como "muy tiste para las instituciones democráticas".Aseguró que "con esta maniobra se reedita una matriz nefasta en la provincia, perpetrada en el tiempo pero afianzada con los gobiernos del Frente para la Victoria, y tiene que ver con la subordinación del Poder Judicial al Gobierno"."Aclaremos que no nos impulsa una motivación personal contra Mizawak. Ni tampoco se trata de una cuestión individual aislada, sino que es un caso más, muy importante por lo que significa, de una concepción de construcción de poder que entraña lo peor de la política: la vergonzosa dependencia de la Justicia en un sistema que pone a todos sus resortes a trabajar en pos de un objetivo viciado de corrupción".El exintendente de Gualeguaychú destacó que "lamentablemente, para algunos el Estado es más que un premio, es un botín de guerra y en función de ello se lo utiliza como un bien personal. En virtud de eso es que se necesitan tener aceitados los engranajes del aparato estatal a su favor y en ese sistema, es primordial contar con un Poder Judicial permeable y genuflexo"."Debemos tener en cuenta que el Superior Tribunal de Justicia es la última instancia de justicia para los ciudadanos, por lo que lo sucedido reviste mucha gravedad y condiciona cualquier atisbo de cambio en la provincia, que se pregona pero que está lejos de efectivizarse", criticó.Martínez Garbino aseguró que los hechos imputados son de "inusual gravedad" y señaló que "cuando se habla de los gastos reservados de la jueza, se trata ni más ni menos que de un aumento salarial encubierto y vaya casualidad que luego de la denuncia al respecto, ese mecanismo dejó de utilizase: a confesión de partes, relevo de pruebas", asestó."En este caso, nos referimos a gastos reservados que datan desde el 2010 para acá, con una forma insólita de rendición que no especifica ni aclara nada y que eran retirados por la propia jueza, sin conocerse su destino final. Y el monto, que ronda los 4 millones de pesos, es una suma por demás significativa para quedar en la nebulosa", puntualizó. Más puntos de la acusaciónRespecto de otros de los puntos de acusación contra la jueza, el tema de las armas, señaló que "lo que queda claro es el desquicio y descontrol absoluto en el manejo del depósito. El lugar destinado no contaba con sistema de seguridad y quedaron evidenciados manejos por demás irregulares, con el agravante que las únicas medidas de seguridad se tomaron después de que salieran a la luz hechos gravísimos que vinculaban armas que debían estar en ese depósito, con hechos delictivos reiterados".Otro elemento dejado de lado por los diputados que encubrieron a Mizawak está dado por las contradicciones que surgen del informe de Migraciones, donde la jueza aparece firmando acuerdos en el STJ, pero en realidad no estaba en Paraná. "O sea, su presencia coincide con su ausencia, transformándose en un hecho inédito en el mundo, donde una persona puede estar en dos lugares a la vez", ironizó.Respecto del papel de otros diputados por fuera del bloque del FPV que votaron a favor de Mizawak, indicó que "en el caso de los diputados de Busti me hubiese sorprendido que votaran otra cosa. No olvidemos que fue él quien la propuso para integrar el STJ", recordó.
