Más de 22 mil hectáreas del Departamento Gualeguaychú son de extranjeros: el caso emblemático del Salto de Méndez

En una semana caótica y de enorme impacto político y social, el Gobierno Nacional aceptó retirar del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada el controvertido capítulo 3 de extranjerización de la tierra.

Luego del enorme clamor popular que obligó al gobierno de Javier Milei a retirar el artículo que le permitía a capitales extranjeros comprar territorio argentino sin límites, quedó en el centro de la escena el debate acerca de quiénes son los dueños de las tierras, en un país en el cual la explotación de recursos naturales a manos de multinacionales no ha derramado bienestar social, más bien todo lo contrario.

Lo decisión fue 24 horas antes de que lo debata el Senado por la fuerte presión de los bloques aliados, que empezaron a incomodarse con la enorme crítica social y política que despertó el texto que proponía vender ilimitadamente cualquier porción del territorio argentino. En el marco de esta discusión, una pregunta se vuelve central: ¿Cuánta tierra argentina ya está hoy extranjerizada?

Según los datos oficiales del Ministerio de Justicia de la Nación, la respuesta es el 5% de nuestro país, unas 13,2 millones de hectáreas. Es un territorio similar al de la provincia de Santa Fe. Estados Unidos lidera la tenencia con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España.

Estas tierras rurales que ya no nos pertenecen, no se distribuyen de manera homogénea. Las mayores concentraciones aparecen donde confluyen algunos de los principales activos estratégicos del país: agua dulce, minerales críticos, puertos, bosques, infraestructura energética y pasos fronterizos.

A nivel provincial, ninguna supera el límite del 15% establecido por la ley vigente, promulgada en el 2011. Las que cuentan con mayor porcentaje de tierras extranjerizadas son Salta (11,4%), Misiones (11,3%), San Juan (10,4%) y Mendoza (9,1%). Entre Ríos se encuentra dentro de las que mantienen una extranjerización media o baja: un 3,2% que significan unas 246.906 hectáreas de las más de 7 millones que posee nuestra provincia.

¿Y en Gualeguaychú? En nuestro departamento ocurre algo muy similar. En manos de foráneos se encuentran 22.460 hectáreas, que representan un 3% de las 739.287 hectáreas en total.

Sin embargo, en otros departamentos la extranjerización de tierras es mayor: 8,8% en La Paz y 8,6% en Gualeguay. Y lo más preocupante, es lo que ocurre en otros puntos del país, en donde el territorio que no está en manos argentinas es más de la mitad, como en General La Madrid (La Rioja), en San Carlos y Molinos (Salta).

En total, son 31 los municipios en los que la participación extranjera supera el 15% permitido por la ley vigente. Casi la mitad son departamentos fronterizos. En la región del NOA y Cuyo los principales recursos en manos foráneas son el litio, el cobre y el oro. Mientras que en el Nea predominan la industria maderera y los recursos hídricos de los humedales.

Pero volviendo a nuestra región, el corredor del Paraná contiene puertos, industrias y centrales nucleares. Es decir, activos claves para nuestro país. A pocos kilómetros de nuestra ciudad, en Campana y Zárate, hay nodos estratégicos para el comercio exterior y la infraestructura energética: confluyen las centrales nucleares Atucha I y II junto con uno de los complejos portuarios e industriales más importantes del país. En Campana hay 50% de la superficie extranjerizada, mientras que en Zárate el 24,8%.

Qué sostiene la ley vigente y los peligros de la que finalmente no se trató

Actualmente, rige un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras (nación, provincias y municipios), cupo del 30% por nacionalidad y máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo (o equivalente) por titular extranjero.

Además, prohíbe la compra por extranjeros de tierras con recursos hídricos y en zonas de seguridad de frontera.

Los propietarios extranjeros deben declarar su titularidad ante el Registro Nacional de Tierras Rurales. Existe un Consejo Interministerial que fija criterios técnicos y equivalencias de tierras.

Si se aprobaba el texto impulsado por Federico Sturzenegger y defendido por Patricia Bullrich y Javier Milei, aumentaba el tope al 25% pese a que la propuesta original apuntaba a borrar cualquier límite. Eliminaba el resto de los cupos por nacionalidad y zona núcleo (o equivalente) por titular.

Prohibía únicamente la compra de tierras por Estados extranjeros. Asimismo, permitía compras en zonas ribereñas y, en el caso de zonas de frontera, con autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.

Y finalmente eliminaba la obligación de declarar la titularidad extranjera y solo exigía inscribir la adquisición en el Registro. También suprimía el Consejo Interministerial que definía las equivalencias técnicas de las tierras.

¿Pueden los municipios impedir la venta de tierras?

Un interrogante que surgió durante el debate de la Ley de Tierras fue que facultades le quedan a los Municipios para defender su territorio.

Más allá de la coyuntura política, actualmente los municipios no tienen mayores facultades para prohibir la compraventa de inmuebles entre particulares ni para restringir la compra por extranjeros o grandes empresas mediante una ordenanza. Esa materia corresponde al Congreso Nacional y, en algunos aspectos, a la Provincia.

Lo que sí puede hacer es ejercer un fuerte control sobre qué actividades pueden desarrollarse en esos inmuebles mediante un Plan de Ordenamiento Territorial, la zonificación, las áreas protegidas y la normativa ambiental. Estas ordenanzas son importantes porque muestran que, aun cuando una persona o empresa pueda adquirir un predio, el Municipio conserva herramientas para limitar su utilización cuando existan razones de interés ambiental, territorial o urbanístico.

El caso del “Salto de Méndez”

Durante años, el “Salto de Méndez” fue uno de esos lugares que formaban parte del mapa turístico y afectivo de Gualeguaychú. Ubicado al norte de la ciudad, a unos 20 minutos en auto yendo por la Ruta 14, el atractivo natural era visitado tanto por vecinos como por turistas que buscaban disfrutar del paisaje y del entorno.

Ese nombre se debe a que su dueño era Méndez Casariego, quien permitía que todos los vecinos accedan a la “mini cascada” del río Gualeguaychú de manera gratuita. Pero luego su acceso fue restringiéndose.

Primero, cuando el lugar cambió de manos comenzó a explotarse turísticamente y a cobrarse entrada al camping, y luego finalmente a principios del nuevo mileño pasó a manos de un italiano, y ya nadie pudo volver a ingresar por tierra. Sólo pueden llegar aquellos que vayan navegando por el río Gualeguaychú, lo cual obviamente limitó enormemente su uso.

Así, un espacio que durante años estuvo disponible para el disfrute de la comunidad pasó a quedar restringido al ámbito privado. Desde aquel momento, generaciones de gualeguaychuenses crecieron sin poder disfrutar de un sitio que alguna vez fue parte de las alternativas recreativas de la ciudad.

Es apenas un caso que en medio del debate de la ley de tierras vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a Gualeguaychú: qué ocurre con aquellos lugares de valor turístico y natural que, pese a encontrarse dentro del ejido municipal, quedan fuera del alcance de la comunidad cuando pasan a manos privadas, y en este caso puntual, extranjeras. ¿Se imaginan si un día se cierra Ñandubaysal y la ciudad se queda sin acceso al río Uruguay?

“El Salto de Méndez” permanece así sólo como una suerte de recuerdo para quienes llegaron a conocerlo y, al mismo tiempo, como una cuenta pendiente para una ciudad que busca ampliar y potenciar sus atractivos turísticos. Mientras tanto, hace unos 20 años que vecinos y visitantes miran desde afuera un lugar que alguna vez también les perteneció como espacio de disfrute.