Milei acelera la privatización de Aysa: cuántos dólares pretende conseguir por la venta

El Gobierno pondrá en marcha esta semana el proceso de privatización de AySA y avanzará así sobre uno de los servicios públicos más sensibles del país, el acceso al agua potable y al saneamiento para más de 15 millones de personas del Área Metropolitana de Buenos Aires. El Ministerio de Economía publicará este viernes los pliegos para vender el 90 por ciento de las acciones que actualmente están en manos del Estado Nacional, mientras que el 10 por ciento restante quedará reservado para los trabajadores.

La decisión forma parte del plan de privatizaciones impulsado por el gobierno de Javier Milei y coordinado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien busca desesperadamente sumar dólares mediante ventas de activos públicos para mantener el esquema financiero actual y pagar los vencimientos de deuda. Según reconoció el propio funcionario, el objetivo del Ejecutivo es recaudar unos 2.000 millones de dólares este año mediante privatizaciones y concesiones.

En ese esquema ya fueron concesionadas las centrales hidroeléctricas del Comahue, se avanzó con corredores viales y se desprendieron acciones de Transener. Ahora el foco está puesto sobre Aysa, una de las empresas públicas más importantes del país y responsable de garantizar un servicio esencial que históricamente estuvo atravesado por fuertes discusiones sobre inversión, cobertura y tarifas. Caputo confirmó el inicio del proceso a través de un mensaje publicado en la red social X. “Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”, señaló el ministro.

El titular del Palacio de Hacienda defendió el proceso privatizador con un argumento que el Gobierno viene utilizando desde el inicio de la gestión. “Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento. Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos”, sostuvo. La administración libertaria estima recaudar alrededor de 500 millones de dólares con la operación. La valuación de la empresa quedó en manos del BICE y el proceso cuenta con asesoramiento del Banco Mundial.

Sin embargo, detrás del discurso oficial sobre eficiencia y modernización reaparece una discusión de fondo sobre el rol del Estado en la provisión de servicios básicos y, especialmente, sobre las consecuencias de transferir al sector privado el control de un recurso estratégico como el agua potable. La experiencia argentina en materia de privatización del servicio de agua ya tiene antecedentes concretos y conflictivos. Durante la década de 1990, en el marco de las reformas impulsadas por el gobierno de Carlos Menem, la entonces empresa estatal Obras Sanitarias fue concesionada a Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez.

La privatización fue presentada en aquel momento con promesas similares a las que ahora vuelven a aparecer en el discurso oficial: mayor inversión, ampliación de redes, eficiencia operativa y mejoras en la calidad del servicio. Sin embargo, el resultado terminó siendo muy distinto al prometido. A lo largo de los años de concesión de Suez, sólo hubo incumplimientos en los compromisos de inversión asumidos por la concesionaria, demoras en obras de expansión, deterioro de infraestructura y crecientes conflictos vinculados con las tarifas. Mientras la empresa reclamaba ajustes permanentes para sostener su rentabilidad, amplios sectores de la población continuaban sin acceso adecuado al servicio de agua potable y cloacas.

La crisis económica y social de comienzos de siglo profundizó las tensiones entre el Estado y la concesionaria. Finalmente, en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Estado decidió rescindir el contrato y reestatizar el servicio mediante la creación de Aysa. La salida de Suez estuvo precedida por múltiples cuestionamientos. El Gobierno acusó a la empresa de incumplir obligaciones contractuales vinculadas a inversiones y expansión de cobertura, mientras que la compañía inició luego demandas internacionales contra la Argentina ante el tribunal del CIADI.

La discusión no se limita solamente a la cuestión económica sino también al carácter estratégico del recurso hídrico y al impacto que puede tener la lógica de rentabilidad privada sobre un servicio esencial. A diferencia de otros mercados, el acceso al agua potable no funciona bajo condiciones reales de competencia. Se trata de un monopolio natural donde el usuario no puede elegir entre distintos prestadores y donde las inversiones necesarias en infraestructura suelen requerir horizontes de recuperación muy largos. En ese contexto, el incentivo empresario suele concentrarse en garantizar rentabilidad mediante aumentos tarifarios más que en expandir servicios hacia zonas menos rentables.

En los hechos, parte de ese esquema ya comenzó a implementarse incluso antes de concretarse la venta. Hace apenas dos semanas, Aysa firmó un nuevo contrato de concesión privada que institucionaliza el modelo económico aplicado desde 2024. El esquema prevé revisiones tarifarias cada cinco años, obligación de inversiones sin asistencia estatal y garantía de equilibrio económico-financiero para la futura operadora.

Ese punto resulta central porque implica que las tarifas pasarán a ocupar un rol clave para sostener la rentabilidad empresaria. De hecho, la compañía ya viene aplicando fuertes incrementos en los últimos meses para recomponer ingresos. Entre mayo y agosto se prevé una suba mensual del 3 por ciento, lo que llevará la tarifa promedio de agua y cloacas a casi 30 mil pesos antes de impuestos y tasas municipales. Entre los posibles interesados en quedarse con el control de la compañía aparecen algunos de los principales grupos empresarios que vienen expandiéndose en sectores regulados. Según trascendió, figuran la familia Neuss —integrante de Edison Energía junto a los dueños de Havanna y Newsan— y también el empresario Mauricio Filiberti, propietario de Transclor.