Millonaria evasión en Concordia: Un contador prófugo y sigue la investigación

No descartan nuevos casos de evasión. El megaoperativo realizado el pasado miércoles, que contó con la participación de la Prefectura de Gualeguaychú, buscaba desarticular una organización destinada a la venta de facturación apócrifa. Involucra a contadores y cuevas financieras. El miércoles no fue un día más en Concordia. A lo largo del día se dispusieron 11 allanamientos, acorde a lo ordenado por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. La investigación lleva aproximadamente un año y se detectó que en el sector vinculado a los aserraderos proliferaron numerosas facturas truchas. La investigación llevó a detectar que un contador público, el cual está prófugo, había creado una supuesta asociación ilícita, junto a tres personas más. "Una de estas personas es la pata financiera, se dedica a cambiar los cheques. El circuito de lavado dinero de esas facturas truchas terminan en la financiera de esta persona", destacaron. Se estima que el perjuicio económico solo en 2018 fue de 1.200 millones de pesos, y en una sola empresa se estima que se facturó 60 millones de pesos de IVA. Dada la cantidad de facturas apócrifas descubiertas, desde la Justicia estarían buscando las usinas donde se generaba este circuito ilegal. Por otra parte remarcaron que "no se estaría buscando al que usa la factura trucha, sino que dada la proliferación de facturas truchas, se buscará a las usinas", en tanto que adelantaron: "Estamos siguiendo a otras organizaciones de similares características", y no descartan que haya más novedades en los próximos días.   La investigación La pesquisa la inició AFIP DGI-Dirección Regional Paraná un año atrás, a través de fiscalizaciones e investigaciones en las que se detectó el uso indiscriminado de facturas apócrifas, las que provenían principalmente de la zona de Concordia; siendo uno de los nexos entre los apócrifos, sus asesores. La investigación continuó tratando de establecer otros vínculos, y siguiendo la ruta del dinero derivado de la venta de estas facturas. Así fue como se llegó a las financieras con las que se pretendía blanquear la operatoria. Finalmente se pudo establecer quiénes eran los sujetos que intervenían en el proceso, por el cual obtenían grandes importantes ganancias y réditos. Estas personas conformaban una organización que, según pudo establecerse, estaba destinada a la venta de facturación apócrifa e involucraba a contadores, cuevas financieras e intermediarios destinados a colocar y comercializar esas facturas. La actividad delictiva comprendía la creación de una ingeniería fiscal para beneficiar a distintos contribuyentes, incluso a ellos mismos, atemperando su carga impositiva. Dicha ingeniería consistía en la creación de sociedades pantallas o mediante la inscripción de insolventes o personas de escasos recursos, mediante el soporte intelectual y técnico de un asesor contable. Durante los últimos años, mediante facturas electrónicas apócrifas, y solo en la provincia de Entre Ríos, se ha facturado una suma superior a los 350 millones de pesos. La zona en la que se comercializan estas facturas abarca la costa del Uruguay, incluyendo la zona de Corrientes y parte de la provincia de Buenos Aires, especialmente Bahía Blanca. Con la investigación se llegó a detectar también la existencia de una financiera oculta a cargo de un monotributista, que manejaba importantes sumas de dinero y que a su vez actuaba como prestamista, quién poseía un importante patrimonio que incluía autos y motos de alta gama, inmuebles y un corralón con actividad marginal. Uno