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Murieron de coronavirus dos ex militares que estaban presos en Campo de Mayo

Ambos contrajeron el virus tras un brote en la Unidad Penal N° 34. Uno había sido condenado por delitos de lesa humanidad y el otro por las explosiones de Río Tercero. También se contagiaron otros 28 internos y 7 penitenciarios

Juan Domingo Salerno, condenado por delitos de lesa humanidad, y Edberto González de la Vega, sentenciado por las explosiones de Río Tercero, fallecieron luego de contraer el COVID-19 en la Unidad Penal N° 34 de Campo de Mayo. La noticia fue confirmada por el Ejército Argentino. Desde el penal también comunicaron que otros 28 internos dieron positivo al test de coronavirus. Fuera de esta lista, Ramón Abel Recio, alojado en el mismo penal, debió ser internado por coronavirus y su situación de salud es crítica.

La gran mayoría de estos nombres solicitó, ante el avance del coronavirus, la posibilidad de continuar sus condenas en prisión domiciliaria. La Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ángeles Ramos, se opuso a los requerimientos de los condenados por estos delitos, cuyo promedio de edad es de 74 años.

El 26 de junio se conocieron los primeros contagios en el penal de Campo de Mayo. Para esa fecha se reportaron tres casos positivos: Luis Muña (uno de los militares detenidos) y dos penitenciarios. Aquel día, 16 miembros del SPF también fueron aislados.

Salerno tenía 71 años y estaba procesado por pertenecer en lo que en la jerga se conoce como “la patota” de Miguel Etchecolatz, ex policía condenado a cuatro cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad. Al igual que otros represores alojados en la unidades 31 y 34 del SPF, y tras el caso confirmado de Muiña, Salerno solicitó que se revea su pedido de arresto domiciliario.

González de la Vega, el otro fallecido, fue uno de los tres militares condenados por las explosiones ocurridas en Río Tercero el 3 de noviembre de 1995. Durante aquella época ocupaba la dirección de la planta riotercerense. También fue gerente de Coordinación de Fabricaciones Militares.

La pena impuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba había sido por “estrago doloso agravado”. De la Vega fue condenado a 13 años de prisión. En 2017, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la pena y calificó el delito como “un atentado provocado de modo intencional, organizado y direccionado, para concretar el móvil del ocultamiento de pruebas para la investigación del contrabando de material bélico y la consiguiente impunidad de sus autores y cómplices”.

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