“Nos habituamos a vivir en la desconstitucionalización”

El desapego a la ley, que se manifiesta en el descontrol del poder político, tiene anclaje cultural. Eso piensa el Dr. Alberto Spota (h), joven constitucionalista que disertó el jueves en Gualeguaychú. Aquí el diálogo que mantuvo con Radio Cero.
Por Gustavo Rivas y Marcelo Lorenzo- ¿Se hace complicado hoy ser constitucionalista en Argentina?Alberto Spota:- Efectivamente. Frente a la existencia de una suerte de desvinculación entre la realidad y la norma. Hay una disociación enorme entre lo que la Constitución determina y lo que la realidad constantemente nos evidencia. Pero esto es algo que viene de lejos. No es un fenómeno novedoso.- Bueno, allá por el '92, se acometió una reforma constitucional para habilitar la reelección de un presidente. Ese es nuestro concepto de la ley...- Creo que nos hemos habituado a vivir en un contexto de franca y abierta desconstitucionalización. Algo que se evidencia en varios aspectos. Por ejemplo, la habitualidad con que nos gobernamos bajo un contexto de emergencia. La regla es: el Congreso legisla y controla, el Ejecutivo administra. Pero he aquí que, desde hace tiempo, quien legisla es el Ejecutivo. Es decir, hace las veces de  Congreso, quien se ha convertido en un mero órgano refrendatoria de la volunta del poder de turno. Esto es un hecho objetivo. Pero es una distorsión palmaria a la realidad político-institucional que repercute con una agudeza formidable. El Poder Ejecutivo no sólo co-legisla, sino que lo hace disponiendo sobre cuestiones asociadas a los derechos y a las garantías de los habitantes. No hablo sólo de este poder Ejecutivo, sino también de los que lo antecedieron (...)- Tenemos un problema, entonces, en la relación poder-derecho. ¿Es así? - A eso me refiero. La des-constitucionalización es la inexistencia de un control suficiente que mande a poner en caja al poder político, cuando éste se descarrila. Sin el contrapeso controlador del Congreso, el poder Ejecutivo tiende a extralimitarse, desbocándose. Y en cuanto al Poder Judicial, en la medida de lo posible, a veces controla y a veces no. Pero no habiendo control al poder absoluto, la Constitución no es más que un papel escrito.- Sin embargo esta degradación institucional es convalidada por la sociedad. En muchos sectores está la idea de que hay que darle todo el poder al Ejecutivo. De hecho un gobierno respetuoso del Estado de Derecho, como fue el de Arturo Illia, terminó mal. ¿El absolutismo entre nosotros no tiene anclaje cultural?-Desgraciadamente, nuestros malos hábitos políticos llevan a entender que la Constitución Nacional es una variable de la que se puede prescindir. Y esto en la medida en que ese marco entorpezca alguna que otra pretensión de poder circunstancial. No se dan cuenta que la Constitución prevé una inmensa cantidad de formas para zanjar problemas políticos. Y las formas valen, porque hace el modo de ejercicio del poder político. No es lo mismo que legisle al Congreso, que es lo ideal, a que lo haga el presidente. En principio porque uno es más representativo que otro (...) Este des-control político trasciende ya lo jurídico. Es un problema jurídico. Pero más que eso es un problema sociocultural.- ¿En qué sentido? - En el sentido de que el Estado de Derecho es un fenómeno de la cultura. Lo digo en otros términos: no conozco ningún país socio-culturalmente elevado que tenga un Estado de Derecho no desarrollado. A la vez, no conozco ningún país subdesarrollado que tenga un Estado de Derecho desarrollado (...) Más allá de estas consideraciones de orden estructural, creo que hay ciertos aspectos de corte jurídico que harían la cosas un poco menos peor de lo que hoy están. Por ejemplo, hay que limitar la reelección presidencial y la de gobernadores de provincia. No es políticamente correcto lo que señalo, pero hay que oxigenar la política.
Reformas para mejorar la calidad institucional
- ¿Y qué pasa en los casos de matrimonios con vocación de perpetuación? - En ese caso, hay que prohibir la reelección dentro incluso de determinados grados parentales en general, como tienen muchas constituciones de provincias. Limitaría incluso las reelecciones a diputados y senadores provinciales y nacionales a una sola no más. Pondría quizás la boleta única. No me interesa mucho, en este sentido, la boleta electrónica. Pero sí la boleta única. Además, reforzaría la competencia de  la justicia electoral. Hay que darle escrutinio provisorio y sacarla de la competencia de la administración. Prohibiría las candidaturas testimoniales y las candidaturas paralelas. No es serio que alguien se postule para gobernador, para diputado y para senador. Esto no es un juego de apuestas. Y dentro de lo constitucional, daría por tierra con todos estos mecanismos legislativos de emergencia, que no han hecho más que concentrar atribuciones y competencias en cabeza del Ejecutivo, y en detrimento la Constitución. A la vez sancionaría, de ser posible, una profunda ley de coparticipación. Porque hoy el régimen impositivo atenta y pulveriza la autonomía provincial, convirtiendo a los gobernadores en mendicantes ante el poder central (...) Creo que hay leyes que son fundamentales, que valen tanto como la Constitución en lo que hace al juego político institucional. Una, como dije, es la de coparticipación. Otra es la del Consejo de la Magistratura -ley que habría que modificar urgentemente. Otra es la reglamentaria de los mecanismos legislativos de emergencia que encabeza el Ejecutivo, que también habría que modificar. Otra ley debe involucrar el régimen electoral y de partidos políticos, aunque creo que hoy no es el momento político oportuno para su dictado. Una ley que hace al juego político debe requerir un consenso casi unánime. Y hoy en día no están dadas las condiciones para ello. Yo no me fío de leyes dictadas como la de medios de comunicación. A mí me gusta que esté presente la voluntad de la oposición y la del gobierno.- También parece una irregularidad haber adelantado las elecciones. Porque el Congreso que hoy febrilmente dicta leyes fundamentales, no es el que surgió de la voluntad popular expresada el 28 de junio... - Diría que este Congreso tiene y no tiene legitimidad. Tiene la legitimidad que le da la Constitución, en tanto fueron electos -parte de los diputados actualmente en el cargo- hasta diciembre de este año. Pero no tiene la legitimidad propia del pueblo, en tanto y en cuanto el gobierno quiso refrendar plebiscitando su gestión, y así le fue. Entonces el gobierno, que quiso plebiscitar su gestión y no ganó ni siquiera en la provincia de Buenos Aires, debe reconocer -y esto lo diría si gobernaran otros que los Kirchner- que aquellas leyes sensibles para la suerte de todo el país no están en condiciones hoy en día de ser tratadas. Máxime cuando hay ninguna urgencia y ningún apuro. Y no hablo sólo de la Ley de Medios. Hablo de estas y otras tantas leyes sensibles para la vida toda del país.- El Consejo de la Magistratura tuvo una reforma en el 2006 que alteró las mayorías, cambió el peso específico gubernamental dentro de la integración de ese órgano, y de ahí en adelante se puede decir que se desnaturalizó su función y se ha convertido en órgano persecutor de los jueces. - Yo soy crítico de por sí no a éste sino al Consejo de la Magistratura. Porque creo que es un instituto ajeno a nuestro sistema político institucional (...)Cuanto mucho yo sería partidario de un Consejo de la Magistratura distinto al actual. Por lo pronto que tenga no más de dos competencias. Primero que intervenga en el ámbito de la selección de jueces conforme a procedimientos distintos. Ustedes en esta provincia saben a lo que me refiero, en función de los escándalos que ha habido en Paraná en el último Consejo de la Magistratura. Y cuanto mucho le daría la labor de acusación. Creo que el Consejo, en algunos casos, ha acusado medianamente bien. El actual sistema, en cambio, da pie para una coerción política sobre la Magistratura, atentando contra su independencia. Como viene denunciando Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados. Esto hay que salir a decirlo, porque atenta contra las instituciones y se traduce en todo lo que venimos señalando. No quiero aquí que se tome mi crítica como un discurso opositor. Simplemente señalo aspectos que considero inconstitucionales, no importa quien gobierne. Por otra parte, yo no soy el padre de la Constitución ni el vocero, ni el oráculo de ella. Digo, simplemente, las cosas como las veo. Me puedo equivocar. Pero también puedo acertar. Lo que no puedo es de dejar de decir lo que pienso.
La pobreza y la falta de institucionalidad
- ¿Qué relación hay entre la institucionalidad y la economía de un país? - Es muy estrecha. Sin caer en la apología del mercado, la realidad es que la inversión va adonde hay seguridad jurídica. Nadie pone un centavo allí donde las reglas de juego cambian permanentemente, al punto que al final nadie conoce ni sus derechos ni sus obligaciones. Entonces la institucionalización y las reglas claras crean un clima favorable para la inversión, la cual fomenta el crédito y la creación de trabajo, impactando de lleno en la calidad de vida de las personas. No estoy repitiendo una recomendación del FMI, o algo que se le parezca. Entiéndase: donde no hay institucionalidad no hay inversión. Y donde no hay inversión no hay riqueza.- Es más, hay huida de capitales... - Fíjense en esto: ¿Por qué ha aumentado el precio de los bienes inmuebles? Por una cosa muy simple: hay una sobre- inversión en el sector. ¿Por qué? La gente no quiere poner dinero en el banco y menos en pesos. Para ahorrar tiene dos opciones: se va al dólar, que saca del sistema para llevarlo al colchón y la caja de seguridad, o invierte en ladrillos.  Los ladrillos no están en el sistema financiero y los dólares tampoco. La raíz de esta conducta es la falta de previsibilidad, de confianza en el sistema, en última instancia de ausencia de institucionalidad.  Si ese ahorro pudiera canalizase a través del sistema financiero, entonces habría crédito más barato y abundante para la inversión productiva, para la creación de riqueza (...) Aunque no soy economista, sé por los diarios que afortunadamente el dinero que ha llegado a la Argentina ha sido aquel atraído por el precio de las materias primas, de aquellas cosas que produce el país. De todos modos, ha salido una enormidad de dinero y eso genera pobreza.- Paralelamente, hay una relación directa entre inconstitucionalidad y pobreza. ¿Es así?- Es como que se retroalimentan. Hay vasos comunicantes entre una y otra dimensión. Lo que uno ve es que las sociedades desarrolladas tienen instituciones fuertes. Y las sociedades subdesarrolladas exhiben instituciones paupérrimas. Y en el caso de la Argentina, el decaimiento cultural y económico coincide con la pérdida de calidad institucional.
"Confundimos autoridad con autoritarismo"
- ¿No cree que está en crisis, además, la noción de orden público?- Los gobiernos de facto han  sido responsables de muchos de los males que venimos padeciendo. Ni hablar de la violación de los derechos humanos. Ni hablar de tantas otras cuestiones más. Pero creo que nos han dejado, entre tantas cosas malas, la identificación de autoridad con autoritarismo. Dos conceptos que son distintos. Yo creo en la autoridad, pero rechazo el autoritarismo. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el autoritarismo. Y hoy en día, en función del  autoritarismo nefasto que hemos padecido, confundimos lo uno con lo otro (...) Globalmente creo que tenemos varios desafíos institucionales por delante. En líneas generales son los que trazó Etcheverría, los que trazó Sarmiento en el Facundo, los que trazó Alberdi en las Bases, los que señaló Mitre en la historia de Belgrano. También los que planteó José Ingenieros, o Joaquín V. González en el "Juicio del Siglo". También aquello que hizo referencia Exequiel Martínez Estrada o el historiador José Luis Romero. Los problemas son los mismos, pero por sobre todo está la necesidad imperiosa de que el todo se imponga por sobre las partes. Hemos disputado entre unitarios y federales, entre mitristas y antimitristas, entre radicales y peronistas, pero nunca somos argentinos. Debemos encontrar denominadores comunes como argentinos, y sobre la base de ello discutir.
La prensa en el juego político
- A propósito de la ley de medios, se está volviendo a discutir la libertad de prensa. ¿Cuál es su opinión?- Hay que protegerla. Incluso hasta el límite de permitir que la prensa se equivoque. Sin que tenga responsabilidad ante la equivocación, salvo que lo haga de mala fe. Es la doctrina de la real malicia, que hizo referencia la Corte. Porque la prensa, para bien o para mal, con o sin intencionalidad, hace a la esencia al juego político. Ya que al fomentar la circulación de ideas, actúa como mecanismo de control por parte de la opinión pública. Por eso entiendo que esta ley de medios, que tiene desde mi punto de vista grandes desaciertos, no tiene que ser dictada a la fecha. Si quieren dictarla, que esperen a la próxima integración al Congreso. Porque una ley tan sensible para los intereses de la República requiere de un debate profundo, que no se ha dado. No se puede dictar esa ley entre gallos y medias noches. Por otra parte, ¿cuál es el apuro?- Dado que en Argentina el Estado se identifica con el gobierno, hay sobrada sospecha de que el poder político, a través de los órganos de aplicación, controle los medios de comunicación. Como pasa con el INDEC y otras áreas públicas... - El poder político como regla, ha dicho Montesquieu, tiende siempre a su extralimitación y a evitar todo control. Pero esto es una tendencia universal, más allá de lo que haga este gobierno. Pero además el caso argentino tiene otras particularidades. El poder político no sólo quiere ser poder por más tiempo sino que ata negocios públicos con los negocios privados. Y también muchos negocios privados, se atan forzosamente con los negocios públicos. Y cuando se ata la extralimitación del poder político con un ánimo de hacer negocios, yo desconfío.- A nuestros empresarios, por otra parte, les gusta vivir al calor del Estado. No tienen muchos reparos institucionales en mezclarse sus negocios con el poder político... - Bueno, vamos a ser francos: nuestros gobernantes no vienen del planeta 'Melmac'. No vienen de Marte, Júpiter, ni tampoco vienen de Estados Unidos,  salen de este sociedad. Son hijos directos nuestros. En este sentido, todos tenemos responsabilidad en lo bueno y en lo malo que sucede. Ahora bien, eso no significa que todos tengamos la misma cuota de responsabilidad. No es la misma la responsabilidad mía como profesor universitario y como abogado, que la de aquel empresario que tiene un importante negocio, la del juez, la de la maestra rural o la del operario de maestranza. Es decir, todos tenemos responsabilidad, pero no todos las mismas. Cada quien conforme a sus derechos tendrá sus obligaciones. La clase política tiene su responsabilidad y la empresaria otra. Pero todos venimos de una misma matriz cultural.