Nuevos casos de maltrato animal profundizan la preocupación en la ciudad: secuestraron ovejas, caballos y un chancho

La circulación de imágenes que mostrarían una situación de crueldad hacia animales derivó en un procedimiento judicial que volvió a poner bajo la lupa una problemática que, según referentes del sector, no es aislada. Más allá del caso puntual, organizaciones y autoridades coinciden en que la falta de denuncias formales, la sobrepoblación y las limitaciones en la implementación de políticas públicas configuran un escenario que exige respuestas sostenidas y articuladas.

El fiscal Lucas Pascual explicó que la actuación se inició de oficio tras la circulación de un video en redes sociales y luego se amplió con una denuncia por presunta infracción a la Ley 14.346, que sanciona el maltrato y los actos de crueldad contra los animales. “Se inicia de oficio con un informe por la circulación de un video y luego se amplió con la formulación de una denuncia”, detalló.

Con el material fílmico como prueba inicial, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento y el secuestro de tres perros. El procedimiento se realizó con intervención policial y acompañamiento de la Veterinaria Municipal para constatar el estado sanitario de los animales. “La medida se solicita para sacar los animales del lugar donde son maltratados”, indicó el funcionario, quien confirmó que el presunto responsable será formalmente imputado.

Pascual subrayó que en toda denuncia es indispensable contar con un informe veterinario que acredite el maltrato. En este caso, destacó que no es habitual disponer de un video tan directo, lo que permitió avanzar con mayor rapidez. En lo que va del año se registraron tres denuncias formales por maltrato animal en la ciudad. “Hoy las redes son las que reflejan en mayor medida la problemática. Las personas por temor, o por alguna otra razón, no se animan a denunciar”, señaló.

Tras el secuestro, los perros fueron entregados en guarda provisoria a personas que se ofrecieron voluntariamente, ya que el Poder Judicial no cuenta con instalaciones propias para su alojamiento. Vecinos y proteccionistas impulsan colectas para afrontar los gastos de atención y manutención.

Además, durante este fin de semana, se realizó un nuevo allanamiento en el lugar de los hechos que concluyó con el secuestro de ovejas, un chancho y equinos. Los animales fueron entregados provisoriamente a una persona que ofreció hacerse cargo de ellos, confirmó el fiscal de la causa.

Desde la ONG Provoin expresaron que la sucesión de hechos recientes evidencia una situación que consideran “profunda y urgente”. A través de un comunicado difundido en redes sociales, señalaron: “Es incomprensible que, frente a los testimonios incorporados en la denuncia, el individuo señalado no haya sido trasladado a una comisaría ni puesto formalmente a disposición de la Ley 14.346. No se trata solo de retirar animales: el maltrato animal es un delito penal y cuando no se actúa con la contundencia que la ley prevé, el mensaje social que se transmite es de impunidad”.

La organización también informó que, en el transcurso de 24 horas, se registró otro hecho de extrema crueldad: el abandono de 15 cachorros recién nacidos dentro de una caja. Indicaron que el abandono también constituye una forma de maltrato, especialmente cuando se trata de “animales sin posibilidad de sobrevivir por sus propios medios”.

Para Provoin, estos episodios no pueden analizarse de manera aislada. Consideran que la sobrepoblación de perros y gatos es una causa estructural que alimenta la negligencia, el abandono y distintas formas de violencia. En el comunicado expresaron el desgaste que implica sostener rescates, acompañar expedientes y denunciar situaciones que, a su entender, muchas veces no obtienen resultados satisfactorios.

“El Programa de Equilibrio Poblacional lo que permite es que desaparezcan los casos de maltrato, porque va de la mano de la educación. Si hay animales naciendo, en un marco de sobrepoblación, cualquiera agarra un animal que está en la calle. Sin embargo, al haber control poblacional cambia. En el municipio de Funes había lista de espera para adopción, entonces, al no haber cachorros, la gente empieza a adoptar animales más grandes, más viejos. Además, el proteccionismo que se dedica a este tipo de cuestiones, si aparece un caso se puede volcar a solucionarlo, puede elegir a quién darle el animal y a quién no. Es la solución a todos los males que tenemos que involucran a los animales. En los lugares donde se implementó, luego salió la ordenanza de tracción a sangre y de jineteadas, porque la sociedad va pidiendo otras cosas. En Gualeguaychú no están haciendo el programa de Equilibrio Poblacional, están haciendo un programa de castraciones”, mencionaron a Ahora ElDía.

En este sentido, las proteccionistas pidieron “el cumplimiento efectivo de la ordenanza, la implementación sostenida del programa, la aplicación rigurosa de la Ley 14.346 y el seguimiento estatal de los animales que aún permanecerían en el domicilio denunciado”. También afirmaron que la violencia hacia los animales no debe naturalizarse ni relativizarse y que actuar con firmeza constituye, a su criterio, una obligación ética y legal.

Por su parte, la subsecretaria de Ambiente, Ivana Zecca, área de la que depende la Veterinaria Municipal, afirmó que el maltrato animal es un delito tipificado por la ley nacional y que la competencia primaria es judicial. Señaló que el Municipio no posee facultades penales para intervenir directamente, aunque sí acompaña y articula con la Policía y la Fiscalía cuando se realizan denuncias: “Desde el Municipio promovemos el bienestar animal, pero también pedimos responsabilidad ciudadana. Denunciar por los canales correspondientes es la única forma de que la Justicia pueda actuar. Sin denuncias, no existe el maltrato. Y muchas veces las personas creen que con publicar en redes sociales basta, pero realmente se precisa de una denuncia formal”. Y agregó: “Cuando la Fiscalía solicita nuestra colaboración, intervenimos de manera inmediata en todo lo que esté a nuestro alcance técnico y sanitario. Acompañamos los procedimientos, brindamos asistencia veterinaria, evaluamos el estado del animal y, si corresponde, nos hacemos cargo de su resguardo y cuidado”.

El marco legal que protege a los animales

La Ley 14.346 establece penas de prisión para quienes inflijan malos tratos o actos de crueldad a los animales, incluyendo castigos físicos, abandono en condiciones que pongan en riesgo su vida y otras conductas tipificadas.

En Entre Rios, el Ministerio Público Fiscal cuenta con un protocolo de actuación que se alinea con la normativa nacional y fija pautas para la recepción de denuncias, la recolección de pruebas, entre ellas los informes veterinarios, y la adopción de medidas urgentes como allanamientos y secuestro de animales cuando existan elementos que acrediten la posible comisión del delito.