Números rojos

Los números mandan, bien se sabe. Entonces es aconsejable respetarlos y guiarse por ellos.Por Mario Alarcón MuñizEspecial En nuestro país no han sido favorables al interés común los números de 2009, pues nos indican que disminuyó la producción, repuntó la inflación, aumentó el desempleo, se alivianaron los bolsillos, cayó el superávit fiscal, en fin, los datos que conocemos sobre los cuales no es necesario abundar en detalles. Desde la góndola del supermercado hasta las cifras de la macroeconomía, se percibe que la situación es complicada, aunque todavía (y afortunadamente) lejos de la desesperación que nos envolvió hace ocho años. Esa distancia es la que obliga a actuar con sensatez y serenidad en procura de soluciones inteligentes, serias y consensuadas. Hay margen para evitar reiteraciones. Si ya conocemos el infierno, lo mejor es no acercársele. Provincias debilitadasLa coyuntura muestra su mayor crudeza en los estados provinciales. No ha cerrado aún la ejecución de todos los presupuestos 2009, pero desde ya se adelanta que veinte provincias lo harán en rojo (incluida Entre Ríos) y algunas de ellas (el caso de Buenos Aires) en rojo fuego alarmante. El conflicto con el campo, su directa incidencia en las economías locales y regionales, la prolongada sequía, el menor movimiento de todo orden, la consiguiente caída de la recaudación fiscal, la política absorbente del gobierno nacional concentrando en sus arcas la mayor cantidad de recursos y en cierto modo las repercusiones de la crisis mundial, han arrinconado financieramente a la mayoría de las provincias.Entre Ríos tiene a su favor una importante e impensada cosecha de trigo (más de un millón de toneladas) que puede llegar a estimular la economía interna siempre que se abra su comercialización, hasta ahora restringida por caprichos de funcionarios nacionales. Se estima que también el maíz y la soja producirán muy buenos resultados y esto será una buena ayuda, pero es imposible pronosticar en qué medida se volcarán en la caja del  Estado entrerriano.Ya en junio pasado el ministro de Economía, Diego Valiero, admitió que "las finanzas provinciales están comprometidas". Lo confirmó el tratamiento legislativo del presupuesto 2010 que en definitiva oficializó un déficit de 580 millones de pesos. Luego de los consabidos tironeos la Legislatura autorizó su financiación -es decir nuestro endeudamiento- tras haberse flexibilizado la ley nacional de responsabilidad fiscal que regula las deudas provinciales.Los salarios de los trabajadores estatales son los mismos de un año y medio atrás y el presupuesto no ha previsto ajuste alguno, condicionándolo a probables mejoras de la recaudación, porque "los números no dan, de ninguna manera", se explicó. Este asunto  incidirá pronto en nuestra vida cotidiana: febrero vendrá con reclamos, manifestaciones y paros de empleados públicos, viales, judiciales, de salud y por supuesto docentes, cuyos gremios han confirmado que "así como están las cosas, las clases no comenzarán el 1° de marzo".      Una ayuda¿Cómo salir de este embrollo? Varios dirigentes han pensado que el mejor camino y el más directo pasa por cambiar la ley de coparticipación. La Constitución Nacional de 1994 en sus disposiciones transitorias estableció un plazo de dos años para hacerlo. Han pasado casi dieciséis y todo sigue igual. O peor. Como nadie se atreve a encarar el asunto con la profundidad que el mismo merece, apareció una propuesta cuya lógica es indiscutible. Se trata de recuperar para las provincias el 15 por ciento de la coparticipación que les quitó el dúo Menem-Cavallo mediante el pacto fiscal de 1992. Se argumentó entonces que ese recorte era necesario para fortalecer el sistema previsional estatal, cuyos recursos habían caído por la creación de las Afjp. Pero estas desaparecieron hace más de un año y en consecuencia la poda del 15 por ciento carece en absoluto de sentido desde entonces.Así lo entendieron los diputados Benedetti y Busti operando por separado y una treintena de senadores nacionales que plantearon la cuestión ante la Corte Suprema de Justicia. No será la solución definitiva para corregir los números provinciales, pero ayudará.