Obra pública paralizada: el Gobierno Nacional no inició ninguna obra en 2025

El Gobierno Nacional no inició ninguna obra pública nueva en 2025. Según la información publicada por la propia administración de Javier Milei, la inversión en infraestructura financiada por Nación fue nula en términos de nuevos proyectos, consolidando la parálisis casi total que ya se había registrado en el primer año de gobierno. El resultado profundiza el freno iniciado el año anterior, cuando apenas se lanzaron 18 proyectos en todo el país, lo que ya había implicado una caída del 98% respecto de 2023.

De esta manera, las cifras confirman, una vez más, que la desinversión y paralización de la obra pública forman parte de los pilares del ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno libertario. El impacto concreto se traduce en menos rutas, viviendas, hospitales, escuelas y redes de servicios, muchas de las cuales quedaron frenadas o abandonadas, con consecuencias directas sobre la actividad económica y el desarrollo territorial del país.

Desinversión: cero obras nuevas

Uno de los principales recortes del fuerte ajuste fiscal llevado adelante por el gobierno de Javier Milei pasó por la obra pública. El Estado “ahorró” 87,8 billones de pesos constantes desde el inicio de la actual gestión y la mayor parte corresponde al abandono de la obra pública (-22,1 billones). Este recorte implica, en concreto, la paralización de proyectos de obras viales, redes de agua, hospitales, escuelas y viviendas, afectando directamente la competitividad y la actividad económica en todo el país.

Al respecto, si se analiza lo ocurrido en el año que acaba de terminar, las cifras oficiales confirman la parálisis total en la obra pública con cero obras nuevas iniciadas por Nación en 2025, consolidando así el freno tras la caída del 98% en 2024. Los datos fueron procesados por el centro Instituto Argentina Grande (IAG) en base al “Mapa de Inversiones” que presenta la actual Secretaría de Obras Públicas, desde donde se desprende que “no se registraron inicios de obras financiadas por el gobierno nacional en todo el año pasado”. 

Al poner la lupa sobre la cantidad de obras iniciadas por año según sector, y si bien los últimos datos oficiales publicados datan de mayo del año pasado, siguiendo la evolución del gasto de capital (que en 2025 cayó 81% real contra 2023) los investigadores sostuvieron que es esperable que el número final no difiera mucho del actual. Además, en 2024 se iniciaron solamente 18 obras, lo que representa una caída del 98% contra 2023. De ese total, solo 6 obras eran viales, es decir, que durando lo que va de gestión de La Libertad Avanza, “se iniciaron, según el propio gobierno nacional, 6 obras viales nuevas en 2024 y ninguna en 2025”.

Lo anterior no es menor si se considera el efecto multiplicador que tiene la inversión estatal en la economía ya que menos obra pública significa menor demanda en sectores industriales y de servicios, más desempleo en la construcción, y un freno al desarrollo productivo y territorial. 

Paralización de obras: mal estado y abandono

La desinversión del gobierno de Milei en materia de infraestructura vial destruyó el trabajo realizado en años anteriores y se estima que el monto para recuperar las rutas sería incluso superior al costo que hubiera generado un mantenimiento planificado y habitual. Si se compara con la situación previa al inicio de la gestión libertaria, mientras en ese entonces el 23% de las rutas nacionales estaba en mal estado, ahora ese guarismo escaló al 29% (+6 puntos porcentuales) como resultado de la política de desinversión en marcha.

“Nunca se gastó tan poco en arreglarlas”, aseguraron los investigadores del IAG. En ese sentido, un factor de relevancia tiene que ver con que el gobierno sigue recaudando el impuesto a los combustibles, pero solo se invirtió el 46% de los fondos asignados a La Dirección Nacional de Vialidad (DNV). En otras palabras, “el Gobierno utilizó menos de la mitad de lo recaudado por el impuesto a los combustibles, para su fin específico”. 

En concreto, dicho tributo es de afectación específica ya que una parte de la recaudación (14,25%) debe destinarse al mantenimiento del sistema vial. De hecho, es Vialidad Nacional la encargada -a través de convenios con provincias, municipios o de obras propias- de hacer uso de estos recursos además de otras fuentes de ingresos (como créditos externos o transferencias directas del Tesoro, independientes de la recaudación). Sin embargo, “si se compara solamente lo que se gastó a cuenta de dicho impuesto y el porcentaje de lo recaudado por el mismo que debería ir al mantenimiento del sistema vial nacional, se puede ver que en el 2025 solamente se gastó un 46% de lo que se debería haberse destinado a ese fin”, plantearon desde el IAG.

Esto quiere decir que el Estado no gastó parte de lo recaudado por un impuesto que tiene afectación específica, a costa de que empeoren las rutas y “para lograr parte del superávit”. La falta de mantenimiento es un problema porque, según estimaciones de la Cámara de la Construcción (CAMARCO), resulta 10 veces más caro mantener la infraestructura vial existente que repararla.

Dada esta situación, un tercio de la red vial está en malas condiciones y menos de la mitad de las rutas se encuentran en estado óptimo. Como resultado, en este último tiempo, el estado de las rutas empeoró notablemente en 18 provincias (no se cuenta con datos para Tierra del Fuego) y “solamente 5 distritos viales tienen un porcentaje de kilómetros de ruta/autopistas en buen estado o regular más alto que durante la gestión anterior”. 

En definitiva, las rutas nacionales en mal estado no solo representan un peligro enorme para quienes las transitan día a día, sino que además aumentan el costo del flete para mover bienes por todo el país  afectando la actividad productiva en un escenario de cosos crecientes y crisis del mercado doméstico.