Organizaciones sociales se oponen a declarar a Concordia “ciudad pro vida” 

Organizaciones sociales, políticas y sindicales manifestaron su rechazo a que Concordia sea declarada "ciudad pro vida" y "pro familia". La posible adhesión del Municipio a un "pacto" con la iglesia "no es una simple declaración, sino una posición ideológica que intenta borrar los derechos conquistados".Asambleas, colectivos políticos, organizaciones, partidos políticos y diferentes personas expresaron que declarar a la Capital del Citrus "ciudad pro vida" y "pro familia" sería "atentar contra el Estado de derecho y los derechos fundamentales consagrados en los convenios internacionales"."Estos proyectos, impulsados por los sectores conservadores, buscan imponer una visión hegemónica del concepto de valores, de vida y de familia, ya que, como lo han declarado públicamente, se apoyan en el Pacto de San Antonio de Padua", dijeron, al tiempo que indicaron que tal pacto "es impulsado por la iglesia católica y al mismo adhirió el intendente Enrique Cresto en junio de 2016".El punto 5 de tal "pacto" expresa que "la familia es fundada sobre el matrimonio, que es un acto libre y fiel de amor entre un hombre y una mujer".Para quienes cuestionan la adhesión a este acuerdo "no es una simple declaración, es una posición ideológica que intenta borrar los derechos conquistados en este nuevo siglo, por los movimientos sociales, de mujeres, feministas y LGBTTTIQ, que reconocen la existencia de familias diversas, que van desde las monoparentales a las familias ensambladas, como así también los matrimonios de personas del mismo sexo, e incluso las familias que se constituyen sin obligación de matrimonio"."Otro punto que sostienen estos proyectos, es el del concepto del 'niño por nacer' -que se enmarca en el contexto del debate por la despenalización y legalización del aborto- queriendo determinar el inicio de la vida desde sus concepciones morales y religiosas,  desconociendo así el derecho de las mujeres a decidir", dijeron en un comunicado enviado a esta Agencia."El resto de las fundamentaciones, son obligaciones indelegables del Estado a garantizar la salud, la educación, el trabajo y protección de los más vulnerables, según el art. 14 y 14 Bis, como así también las distintas leyes que protegen los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y diversidad: Ley N° 25.673 Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable; la Ley N° 26.150, Educación Sexual Integral; la Ley N° 26.485 de Protección Integral para erradicar la violencia contra la mujer; Ley 26.618 Modificación del Código Civil - Matrimonio Igualitario; Ley 26.743 Identidad de género - entre otras - y tratados internacionales firmados por el país como la Convención Internacional por los Derechos del Niño, Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros", informaron luego.Para estos sectores que se oponen a la decisión del intendente Enrique Cresto, "estas leyes que están vigentes, deben ser cumplidas y reforzadas en su aplicación, con políticas públicas eficaces, sin la intervención de los credos, sin hacer caso omiso a las luchas sociales y a los reclamos colectivos por el reconocimiento de derechos fundamentales en nuestro país". Estado y religión"Respetamos la libertad de cultos, pero no vamos a permitir que se le otorgue a la iglesia católica ni a ninguna otra religión, la elaboración e implementación de estas políticas públicas, que son de afectación al conjunto de la sociedad, más allá de su credo religioso. Imponer desde el Estado, políticas basadas en imposiciones eclesiásticas, es autoritario, discriminatorio y a todas luces violatorios de los principios del Estado de Derecho", agregaron."El movimiento de mujeres y LGBTTTIQ vienen dando peleas inmensas por el reconocimiento de nuestros  derechos. La relación privilegiada de la Iglesia Católica con el Estado argentino, ha sido un motor fundamental para la negación y el retraso de debates fundamentales para la salud pública y los DDHH, lo que demuestra cada vez más la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado, para tener definitivamente un estado laico", expresaron luego.Por todo esto, rechazaron "los proyectos que solicitan la declaración de Concordia 'Pro Vida y Pro Familia', según lo requieren los cultos", y exigieron que "por respeto a la diversidad y a las libertades fundamentales, el Concejo Deliberante de Concordia rechace in limine lo solicitado en ese sentido, declarando a Concordia Respetuosa de la Diversidad y las libertades consagradas en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos.Reafirmamos así mismo, nuestra convicción de defender los derechos conquistados y la de seguir luchando por todos los que aún nos faltan conquistar".