Para el futuro y por muchos años

Es común que las cuestiones urgentes desplacen a las importantes. Suele sucedernos en el orden personal, familiar o grupal y a diario lo comprobamos en la vida política de nuestro país. Por Mario Alarcón MuñizEspecial Es común que las cuestiones urgentes desplacen a las importantes. Suele sucedernos en el orden personal, familiar o grupal y a diario lo comprobamos en la vida política de nuestro país. Los dirigentes por lo general relegan los temas trascendentes para ocuparse de lo inmediato. Y si las elecciones están cerca, esa tendencia es más intensa y evidente.Incluimos en esta consideración el problema de la extranjerización de la tierra. O más aún, de la propiedad de la tierra. Es verdad que el gobierno se ha ocupado recientemente mediante un proyecto de ley, pero las imprecisiones y contradicciones observadas en el mismo (lo hicimos en esta columna el 1 de mayo pasado), delatan una presurosa elaboración que induce la sospecha de otro recurso preelectoral. Acentúan esta sensación las presiones del oficialismo por aprobar el proyecto en un plazo perentorio, es decir sin mayor estudio ni profundización. Justamente éste es un caso que requiere análisis, consultas a los sectores involucrados, razonamientos, argumentos y consenso. Debatir en serio Sólo las urgencias electorales explican la premura. El tema de la extranjerización o tenencia de la tierra permaneció congelado durante todo el período kirchnerista hasta fines de abril pasado, cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto citado. Mientras tanto, entre 2002 y 2010 cerca de 27 millones de hectáreas se convirtieron en propiedad extranjera. Cabe aclarar que no hay precisiones sobre el alcance del dominio foráneo de la tierra. Según estadísticas confiables -no oficiales porque el gobierno carece de datos exactos o se le han perdido o los esconde-  la superficie sería de 34 millones de hectáreas cuando en 2002 alcanzaba a 7 millones. Hay certezas, en cambio, deducidas del Censo Nacional Agropecuario 2008, de la desaparición en una década, de 148.000 productores argentinos medianos y pequeños."El debate profundo que se viene es el de la propiedad de la tierra", estimábamos aquí el 13 de marzo último. Por entonces ya habían ingresado en el Congreso 14 proyectos de ley en igual sentido presentados en los últimos diez años por otros tantos legisladores nacionales de diferentes partidos, que nunca merecieron la atención de las mayorías parlamentarias. Nuevos proyectosA esas iniciativas se añadió a fines de abril la del PE que comentamos y las presentadas por el diputado socialista Lisandro Viale (Entre Ríos) la semana anterior y por la Federación Agraria Argentina (FAA) el miércoles pasado.Viale evita generalidades y localiza mejor el problema de la tierra en manos extranjeras. Su propuesta, entre otros puntos, consiste en suplantar el máximo de 1.000 hectáreas permitido por el proyecto oficial, por unidades económicas de producción y según la función a la que se destinará el inmueble. La superficie de éste difiere conforme a la zona y el objeto de la explotación que para Viale debe girar dentro del régimen de pequeñas y medianas empresas. De hecho excluye a las corporaciones. Además propone crear la Agencia Nacional de Catastros Territoriales.La FAA por su parte, ostenta una firme tradición en el tema, como que fue uno de los motivos de su fundación hace 99 años. ¡Vaya si tiene luchas planteadas, estudios, debates y hasta muertos! Le sobran diplomas. Nadie puede negarle autoridad y experiencia. En 2002 la FAA presentó un proyecto acerca del tema. Todavía duerme. Dos años después la entidad realizó en Parque Norte su Congreso de la Tierra en el que se profundizó la cuestión. El gobierno ni se enteró. De la oposición sólo se interesó algún sector. Democratizar la tierraLa propuesta agrarista va más allá de la limitación de la propiedad extranjera y se refiere al "acceso equitativo a la tierra", cuya regulación confía a un Instituto Nacional de Tierras. Esta entidad deberá elaborar programas de asignación de tierras mediante compras o expropiaciones a través del Congreso y administrar un fondo nacional de tierras, tendiendo a la erradicación del latifundio y el minifundio.La iniciativa propicia que los chacareros y sus hijos se conviertan en propietarios. Tiende, según lo declarado por los dirigentes agrarios, a "facilitar el acceso a la tierra de los jóvenes y los productores" mediante un proceso democratizador que comprenda el reconocimiento de sus derechos a los pueblos originarios, la titularización de los ocupantes precarios, la distribución de la tierra pública y una producción a  cargo de productores. ("Agricultura por agricultores", clamaba Jeannot Sueyro, el cura gaucho de  Gualeguaychú).Si el gobierno está dispuesto a frenar la extranjerización de la tierra -conforme lo manifiesta- deberá facilitar la discusión sobre el problema global que no se circunscribe a la propiedad foránea. Es tan importante, de tanta trascendencia la estructura agraria de la Argentina, base fundamental de nuestra economía, que resultaría imperdonable soslayar el debate integral. Esta es la oportunidad de resolver la cuestión para el futuro y por muchos años.