Para los asambleístas, el Gobierno reconoció que hay contaminación
Pese a la negativa de los funcionarios nacionales de brindar precisiones sobre los resultados de los análisis de agua recogidos tras la aparición de la mancha, los integrantes de la Asamblea lograron que la Cancillería y la Secretaría de Ambiente de la Nación reconocieran en el documento oficial que existe un “perjuicio sensible” al río Uruguay, producto del funcionamiento de Botnia. El gobierno también reconoce que la aparición de algas, “las manchas blancas” y las explosiones ocurridas en la planta de Botnia serán parte de “la argumentación argentina en las audiencias orales ante el Tribunal en La Haya que se llevarán a cabo en el mes de septiembre de 2009”.
Las voces
En la mañana de Radio Cero hubo un “desfile” de los integrantes de la comitiva de Gualeguaychú, quienes brindaron sus opiniones sobre el encuentro. Para Carlos Godaracena, “el encuentro tuvo dos momentos: una parte que por ahí no nos dejó del todo conformes porque no nos proporcionaron directamente los datos que nosotros íbamos a buscar”, explicó. Al mismo tiempo, Goldaracena aclaró que al momento de referirse a “la famosa mancha blanca, dijimos que había componentes orgánicos que estaban avalados por la demanda química de oxígeno. Y esto no causó ninguna sorpresa”, precisó Goldaracena, para concluir que la sensación fue que “ellos tienen idea de que nosotros estamos en lo cierto. Llegamos a la conclusión de que ellos saben y tienen registrados todos estos datos”.
Jorge Fritzler aseguró que “No estoy disconforme con la reunión. Si tengo que hacer un balance, creo que es levemente positivo. Haber roto la confidencialidad de esa forma, aunque sea con el comunicado que logramos que sacara y que leyera Bibiloni en una conferencia de prensa conjunta, creo que es bastante importante. Es la primera vez que tenemos una reunión de la Asamblea con Cancillería y con Medio Ambiente, y es para destacar la buena relación que se percibe entre Cancillería y la Secretaría de Ambiente”.
Reconocer la contaminación
Ana Angelini calificó como “dura” la reunión. “Si bien no conseguimos la información que habíamos ido a solicitar en cuanto a obtener los resultados respecto a los episodios relacionados con Botnia, logramos un comunicado en el que tácitamente están reconociendo la contaminación que produjeron esos hechos”.
Según la asambleísta, “a la mayoría de los que estuvimos presentes nos quedó la sensación de una reunión dura, pero productiva”, ya que “reconocieron que había elementos probatorios suficientes para presentarlos ante la Corte Internacional de La Haya”.
Sira Muñoz opinó que “dentro de todo, hemos visto que hay un interés que antes no veíamos. Yo creo que decir que Botnia produce un daño sensible al río Uruguay es como estar diciendo que lo está contaminando. No digo que es para saltar de contentos, pero ellos dicen que es lo máximo que pueden decir”, agregó.
Luis Leissa rescató que “la parte positiva fue ver cuál es el manejo que se está haciendo de la causa ante La Haya, y verificar que en principio hay armonía del trabajo que lleva adelante la Cancillería con Medio Ambiente”. El asambleísta remarcó que “uno nota que la responsabilidad con la que lleva adelante la causa la doctora Ruiz Cerruti como responsable jurídica del tema no tiene el mismo énfasis y el nivel de decisión política que uno requiere por parte del Gobierno Nacional”. Leissa destacó que en la reunión “se ratificó que se ha violado el Estatuto del Río Uruguay; se habló de perjuicio sensible, que en definitiva es ratificar que acá hay contaminación y que los episodios que ocurrieron en Gualeguaychú ya son utilizados como prueba”, concluyó.
Defender la confidencialidad
La reunión de los integrantes de la Asamblea con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación volvió a poner en debate los alcances de la “confidencialidad” que argumenta Cancillería cada vez que se piden explicaciones sobre las pruebas de la contaminación. En la edición del domingo se publicará una entrevista a Raúl Estrada Oyuela, donde el ex miembro de Cancillería explica los alcances reales que tiene esta manera de proceder que establece el Tribunal de La Haya.
Jorge Fritzler, desde la Asamblea Ambiental, sintetizó la situación que se vivió sobre este punto: “Nosotros fuimos con la idea de que íbamos a obtener un comunicado más contundente, pero aparentemente es inviable porque La Haya establece que todo lo que sea divulgado ampliamente, puede ser objetado como prueba. Por otro lado, el gobierno asegura que no puede mostrar las cartas con que va a atacar porque decir que se han detectado ciertas sustancias en el aire o en el agua, puede servir para que corrijan esa situación”. Sin embargo, los ambientalistas hicieron notar que “para Gualeguaychú y los asambleístas hay confidencialidad, y para los propios funcionarios del gobierno parece que no existe”, se quejaron en alusión a las declaraciones de funcionarios como el Ministro Fernández o el titular del INTI, Enrique Martínez.
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