Para Uruguay, preservar a Botnia será “una solución pacífica”

Uruguay pidió ayer a los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que permitan seguir operando a la celulosa Botnia para lograr poner fin al conflicto con Argentina, y restablecer las "relaciones amistosas". Para Montevideo, solamente hay "un remedio" a este conflicto: "que la Corte afirme su derecho (de Uruguay) de que la celulosa opere de acuerdo con el Estatuto de 1975", consideró el letrado.
Así lo solicitó el miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos Paul Reichler durante la última jornada con que contaba Uruguay para exponer sus argumentos ante el tribunal con sede en La Haya, en el contencioso con Buenos Aires por la construcción de esa papelera.Instó al máximo órgano judicial de la ONU a no desaprovechar "la única oportunidad de aportar una solución pacífica" a la disputa entre Uruguay y Argentina, que desde 2006 están enfrentadas en esa Corte por un conflicto "largo y desagradable", según publicó Crítica Digital.Al presentar sus argumentos, la delegación uruguaya también acusó a Argentina de no haber presentado ningún informe independiente sobre los efectos medioambientales de la papelera- en funcionamiento desde noviembre de 2007- sobre el río Uruguay y su ecosistema.Montevideo invitó a la Corte a que considere como únicos estudios independientes los elaborados o encargados por la Corporación Financiera Internacional (IFC, en sus siglas en inglés), que es un miembro del Grupo Bancario Mundial.Esos informes concluyeron que la actividad de Botnia "aporta beneficios económicos significativos para Uruguay sin causar daño medioambiental al río", recordó Reichler.Argentina solicitó por su parte la semana pasada a los jueces que ordenasen la paralización de la actividad de la planta celulosa, el cambio de uso de sus instalaciones o su desmantelamiento como solución al conflicto.El profesor de Derecho de la Universidad de Florencia, Luigi Condorelli, consideró "inaceptable " y "desproporcionado" que Argentina vea "el desmantelamiento de la planta". Recordó que el Estatuto de 1975 recoge medidas como "compensación" y "remedio" adecuado en el caso de que una de las partes haya causado contaminación en el río.Argentina desestima cualquier compensación y aboga por una "restitución íntegra": recuperar la situación del río antes de la construcción de la celulosa como única solución al conflicto.Acerca de la "indemnización adicional" de daños solicitada por Argentina, Uruguay dijo que Buenos Aires tiene que demostrar primero que esos daños -como las pérdidas del sector turístico o pesquero- son una consecuencia directa de la actividad de la celulosa.Buenos Aires elevó el conflicto sobre las papeleras a la CIJ en mayo de 2006, con la aseveración de que el país vecino violó el tratado del Río Uruguay cuando autorizó la construcción de dos plantas de celulosa en su ribera del río.
Habló Tabaré
El presidente uruguayo Tabaré Vázquez consideró que Uruguay "destruyó" en La Haya los argumentos argentinos en cuanto a que la papelera contamina. "Estoy seguro que Botnia no contamina y que así va a ser reconocido", aseveró.Uruguay "aceptará" el resultado del veredicto y "esperamos que del lado argentino se cumpla también lo que establezca el Tribunal y que con este veredicto pongamos punto final al tema", afirmó."Estoy seguro que Botnia no contamina y que así va a ser reconocido", añadió el presidente uruguayo que subrayó los lazos de históricos de amistad con Argentina donde están radicados unos 300 mil connacionales, sostuvo.
Luis Leissa: "es una defensa débil"
Luis Leissa, uno de los abogados de la Asamblea Ambiental, expresó a Radio Cero que "era previsible que Uruguay pudiera salirse con el acuerdo anterior y que eso signifique de algún modo convalidar". Lo dijo en relación a la supuesta charla que en el 2004 mantuvo el entonces canciller argentino Rafael Bielsa con su par uruguayo."Con esa prevención, los argumentos que se vuelcan sobre que hubo un consentimiento, no suplen lo que tienen que ser los pasos que establece el estatuto del río Uruguay que es muy claro al respecto porque dice que tiene que haber una información, un estudio de impacto ambiental previo, y en ningún caso una reunión puede suplir esos pasos previos", señaló.No obstante, consideró que la defensa de Uruguay "es débil. Hay que tener en cuenta cuestiones que tienen que ver con el orden público, está de por medio la salud y mientras no haya una autorización formal no se puede entender que hay una autorización. Uruguay quiere limitar las obligaciones que establece el estatuto. Plantea que la obligación del estado ribereño era informar y no esperar la contestación del otro Estado, lo que no tiene ningún sentido"."La falta de autorización del otro país es lo que provocó que se siguiera negociando. Con posterioridad a esto que es un simple informe, Uruguay se siguió reuniendo con Argentina. ¿Para qué se reunió el grupo técnico de alto nivel después que Bielsa estuvo en Gualeguaychú? Si hubiera estado la autorización no hubiera habido reunión en ese sentido", sostuvo.-¿Qué análisis hace de la exposición uruguaya?Es una defensa débil que no hace al fondo de la cuestión y que si hay un juicio ecuánime imparcial y efectivo, tendrán que reconocer que el estatuto ha sido violado. Ese acuerdo que Uruguay esgrime es solo una declaración, que no puede suplir los pasos que exige el estatuto del Río Uruguay.No se puede decir que esto no contamina, cuando la sola presencia de la mancha, demuestra que hay una alteración y contaminar es alterar el medio ambiente. Qué más hace falta para demostrar que hay contaminación.