Particulares pretenden apropiarse de tierras fiscales

El Estado ya tiene en su contra al menos 18 juicios en distintos juzgados por parte de particulares que pretenden apropiarse de tierras fiscales, ubicadas en el Delta, apelando a la figura de la usucapión o prescripción adquisitiva, modo de adquisición que prevé el Código Civil.

El Código consagra dos clases de prescripciones adquisitivas: la de 10 años o brevi manu y la de 20 años o longa manu. Esta última es la que se opera por la posesión continuada de una cosa con ánimo de tenerla como propia durante el tiempo preseñalado, al cabo del cual se considera al poseedor como propietario, aún cuando no exista buena fe de su parte y su posesión sea ilegítima, dicen los abogados.

Por esa vía, la Provincia ya no controla 100 mil de las 190 mil hectáreas de tierras que posee en la zona del Delta, en los departamentos Victoria y Gualeguay, por cuanto fueron apropiadas por particulares e inscriptas en la Dirección de Catastro. Algunos, incluso, han iniciado juicios de usucapión contra el Estado, uno con sentencia contraria a los intereses del fisco, y que en forma global involucran unas 25 mil hectáreas.

La Fiscalía de Estado defiende la tesis de que los juicios de usucapión sólo pueden darse entre particulares: alguien que toma posesión de un terreno, y que lo toma como propio, asumiendo todas las obligaciones, incluso impositiva. Pero que no caben en la apropiación de bienes públicos, como las tierras fiscales.

El titular de la Dirección de Administración de Tierras Fiscales de la Secretaría de la Producción, Juan Carlos Flematti, dijo que las tierras fiscales en el Delta “son muy apetecidas por ganaderos de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires”, muchos de los cuales, aseguró, han “usurpado” propiedades de dominio público.

La cuestión no es nueva, sin embargo Flematti dice que hay juicios por usucapión que datan de 2002 y que alertó de la apropiación ilegal de tierras en 2004, pero que hasta ahora no se habían atendido sus planteos. Un prolijo informe que produjo el funcionario en noviembre último da cuenta que en el departamento Victoria, de las 132 mil hectáreas propiedad del Estado, “las mensuras de posesión involucran a 50.507 hectáreas”, y en el departamento Gualeguay, de las 45 mil hectáreas “consideradas bienes del dominio público, 58.500 hectáreas cuentan con alguna mensura de posesión, dos o hasta tríplemente mensuradas por distintos profesionales, lo que hace superar en 18.500 las hectáreas mensuradas respecto de la superficie de los bienes inmuebles. De los 70 predios propiedad del Superior Gobierno, 56 de ellos se encuentran mensurados con la finalidad de adquirirlos por prescripción adquisitiva”.

 

Gastaldi defendió la gestión

Funcionarios de la Fiscalía de Estado y de Catastro y legisladores de la comisión de Tierras de Diputados debatieron hoy en el recinto de la cámara baja la apropiación de islas por parte de privados. En el encuentro, del que no participaron los senadores, hubo momentos de rispidez entre el titular de la Fiscalía, Julio Rodríguez Signes y la responsable de Catastro, María Danuzzo de Cabriola, se advirtió la “desarticulación” que existe entre estos organismos y también la reacción tardía frente a un problema en el que la provincia podría perder millones.

“Hay un divorcio entre los organismos que llevan adelante este tema” sintetizó al término de la reunión, el presidente de la comisión de Tierras, Horacio Flores (PJ) quien además apuntó que con los informes aportados “seguiremos trabajando el tema en la comisión. Nosotros estamos a disposición para corregir” aseguró.

Por su lado, los funcionarios tuvieron varios desencuentros durante la reunión que se extendió por más de dos horas ya que la titular de Catastro defendió su gestión al plantear que “sólo registramos. No damos derechos”. Sin embargo, para Julio Rodríguez Signes, Catastro “tiene que cumplir con el Código Civil y no puede registrar cosas del dominio público”.

El más indulgente fue el escribano mayor de Gobierno, Gregorio Gastaldi, que trató de despejar la gestión y atribuyó a las “distracciones de los funcionarios de la gestión anterior” (en la que el también era el escribano del gobierno) a pesar de que se volcaron sobre la mesa varias irregularidades dominiales.

Los senadores no estuvieron representados en el recinto a pesar de que la ley de arrendamientos surgió precisamente de esa cámara. “No sé porque hicieron la reunión en Diputados. Ahora me avisan pero no se pensó en algo conjunto” advirtió a colegas de Recinto Net Hernán Vitullo, el senador de Gualeguay, una de las zonas en las que precisamente las islas se fueron a manos privadas.