Personas con discapacidad criticaron la modalidad presencial de la auditoría

La política argentina volvió a ofrecer un capítulo que parece sacado de un guion de ficción. El Presidente de la Nación, su hermana, su abogado personal y hasta hace poco tiempo mejor amigo, junto a un círculo cercano con un apellido que estuvo vinculado a la corrupción en el país, quedaron en el centro de las denuncias por presuntos sobornos de la droguería Suizo Argentina. La firma, que multiplicó contratos con el Estado en apenas un año, habría canalizado coimas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), conducida hasta hace días por ese mismo amigo del mandatario.

El escándalo estalló tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, que derivaron en su salida inmediata de la Andis. El organismo, hoy intervenido por el Ministerio de Salud —que también enfrenta la crisis por la muerte de más de 100 personas tras la aplicación de fentanilo contaminado—, estuvo llevando adelante, a través de una empresa tercerizada contratada por el PAMI, la auditoría nacional de pensiones por invalidez laboral a personas con discapacidad del departamento Gualeguaychú.

Así de complicado de entender es la situación, sobre todo cuando lo único que se les pidió a los beneficiarios fue el CUD (Certificado Único de Discapacidad), nada más. Luego, cada uno de ellos tiene 30 días para presentar los papeles solicitados en la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social). No hubo ni médicos ni ningún especialista, sino simplemente personas que recibieron la documentación de quienes se presentaron. Vale hacer un paréntesis en este punto y resaltar la buena atención en la gran mayoría de los casos por parte de los empleados, tanto de la empresa contratada como del Municipio, que brindaron colaboración, por ejemplo, a aquellos con problemas de movilidad para poder subir la empinada rampa del hotel y acomodarse en las sillas dispuestas dentro del salón.

Ahora ElDía recogió los testimonios de varias familias y de discapacitados que se dieron cita en la zona de la Costanera. Un punto de coincidencia que marcaron es que les parece muy bien que se controle y que las pensiones lleguen a las personas que les corresponde. Sin embargo, con indignación y malestar, coincidieron que la manera pudo haber sido otra, ya que muchos debieron pedirse un día en el trabajo para acompañar a sus familiares y, en algunos casos, tuvieron que viajar desde otras localidades hasta Gualeguaychú.

Por ejemplo, hubo dos familias de Urdinarrain con casos muy similares, que debieron viajar con sus hijas en sillas de ruedas hasta nuestra ciudad, para realizar un trámite de 5 minutos que se podría haber hecho de forma virtual.

Además, al tratarse de discapacidades que afrontarán durante toda su vida, resulta llamativo que permanentemente tengan que realizar trámites para mantener la pensión, que es de apenas $220.000, más un bono de $70.000.

“No me alcanza ni para pagarle el alquiler”, comentó José Luis Pereyra, pariente de los reconocidos músicos, que acompañó a su hermana Ester al hotel.

“Ella tiene esquizofrenia. Le alquilamos una casa hace un tiempo porque tengo 4 hijos y nos recomendaron, cuando eran chicos, que no era conveniente que viva con nosotros por los episodios que tiene”, contó José Luis, que se las arregla para caminar pese a que tiene clavos en el tobillo. “Me dejé estar y después no podía andar del dolor, ahora por cualquier cosa voy al médico”, contó junto a su hermana, ambos con buen semblante pese a tener que movilizarse a completar con el trámite de rigor y luego tener que ir al Anses.

Otra gualeguaychuense que brindó su testimonio fue Emilia, que transita estos días con mucha angustia. “A mi mamá, que está postrada en una cama, la tuvieron que internar cuando recibió la carta documento”, lamentó y agregó: “Está muy bien que controlen, pero tendrían que moverse ellos y no hacer venir a los discapacitados. Hay muchos que no tienen familiares que puedan asistirlos y ayudarlos. En mi caso, tuve que pedir el día en el trabajo para presentar sólo el CUD”.

Acerca del trámite, dijo: “Presenté los estudios y me preguntaron cuándo había comenzado, y cuando te haces un estudio molecular es porque es congénito; creo que los chicos que atendían ignoraban algunas cuestiones médicas que deberían haberlas visto un profesional, pero no había ni un médico ni un asistente social, sólo cargaban datos y te mandaban al Anses”.

Ya más tranquila, luego de que le dieron turno en Anses, relató el episodio de su mamá Elba: “Recibió una carta documento hace un mes y medio diciéndole que se tiene que presentar para corroborar su estado de salud y si merece esta pensión. Ella, en el estado que está, lo tomó muy mal porque sintió que estaba haciendo algo malo. Con mi papá, vivimos haciendo trámites, llevando carpetas de acá para allá, para cada medicamento, para cada estudio, porque si no le sacan la atención y la pensión. Para nosotros, solventar estos gastos sería imposible”.

Acerca de la enfermedad de Elba, detalló: “Se llama ‘déficit de alfa-1 antitripsina’, es una anomalía genética que hace que tengas una producción insuficiente de la proteína alfa-1 antitripsina, la cual es crucial para proteger los pulmones. Puede pasarte en uno o en los dos. En el caso de mi mamá es en los dos. Es como si nacieras sin el filtro de los pulmones. Es irreversible y súper compleja porque son desconocidas las reacciones que pueden manifestarse en el cuerpo. No podíamos dar con su diagnóstico hasta que nos atendió el Dr. Carlos Victorio, en Concepción del Uruguay: un especialista en medicina respiratoria e investigador del Hospital Italiano. Él le hizo el estudio molecular, el cual demoró tres meses, y cuando llegó el resultado supimos el nombre de la afección que padecía. Hay un tratamiento hasta ahora que es mejor tolerado por las mujeres y que se realiza en el laboratorio del Italiano, pero hay que comprar una patente y cada ampollita cuesta $8.100.000. A eso hay que tramitarlo cada tres meses, lo mismo que los medicamentos crónicos, el tubo de oxígeno, el oxigenador… Imaginate que si además quieren sacarle la pensión que para lo único que le sirve es para pagar un remis de la casa al hospital, cuando no va en ambulancia, es muchísimo”, concluyó Emilia.

La escena en el Hotel Aguaý dejó en evidencia las tensiones que atraviesan las políticas públicas cuando se aplican sin planificación adecuada. La auditoría, que en teoría buscaba ordenar y transparentar el sistema de pensiones, terminó exponiendo las dificultades cotidianas de cientos de familias que conviven con la discapacidad y que ya cargan con trámites interminables para sostener la cobertura mínima de salud y asistencia económica.

En paralelo al escándalo nacional que envuelve a la Andis, los testimonios recogidos en la ciudad ponen el foco en un punto sensible: detrás de los números y los expedientes hay historias de vida atravesadas por la precariedad y la burocracia estatal. Mientras tanto, la incertidumbre sobre la continuidad de las pensiones y la forma en que se realizarán los próximos controles sigue siendo una preocupación latente.