Pocos terrenos, una solución sería la expropiación

Los asentamientos abren otro debate: el alto costo de los terrenos, inaccesibles para el Estado. Carlos Aloy, titular del IAPV local, habló de una solución posible: declarar de interés público una zona o expropiar un terreno.

Por Rubén Skubij

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Los asentamientos en Gualeguaychú son una triste realidad publicamos en la edición del domingo pasado. Ayer se terminaron de instalar dos nuevas casas precarias en uno de ellos. ¿Qué hacer? Un debate en el que deben opinar funcionarios municipales y provinciales, entidades intermedias y también la sociedad.

Carlos Aloy, a cargo del IAPV Regional Sur, reconoció el drama “de esta gente aunque, primero, debo aclarar que la función del Instituto no es la ayuda social. Si bien es una vivienda financiada el ciento por ciento y con subsidios, hay un costo de ese valor que no se cobra. Es una cuota accesible, desde ese punto de vista es social”, manifestó ayer a Radio Cero.

“Lo que no tiene que ver es con la ayuda propiamente dicha, la vivienda se vende lo que deriva en una operación comercial entre el adjudicatario y el Instituto que es estatal”, aclaró.

- Hay obligaciones en ambas partes.

Exacto. Una venta necesita requisitos, en este caso que las personas tengan residencia en la localidad, si no lo cumplen deben habitar, como mínimo, dos años en la ciudad.  Lamentablemente de otras ciudades o provincias no pueden venir a requerir una casa.

- ¿Más de tres mil personas están en lista de espera?

El instituto tiene tres operatorias de construcción, uno es el de demanda libre. Salen de los registros pero siempre contando con los recibos de sueldos, en el caso de que no tengan se necesita un garante. Acepta ser el fiador solidario de ese grupo familiar para poder adjudicarse la casa.

Otra forma es a través de las instituciones intermedias, ONG con personería jurídica, estableciendo la promoción de las personas con aspiraciones de alcanzar una. O los gremios que han sido exitosos en ese sentido.

Y tercera operatoria se obtienen con convenios a través de la municipalidad y la Subsecretaría de Vivienda de la Nación. No obstante, el Directorio del IAPV resolvió para el futuro que todas las construcciones de viviendas que se concreten por Cooperativas van a depender directamente de la coordinación del Ministerio de Acción Social de la Provincia, nuestro organismo directamente no participará más.

El gobernador pretende que el Área de Acción Social lo centralice porque puede generar otros emprendimientos futuros; lo atenderá exclusivamente la coordinación a cargo de Daniel Irigoyen.

- ¿Cuántos vecinos están anotados?

Ha superado bastante los tres mil registros. Estamos hablando de tres mil doscientas familias que son oriundas de Gualeguaychú.

Hoy en día una cuota del Instituto puede andar alrededor de los 300 pesos o más.

Leí la nota de El Día, es muy completa porque opinan diversos estamentos. Coincido, es lamentable cómo viven en los asentamientos pero en el IAPV existe un requisito a cumplir y es ser de la ciudad.

El funcionario sostuvo que “el estado y la sociedad en su conjunto deben trabajar codo a codo ante esta situación para desarrollar alternativas porque urge dar una respuesta, no se puede demorar.

Uno no acepta -ya lo he manifestado- la usurpación a ninguna propiedad, no se puede avalar un delito. Pero esta problemática social requiere una intervención urgente”.

 

Terrenos “muy caros”

Aloy mencionó un punto que le preocupa al organismo provincial “y que comparten todos los intendentes. Me refiero al valor de los terrenos y Gualeguaychú no es la excepción. Hay zonas que son muy caras, muchos terrenos valen más que una vivienda social y son aquellos que se vieron beneficiados porque el Estado pasó con todos los servicios, y hoy se ven revalorizados en su costo”.

- ¿Se refiere a los terrenos que pertenecen a pocos propietarios?

Sí, en su momento no tenían mucho valor pero como el Estado ha necesitado invertir en la estructura de servicios -agua y cloaca- para el crecimiento de la ciudad, los cruzó por zonas de chacras.

Me refiero a terrenos de gran superficie y hoy el costo es muy elevado, nos enfrentamos con ese problema. El Estado no tiene bancos de tierra generándose un cuello de botella.

- ¿Puede expropiar el Estado un terreno si amerita una situación determinada?

Sí, efectivamente en las ciudades grandes se da esta problemática de los terrenos, o en localidades más chicas como Urdinarrain y Ceibas por ejemplo. Hay muchos predios pero inaccesibles para un barrio.

Creo que nos debemos un debate y estoy de acuerdo de que en la intervención no solamente esté el Estado, es un trabajo en conjunto y una política de Estado que iría -a mi modo de ver- más allá de los partidos que gobiernan. Hay zonas que debemos declarar de interés público.

- No se busca que un privado pierda pero que se tenga en cuenta que el Estado busca un terreno para viviendas sociales.

Por lo menos debemos declararlo de interés público. Significa que la tasación del terreno sería mucho más baja que los costos de hoy en día. Muchos de estos terrenos se ven revalorizados justamente porque han pasado los servicios de agua y cloaca que el mismo Estado los ha llevado para llevar a un barrio o a un lugar determinado.

Por otra parte, cabe aclarar que la Legislatura provincial es el órgano habilitado para proceder a una expropiación, siempre que sea por razón de utilidad pública.

En tanto, declarar de interés público un sector o zona de una ciudad, como en Gualeguaychú por ejemplo, es el Concejo Deliberante el organismo habilitado para hacerlo. “Indudablemente que los valores de una chacra bajan en un gran porcentaje. Solo hace falta una decisión, dar el paso en ese sentido”, acotó Aloy.