Polémica por la denuncia de ATE sobre fondos de la Ley 4035
La legisladora también preguntó “si cierto que en las estadísticas oficiales no se incluyen los aportes que realizan los empleados del Estado, lo que configuraría una estafa atento a que se realizan mensualmente los descuentos” y, en caso de que la pregunta anterior sea contestada afirmativamente, requirió saber “cuánto es el monto que se ha retenido a los empleados del Estado con destino a las pensiones de la Ley Nº 4035 y no se ha depositado en la cuenta correspondiente y desde cuándo no se realiza”.
“Si el Estado tiene cupo para otorgar pensiones tal como lo ha destacado el Director de Integración Comunitaria. ¿Porqué no se llega a cubrir el mismo?” inquirió en el artículo cuarto de su pedido de informes.
Y luego añadió: “Si el cupo es de 15.000 beneficiarios a razón de $ 300 mensuales, el costo total es de $ 54.000.000, con lo que la recaudación proyectada (con la nueva alícuota) da algo mas de $ 73,7 millones. ¿Por qué no se amplía el cupo o se aumentan las pensiones?”.
Finalmente, pidió conocer “cuál es el destino de los casi $ 20 millones excedentes, solamente en el ejercicio 2009, en caso de que el cálculo anterior sea correcto”.
En tanto, Daniel Elías expresó: “Los recursos de la 4035 son administrados directamente por la Administración Central, no son fondos provisionales”. El titular de la Caja hizo la distinción entre previsión social, que es el aporte de los trabajadores para atender su retiro, que está bajo su órbita, y seguridad social, que son las pensiones graciales sin aporte previo, con es el caso de la 4035, que obtiene sus recursos de los fondos que aportan trabajadores y empleadores, y que podrían definirse dentro del ámbito de la seguridad social.
“No manejamos ni la recaudación ni el pago de las prestaciones”, apuntó. La colecta de fondos se realiza a través de la Dirección General de Rentas y el beneficio se abona mes a mes en las comisarías. APF
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