Policías: Rechazan recursos por equiparación salarial

Pese al tiempo transcurrido desde los primeros reclamos, el Estado provincial sigue rechazando planteos de agentes policiales o penitenciarios que reclaman el pago de la diferencia salarial que surgiría de la equiparación de su remuneración con la de los agentes de igual rango y jerarquía de la Policía Federal Argentina, más el adicional por antigüedad por los períodos no prescriptos.Este pedido se asienta en lo dispuesto por el recordado Decreto N° 805 de 1989, que planteó ese igualamiento.El mayor número de recursos se registró en 2007, cuando se calculaba que eran 700 los agentes policiales que habían accionado en ese sentido.En los últimos días se publicaron los decretos 2526 y 2535 donde se rechaza la pretensión de los agentes Marina Ré y Víctor Colman, quienes fueron patrocinados por los abogados Miguel Cullen y Miguel Retamozo.El principal argumento del rechazo a la pretensión manifestada es que el decreto del 89 estableció, en su artículo quinto que el sistema aprobado era ad referéndum del Poder Legislativo, es decir que estaba sujeto a "aprobación", y que esa condición no fue cumplida durante los 20 años, siete meses y 26 días transcurridos desde la publicación del decreto.La conclusión que se impone es "que dicha norma no tiene vigencia, eficacia, ni fuerza ejecutoria, siendo por tanto inaplicable ya que no ha engendrado derechos subjetivos en sus destinatarios, ni tampoco obligaciones para el Estado Provincial", señalan los decretos antes mencionados.También se concluye, atento al tiempo transcurrido desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial y la inacción de quienes alegan ser titulares, "que aún con aplicación del plazo más benigno de todo el ordenamiento jurídico, se ha operado la prescripción de toda acción o reclamo vinculado a derecho sustantivo que pudiere haber nacido desde la publicación del Decreto N° 805/89, operándose la prescripción liberatoria de la obligación estatal".En octubre de 2007 el hoy fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que entonces asesoraba al Círculo de Retirados y Pensionados de la Policía de la Provincia de Entre Ríos opinaba que, en razón de la condición del artículo quinto, ese decreto nunca había entrado en vigencia. "Más aún, además de no entrar en vigencia, el Poder Ejecutivo provincial dictó una serie de leyes de presupuesto y decretos durante los últimos 18 años, que convalidaron otra política salarial respecto al personal de seguridad. En consecuencia, en mi opinión, los reclamos que se efectúen no prosperarán ni administrativa ni judicialmente", indicaba en la misiva. El Once Digital