Preocupación entre farmacéuticos locales ante la posible venta de medicamentos de manera online y en supermercados
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La posibilidad de que el Gobierno nacional avance con una desregulación que permita comercializar medicamentos de venta libre fuera de las farmacias volvió a generar preocupación en el sector farmacéutico, que advierte que la iniciativa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expone a la población a los riesgos sanitarios que implica quitar al farmacéutico de la cadena de atención.
El proyecto forma parte de un borrador de desregulación de más de 140 páginas que Sturzenegger prepara para enviar al Congreso en las próximas semanas, y que alcanza sectores tan distintos como el inmobiliario, el energético y el agroganadero. No es la primera vez que el Gobierno intenta abrir la venta de medicamentos fuera de las farmacias: ya lo había incluido en el DNU 70/2023, cuyo capítulo farmacéutico sigue judicialmente suspendido por un amparo de la Confederación Farmacéutica Argentina.
En Gualeguaychú, el farmacéutico Nelson Gómez analizó el alcance de la propuesta y aseguró que la preocupación del sector va mucho más allá de la posibilidad de que un analgésico pueda comprarse en un supermercado: “Esto no pasa porque el almacenero venda Actron o porque un supermercado tenga Sertal en la caja. El verdadero objetivo parece ser facilitar la venta de medicamentos a través de plataformas digitales”.
Según explicó, el documento que comenzó a circular en los últimos días forma parte de un amplio proyecto de desregulación impulsado por el Gobierno nacional, que alcanza distintos sectores de la economía y propone modificar o eliminar numerosas leyes para reducir requisitos regulatorios. Dentro de ese paquete aparece el sector farmacéutico.
Entre los cambios que se analizan figura la autorización para vender medicamentos de venta libre en cualquier comercio habilitado y la posibilidad de ampliar el despacho digital de medicamentos bajo receta mediante plataformas online. Además, el proyecto también busca flexibilizar las restricciones vigentes para la propiedad de farmacias, permitiendo que cualquier persona pueda ser titular de uno de estos establecimientos.
Para Gómez, el debate no debe centrarse únicamente en la cuestión comercial: “El problema es sanitario. La farmacia no es solamente un comercio donde se venden productos. Es uno de los primeros lugares donde la gente consulta cuando tiene un problema de salud”.
En ese sentido recordó que el farmacéutico constituye muchas veces el profesional sanitario más accesible para la población: “La gente entra a la farmacia sin turno, sin pedir una consulta y puede hablar directamente con un profesional. Muchas veces resolvemos dudas, orientamos o detectamos situaciones que requieren una consulta médica. Si desaparece ese contacto directo, el sistema pierde una herramienta muy importante de atención primaria”.
Otro de los puntos que más inquieta al sector es la posible pérdida del sistema de trazabilidad que actualmente tienen los medicamentos.
Gómez explicó que cada producto está controlado por profesionales farmacéuticos durante todo su recorrido: desde que sale del laboratorio, pasa por la droguería y finalmente llega a la farmacia antes de ser entregado al paciente: “Esa cadena permite saber siempre dónde estuvo el medicamento y actuar rápidamente si aparece algún inconveniente”.
Como ejemplo recordó un episodio ocurrido con un protector solar que debió retirarse del mercado por un problema de calidad: “Las farmacias recibimos inmediatamente la notificación y retiramos el producto de las góndolas. Sin embargo, en un supermercado donde también se vendía continuó ofreciéndose porque no formaban parte de ese circuito de control”.
A su entender, una situación similar con un medicamento podría representar un riesgo mucho mayor para la salud de quienes lo consumen.
Por otra parte, desde el sector también desmienten que la desregulación se presente como una herramienta para reducir precios: “Ya hubo intentos anteriores con ese argumento y la experiencia demuestra que no necesariamente los medicamentos terminan siendo más baratos”.
De todos modos, Gómez aclaró que, aun cuando el Congreso aprobara una ley nacional con esas características, en Entre Ríos todavía existiría una instancia más antes de que los cambios pudieran aplicarse, ya que la provincia cuenta con una legislación propia que regula la actividad farmacéutica y, al tratarse de una materia vinculada a la salud, conserva autonomía para decidir si adhiere o no a una eventual norma nacional: “Eso hoy nos da cierta tranquilidad, porque tenemos una ley provincial que protege este modelo sanitario. Pero el riesgo sigue existiendo. Si en algún momento Entre Ríos decide adherir, todo puede cambiar muy rápido”.
Por eso, aunque la iniciativa aún se encuentra en una etapa preliminar, los farmacéuticos siguen con atención su evolución. “Cuando hay intereses económicos muy grandes detrás de una reforma de este tipo, siempre existe el peligro de que se priorice el negocio por encima de la salud pública”, concluyó Gómez.
Mientras el debate comienza a instalarse nuevamente en la agenda nacional, el sector farmacéutico insiste en que la discusión no debería limitarse a dónde comprar un medicamento, sino al modelo de atención sanitaria que se busca construir y al rol que cumplen las farmacias como uno de los primeros eslabones del sistema de salud.

