En los últimos meses, en Gualeguaychú se dan de baja entre diez y doce pensiones no contributivas otorgadas por el gobierno nacional. Cerca de 2700 personas cuentan con certificado de discapacidad en la ciudad. La baja llega a las 12 asignaciones cada mes.Lo primero que hay que entender es que las pensiones no contributivas tienen como finalidad ayudar económicamente a personas o familias que no han aportado a la seguridad social durante su vida y que no tienen los medios para hacerlo. Es por eso que se considera un aporte "solidario" por parte del Estado. En la actualidad, quienes reciben este tipo de pensiones son los discapacitados, las madres con siete o más hijos, las personas de más de 70 años y los veteranos de Malvinas.En los últimos meses, los trámites por la baja de esta "ayuda" estatal se fueron incrementando en la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. "La asigna Desarrollo Social de la Nación y la paga Anses", explicó a ElDía Carlos Arellano, responsable del área de Integración y accesibilidad."La pensión asistencial no contributiva, como dice la palabra, es una asistencia para los hogares que no tienen otro ingreso. Desde Anses se argumenta (para hacer efectiva la baja) el déficit de este organismo y la necesidad de ordenar la cuestión presupuestaria. Lo que nosotros no compartimos es justamente esto: no se considera la situación de una persona o familia que no tiene otro ingreso o, si lo tiene, es mínimo", expresó el funcionario y se quejó: "quedan reducidos al cruzamiento de un sistema de datos".Según la letra de la Ley 18.910, quien recibe la pensión no debe tener, ni él ni su cónyuge, "ningún tipo de pensión ni jubilación". Suponiendo que todas las bajas están justificadas por la normativa vigente -hay casos en que no es así y ya hubo amparos judiciales por ello-, la situación no deja de ser cuestionable. Ya que existen muchos casos en que la asignación fue dada de baja porque el o la cónyuge cobra una jubilación mínima (actualmente en los 6377 pesos) o una pensión no contributiva (4900 pesos en promedio), mientras que la línea de pobreza, según las mediciones de marzo, se ubica en los 14.090 pesos."Una cosa es la ley, otra es el concepto político de asistencia. Puede ser legal algo que no es justo, como en este caso. Lo que hace Anses es el entrecruzamiento de datos, que muchas veces no tienen que ver con la realidad. Tengo presente el caso de una persona que recibe una pensión no contributiva. Hace 20 años tuvo una pareja e hijos, pero ahora formó una nueva familia y la incorporó a la nueva modalidad. Ahora bien, cuando la expareja recibe la jubilación, inmediatamente y sin previo aviso, deja de percibir la pensión", explicó Arellano al tiempo que cuestionó el hecho de que "se cruzan datos, números, sin tener en cuenta la situación real de cada persona, y lo peor de todo es que una vez que se da de baja el trámite para volver a generar el alta tarda al menos dos años".Desde el Municipio no tienen capacidad de resolución de estas situaciones. Su función se limita a acompañar a la persona y enviar cada legajo a Paraná, desde donde se remite al Ministerio de Desarrollo, en Buenos Aires, para que se evalúe cada caso particular, si la asignación corresponde o no.En Gualeguaychú hay alrededor de 2700 personas que cuentan con certificado de discapacidad, emitido por un médico. Y en los últimos meses su paso por la oficina de Desarrollo Social se ha incrementado, ya que ha crecido el número de pensiones no contributivas que se han dado de baja.La quita de este tipo de pensiones es particularmente preocupante si se considera, por ejemplo, que un discapacitado que deja de percibir 3900 pesos mensuales, se queda sin recursos para afrontar tratamientos o remedios de los que no puede prescindir."Hay casos en que la situación de la persona no cambio en nada. Ni se casó, ni se separó, ni tuvo un nuevo trabajo, pero la pensión se cae igual. En esos, como en el resto, nosotros avanzamos en el trámite burocrático, pero no podemos darle solución como nos gustaría. Esa familia pierde ese ingreso, sin previo aviso, y queda desamparada. La situación es alarmante, sobre todo si se tiene en cuenta el marco de inflación actual", indicó Arellano y cerró: "las cuentas no cierran, pero en vez de sacar recursos a los que más tienen, el gobierno elige amputar a los más pobres, a los que en definitiva ganan menos que todos".
