Presentaron en el Senado un plan integral para abordar la salud mental

Durante más de un año, la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos, un espacio integrado por distintas organizaciones sociales, equipos territoriales y profesionales del área, viene planteando una situación que se vuelve cada vez más difícil de ignorar: la provincia atraviesa una crisis profunda en materia de salud mental, con indicadores de consumo problemático en edades cada vez más tempranas, tasas elevadísimas de suicidio y una notable ausencia de políticas públicas coordinadas.

Este recorrido tuvo esta semana un punto de inflexión histórico. Por primera vez, representantes de estas organizaciones fueron recibidos en la Cámara de Senadores, donde expusieron el proyecto “Red Integral de los Cuidados de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial en Territorios Entrerrianos”, elaborado colectivamente y presentado formalmente con número de expediente. La licenciada Sandra Cislaghi (representante de la Mesa por la Salud Mental), en diálogo con Ahora ElDía, lo define como “un momento muy emotivo”, no solamente por los meses de trabajo detrás del proyecto, sino porque significó “poner a la salud mental en agenda desde las bases”.

Durante la reunión con las comisiones de Salud Pública y Drogadicción y de Legislación General, los referentes de la Mesa insistieron en un punto simbólico pero central: “¿Cómo queremos nombrar la salud mental en Entre Ríos?”. A quince años de la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental (que marcó el paso de un enfoque punitivo y estigmatizante hacia uno centrado en los derechos y la comunidad), la comisión legislativa provincial encargada del tema sigue llamándose “Salud Pública y Drogadicción”. Para las organizaciones, esa denominación revela una mirada que asocia a la salud mental con patologías y consumo, y no con bienestar, prevención y subjetividad.

“Lo que se nombra marca un recorrido y también marca políticas”, plantearon en la exposición. Desde ese punto, el proyecto reclama que el Poder Ejecutivo declare la emergencia durante dos años y destine recursos extraordinarios para enfrentar una situación que califican de “dramática”. Cislaghi lo resume con claridad: “No queremos llamar la atención con una palabra fuerte, queremos describir la realidad. La emergencia existe y es urgente actuar”.

La propuesta no se limita a la demanda coyuntural, sino que traza un horizonte de políticas estables y sostenibles. Entre algunos de sus puntos se encuentran:

-Creación de un Fondo Comunitario de la Salud Mental financiado, entre otras fuentes posibles, con un porcentaje de las utilidades de Iafas. El argumento es que una parte del juego compulsivo es también parte del problema, por lo que debe contribuir a las políticas de cuidado.

-Cumplimiento del 10% del presupuesto del Ministerio de Salud destinado por ley a Salud Mental, obligación que, según denuncian, no se cumple.

-Implementación de un Protocolo Único de Intervención, para ordenar las respuestas frente a crisis subjetivas, intentos de suicidio o situaciones de consumo. Evita decisiones arbitrarias y garantiza derivaciones claras.

-Creación de un Observatorio Provincial que produzca estadísticas confiables y específicas de Entre Ríos, algo inexistente hasta hoy.

-Red Provincial de Cuidados, integrando áreas del Estado, escuelas, organizaciones barriales y equipos de salud en un sistema de articulación permanente.

-Programa integral para infancias y adolescencias, que incluya acompañamiento continuo, atención a cuidadores y formación para docentes.

-Formación en salud mental en las currículas escolares y universitarias, entendida como un factor de protección transversal.

Cislaghi enfatizó un dato clave: “Es mucho más económico pensar en prevención que en asistencia. Sin embargo, se sigue actuando desde la urgencia aislada y no desde la planificación”.

La Mesa advirtió que Entre Ríos sostiene la tasa de suicidios más alta del país: 19,8 por cada 100.000 habitantes, el doble de la media nacional. En departamentos como Colón, los registros son todavía más críticos. Otros datos mencionados por la Licenciada refuerzan el diagnóstico: Inicio del consumo problemático a los 8 o 9 años, según equipos de acompañamiento territorial; 6 de cada 10 adolescentes entrerrianos presentan síntomas de ansiedad o depresión (Unicef); y de esos adolescentes, 49% no sabe a dónde acudir, y 19% cree que nadie puede ayudarlo.

Ante este panorama, las organizaciones señalaron que el Estado responde con lentitud o directamente no responde y afirmaron que ciertas posturas “suenan más a poner obstáculos que a construir consensos”.

No obstante, la Mesa por la Salud Mental logró consolidarse como un espacio respetado, incluso fuera de la provincia. Cislaghi contó que una actividad realizada junto a la Universidad de México reunió a más de 220 participantes de distintas instituciones, interesadas en el modelo de articulación comunitaria entrerriana.

Finalmente, llamó a no naturalizar el dolor: “Nos estamos acostumbrando a estar mal y pese a que el problema viene de hace años, la emergencia es hoy y hay que actuar para ponerle un freno. Si no hay salud mental, Entre Ríos no tiene futuro”.